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Lo que nos pasó a nosotros, como familia, como pequeños empresarios, tiene un concepto, tiene un nombre. Nosotros estamos de acuerdo con lo que la procuradora Gils Carbó ha definido como “normalidad fraguada”. Porque tenemos que pensar que se ha dado sistemáticamente en todos los casos de lesa humanidad. El sistema represivo durante la dictadura usó esta “normalidad” para cubrirse. Se inventaban causas que eran un disparate pero servían para justificar las detenciones.

A nosotros nos hicieron dos causas. Una por “monopolio de carne” en la provincia de Buenos Aires, cuando nosotros no aportábamos al mercado ni un 1 por ciento de las ventas. La otra fue por la adquisición de un campo en Santiago del Estero en 1974. Nunca tuvimos problemas, hasta que el 4 de noviembre de 1976, el mismo día que nos detienen, presentan una denuncia por falsificación de firma y anormalidades en los papeles. El mismo día. Utilizaron eso como justificación para detenernos.

Lo que nos pasó a nosotros deberíamos dejarlo de lado por un momento. Acá lo que tenemos que analizar es el tema de la patria, de la Constitución, de la democracia. Si entramos en esos temas entonces vamos a poder entender lo que pasó.

Dentro de los grandes aciertos de este gobierno está el “programa de verdad y justicia”, donde se brinda protección a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significó ese programa? Significó algo importantísimo: la gente empezó a ver una verdad que antes no era creíble. Y no era creíble porque algunos medios de comunicación se ocuparon de trastocar los conceptos, los fundamentos y las verdades. Cuando la opinión pública empezó a conocer, a través de los juicios, lo que hizo, por ejemplo, Pedro Raúl Telleldín en Córdoba, la dimensión de los tormentos a las víctimas, y pudimos visualizar lo que había hecho ese monstruo, cuando la gente se levantaba de la audiencia descompuesta de escuchar los relatos de los padecimientos, es porque se empezó a conocer la dimensión de lo que pasó.

En nuestro caso, este es el primer juicio en el país que intenta reparar a los empresarios. Y tuvo trascendencia porque, por ejemplo, Página/12 sacó una tapa con nuestra historia es porque impactó profundamente en la opinión pública.

Tenemos que decir que el fallo del Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 de La Plata es un fallo de la obediencia debida, y es por este tipo de cosas que hay que democratizar la justicia. Es la gente joven la que quiere que cambie este cuento de la familia judicial y el poder concentrado.

Los jueces han cambiado el espíritu del delito en la sentencia. Fundamentalmente cuando se los condena a los policías imputados por “vejaciones y severidades” y se desconoce el de “secuestro coactivo”, la figura que habían pedido las querellas y la fiscalía.

Nos preguntamos si llegarán las víctimas que venían después que nosotros. Porque entendemos que este fallo les va a generar dudas y temores. Este fallo tiene un efecto disuasivo para otros empresarios. Nosotros conocemos unos veinte empresarios que estaban dispuestos a ir a juicio después del precedente que creíamos iba a sentar nuestro juicio. Ahora no sé qué va a pasar.

Ayer por la mañana nos llamó un empresario de Entre Ríos y nos preguntó si con lo que había pasado valía la pena intentar el resarcimiento a través de un juicio. Cuando uno genera miedo hay varias formas de conseguirlo. El temor condiciona. La credibilidad que se había logrado desgraciadamente quedó mancillada por fallo.

Podemos ser estudiosos del Código Penal y de los procedimientos internacionales. Pero los jueces no vivieron los padecimientos de las víctimas y es difícil que lleguen a comprender la dimensión de nuestro dolor. Y si no logran comprender a quienes fueron damnificados no son buenos como jueces. Sabemos que hay otras instancias y que esto no termina acá. Seguiremos confiando y creyendo. Pero creemos que el objetivo de la Justicia, de aplicar las leyes, debe ser ponerse en la piel de las víctimas.