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La Ley 26842 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas define Trata de Personas como un delito en el cual se reconocen tres elementos fundamentales: las acciones, que comprende la captación (ganar la voluntad de alguien, reclutar o utilizar artimañas para convencer de algo a otra persona), el traslado, que significa la migración de la persona de un territorio a otro y la acogida o recepción de las mismas en los lugares de explotación. Los medios, que son mecanismos a través de los cuales se llevan adelante las acciones (engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad o de poder, etc.). Y por último los fines, que son la explotación con fines sexuales o laborales, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud y la extracción ilícita de órganos.

Desde el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata se lleva adelante una tarea que comenzó en el año 2008, luego de la sanción de la Ley 26364 , teniendo como función principal la identificación, protección y asistencia de las víctimas desde el momento en que son rescatadas de las redes criminales. A raíz del trabajo realizado se han rescatado un total de 4757 víctimas hasta el 30 de abril de 2013.

Las organizaciones delictivas han ido mutando sus formas de operar. Debido a la fuerte presencia estatal en la lucha contra la trata de personas se han visto obligados a cambiar sus modus operandi, a los fines de contar con menos elementos constitutivos del delito en el momento de ser juzgados, motivo por el cual es necesaria una constante y permanente capacitación sobre la temática.

El Programa varía en forma continua su modo de intervención con las víctimas y especialmente de comprensión acerca de sus reacciones frente a los miembros de una organización criminal, los que son percibidos en ciertos casos como “jefes” o “patrones”, tal como sucede en una situación laboral en la que media un acuerdo entre partes.

Una de las nuevas formas que ha tomado la trata con fines de explotación laboral, se vio reflejada en casos detectados de víctimas explotadas en la actividad de “venta ambulante”.

El imaginario social asocia precipitadamente la situación de trata con “prostitución”, y se cree que una víctima es una persona “privada de su libertad ambulatoria”, “encadenada” o “encerrada bajo llave”, no obstante cabe preguntarse qué sucede en los casos en que las víctimas ingresan y egresan del lugar de explotación en forma permanente. Dicho imaginario impediría considerar como una víctima a quienes se encuentran en situación de libertad ambulatoria, ya que la misma podría solicitar ayuda cada vez que sale a la vía pública para realizar su “trabajo”.

Este es el punto en el que voy a detenerme: no todas las víctimas de trata de personas se encuentran privadas de su libertad ambulatoria, pero en todos los casos su libertad se encuentra cabalmente condicionada por la situación que viven en el país en el que se encuentran siendo explotadas, al que llegaron engañadas, con una promesa de trabajo digno en condiciones económicas que nunca se corresponden con las esperadas. A esta situación se le debe añadir la distancia respecto de su país de origen, la ruptura con sus vínculos sociales, la carencia de dinero, la situación migratoria (que es irregular en la mayoría de los casos), y la situación de vulnerabilidad en la que previamente se hallaban en sus lugares de origen, la que se agrava debido a los contextos descriptos anteriormente.

En muchos casos una persona que no ha tenido acceso a la educación, a la salud y a la justicia, desconoce sus derechos básicos como ciudadano/a, por lo que le resulta muy dificultoso acceder a un organismo donde poder radicar una denuncia, relatar la situación vivida y especialmente reconocerse como víctima. Si a esta configuración le añadimos el desconocimiento de la región en la que se encuentra, y el modo en que funcionan las autoridades en un país diferente al propio, concluimos que se encuentran en un círculo de encierro, donde claramente podemos visualizar la privación de libertad característica de una víctima de trata de personas.