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Hay olor a show con la violencia. La de la patada, la verbal y la de la prepotencia. Show del bardo. Para que reviente, escupa y se disemine la mugre. Hay aroma a medida de fuerza arengada por la propia patronal y a análisis posterior contaminado con intereses particulares travestidos de problema general. Hay tufillo a avanzada reaccionaria. Hay vaho de reagrupamiento empresarial y político. Vean sino lo que ocurrió cuando Massot fue citado a los tribunales y el poder económico salió en su defensa.

La ascendida de la derecha y la reorganización del poder real tiene una paradoja, una contracara o precisamente un motivo: la puesta en público y la visibilización de cómo opera y operó el poder económico durante la última dictadura y el temor de que ciertos espacios del poder judicial y legislativo investiguen los niveles de responsabilidad de la pata civil del terrorismo del Estado uniformado. “No implica ubicar a las grandes firmas en un lugar diferente del que hoy ocupan, sino reconocerlas en el que siempre estuvieron”, analizó Héctor Recalde, cuando presentó su iniciativa legislativa para crear una comisión bicameral que identifique los vínculos entre el mundo económico y el genocidio.

El 5 de noviembre del año pasado, con el fallo de la Corte Suprema sobre la Constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún calentito, Clarín salió a la calle, una vez más, con toda la enjundia: “El Gobierno salió a exhibir documentos de la dictadura recién hallados”. Burlones, cancheros, querían mostrar cuán superiores eran ellos. “Las ´listas negras´ halladas incluían a 331 artistas e intelectuales –redactaron-. Hay información conocida. Clarín publicó en 1996 las listas negras de la ´Operación Claridad´”, publicaron. Lo que en la nota no contaron es que a esa información el diario, en su momento, la compró y lo que tampoco indicaron en el artículo fue a quién.

Una hoja, una actuación administrativa pueden ser inofensivas e intrascendentes partes de un expediente nimio e insustancial. O pueden ser piezas fundamentales de un rompecabezas. Un fragmento que adquiere dimensión en el contexto en que fue escrito. La porción que completa el todo.

Algunos de los 11773 volúmenes que se encontraron en el subsuelo del Edificio Cóndor incluyen “versiones taquigráficas de la Comisión Asesora Legislativa -que reemplazaba al clausurado Congreso- de las reuniones de las Juntas con los directores de diferentes empresas”, explicó Stella Segado, la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y la persona encargada de procesar toda la información hallada; alguien que ha dedicado gran parte de su vida a bucear entre documentos que parecen no decir nada y hacerlos hablar.

Los papeles son sólo eso: pliegos, escritos, notas. No molestan en sí por lo que dicen sino cuando hay ojo y cabeza entrenada para querer y saber leerlos. Y la cosa se pone buena cuando alguien los hace hablar.

“Lo novedoso e inédito es la unidad de conjunto que permite por primera vez tener el registro burocrático de lo que fue el marco político”, dijo Segado. “El material revela la subordinación militar a las corporaciones. En un noventa por ciento están ligados a cuestiones económicas. Un ejemplo de ello es que en los primeros seis meses de gobierno de facto, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz no hace más que dar exenciones al agro. Desde el `76, se les decía ´bueno, sin retenciones´ y cuando les dijeron `ya está, fueron 20 años de privilegio´ ¿qué pasó? surgió el conflicto, el llamado conflicto ´con el campo¨”.

Hay vaho de reagrupamiento empresarial y político. Porque no pueden permitirle a los papeles, rol probatorio; porque no pueden permitirse que el Poder Judicial los tome e investigue; porque no pueden aceptar que si se despliegan todas esas hojas vamos a ver el film de inicio a fin.

El martes 8 de abril, la Unidad Fiscal de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos allanó las oficinas comerciales y el archivo del diario La Nueva Provincia. José Nebbia y Miguel Palazzani buscaban más pruebas de las que ya poseen para demostrar la sociedad entre Vicente Gonzalo María Massot y los uniformes del terrorismo de Estado. Secuestraron legajos, recortes periodísticos, fotografías, liquidaciones, materiales sobre el período 1974-1983, parte de la colección del diario, archivo administrativo y periodístico y material de las oficinas de la dirección.

La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas expresó su "profunda preocupación" por la causa judicial que enfrenta. "Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación procesal en que se pretende involucrar al académico Massot sobre la base de instrucciones dogmáticas o ideológicas. Manifestamos nuestra solidaridad con el doctor Massot, de indudable trayectoria personal, científica y moral”, dijeron en su comunicado, al que se atrevieron a estampar su firma el ex funcionario de la dictadura y presidente de la entidad Manuel Solanet, su vicepresidente, el independiente librepensador Santiago Kovadloff  y el apenas simple periodista José Claudio Escribano, ex guía ideológico de un diario sin intereses como La Nación.

ADEPA, esa entidad que nuclea a los dueños de medios gráficos, dijo –para variar- que el allanamiento “compromete garantías constitucionales” y que se “trató de un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra medios independientes y que se concretó a instancias de dos fiscales ad hoc”. Claro, no advirtieron que la medida había sido dispuesta –como sólo puede ser para que se lleve adelante sin que se convierta en un acto ilegal- por un juez, el interviniente en la causa, Alvaro Coleffi, ni que esos llamados ahora “fiscales ad hoc” y presentados en las páginas del diario bahiense como enemigos de la Argentina están tranquilos porque consideran que “hay suficiente prueba para detener, procesar y llevar a juicio a Massot”. Se ve que tan perdidos estos dos miembros del Ministerio Público no andan porque lo que inicialmente pareció una visita de un miembro de la alta sociedad a los Palacios de Tribunales se transformó en indagatoria y en prohibición de salida del país.

La acusación es inédita, pero más extraordinario aún es que la causa no quedó en la denuncia de un par de fiscales sin brújula,  sino que avanza. Por un lado, se trata de probar el nivel de responsabilidad de los directivos de La Nueva Provincia en la desaparición de dos de sus obreros gráficos con amplia labor sindical durante los comienzos de la dictadura: Enrique Heindrich y Miguel Angel Loyola. Pero por el otro, se intenta demostrar que la acción psicológica es una faceta del fenómeno criminal del genocidio. Aquí lo extraordinario. Por eso el olor a show, el vaho de reagrupamiento empresarial y político.

No hay muchos antecedentes, pero ya en el mundo ha habido un par de experiencias: dos tribunales internacionales condenaron a dueños de diarios por su participación desde la prensa en operaciones necesarias para la concreción, en un caso, del genocidio en la Alemania Nazi, y en el otro, el de Ruanda. Se trata del diario Der Strumer juzgado en Nuremberg y condenado por su “labor de propaganda del régimen genocida” y de la revista Kangura, cuya propietaria fue condenada instigación directa y pública a cometer genocidio, promover el odio y manipular la conciencia de los lectores.

Abel Córdoba, el primer fiscal que se le animó a Massot, dijo: “el juzgamiento que está en desarrollo es algo más que una acción particular e incluso excede lo que suelen ser los juicios orales en que se juzga un centro clandestino. Estamos juzgando una época, la más oscura que hubo, a partir de conductas que fueron constantes durante toda la dictadura militar”.

Los papeles son sólo eso: pliegos, escritos, notas. No molestan en sí por lo que dicen sino cuando hay ojo y cabeza entrenada para querer y saber leerlos. La cosa se pone buena cuando alguien los hace hablar.