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Dentro de cuatro meses nada más, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cumple cuatro años de vigencia. Con excepción de tres artículos y un párrafo de un cuarto -judicializados por el Grupo Clarín-, los otros casi 162 artículos están plenamente vigentes para toda la radio y la televisión. Para los licenciatarios, productores, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, ilustradores, para todas y todos los que construyen día a día la comunicación audiovisual. Para las funcionarias y los funcionarios públicos que tienen que velar por su cumplimiento. Y para los oyentes y televidentes, en tanto sujetos de derecho y no partes de un punto de rating.

Sin embargo, al observar la cobertura periodística sobre el asesinato de Angeles, el nuevo paradigma de la comunicación democrática, en la perspectiva de los derechos humanos que propone la ley no parece tener la presencia tan declamada. Tal vez sea el momento más oportuno para preguntarse ¿cuánto impactó la LSCA en la tarea cotidiana de quienes trabajan en la radio y la televisión? ¿Cuántos artículos se transformaron en prácticas concretas, visibles, en las coberturas periodísticas de quienes minuto a minuto construyen noticias, construyen sentido?

La ley considera que la radio y la televisión son fundamentales para el desarrollo sociocultural de la Argentina. Que es necesario respetar la dignidad de las personas, sus derechos personalísimos. ¿Ocurrió eso cuando se señaló con nombre y apellido a algunas personas, como delincuentes concretos sólo para los acusadores mediáticos porque no lo son en sede judicial; o cuando se emitió en el horario de protección de niños, niñas y adolescentes la escena de una violación en tiempo real para ejemplificar una violación que las pericias demostraron que no había existido?

En la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual recibimos y canalizamos consultas, denuncias y reclamos de oyentes y televidentes y promovemos un debate permanente sobre la comunicación audiovisual. En ese sentido, estamos trabajando con Unicef y con la AFSCA en la elaboración de un cuadernillo para el abordaje responsable de noticias vinculadas con las niñas, los niños y los adolescentes, para tener siempre presente que son sujetos de derecho y tienen derecho a una vida privada, a la dignidad y a la integridad personal. Las chicas y los chicos no son futuras personas, son personas plenas hoy.

En cuanto a las noticias policiales, para evitar esa especie de “pulsión punitiva” que parece atrapar a la radio y a la televisión frente a casos resonantes, siempre es recomendable recordar la doctrina Campillay, de manera de atribuir la información que se da a una fuente concreta, omitir la identidad de las personas que se suponen implicadas y utilizar el tiempo verbal potencial al referirse a los hechos.

El sábado por la tarde, una periodista aseguraba “esto lo digo en potencial, el portero es el asesino”. Y el lunes, otro periodista, en otro canal, advertía que “como no tengo información, voy a opinar”. Los comunicadores y las comunicadoras tienen que tener muy presente que la comunicación audiovisual es de interés público y que tienen responsabilidad social cuando están frente a un micrófono. Que la información ya no es una mercancía, sino un derecho; que la radio y la televisión no son un negocio, sino un servicio. Que la vigencia del artículo tercero de la LSCA, en cuanto considera la participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de ideas, nos interpela y pregunta: ¿cómo se traduce todos los días, en mi actividad cotidiana, en tanto comunicador y comunicadora este nuevo paradigma? ¿De qué manera puedo contribuir a la construcción de esta nueva comunicación democrática, donde se exterioriza el derecho a la comunicación? Se trata de ser conscientes de que la radio y la televisión no son entelequias, sino que son servicios en los que se construye sentido, paso a paso, minuto a minuto, no para que unos pocos aumenten sus cuentas bancarias, sino para que la sociedad en su conjunto acceda a la información plural, diversa e inclusiva necesaria para seguir profundizando la democracia.