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Causas que se superponen y denuncias que van por distintos juzgados: cuando el drama a resolver es de violencia familiar, la burocratización en la justicia pone en peligro la vida de las víctimas. A partir de ahora los fiscales que reciban denuncias enmarcada como violencia familiar, deberán primero consultar al Servicio Informático del Ministerio Público (SIMP) para rastrear otras investigaciones que puedan existir sobre el mismo imputado. A partir de esa búsqueda y frente a la situación de varias actuaciones, deberán remitir a la fiscalía que primero previno, para que sea ese único fiscal quien tramite la investigación de una misma problemática. Eso no implica que el fiscal no pueda tomar en la mayor brevedad, medidas de protección.

Es que luego de casos emblemáticos de violencia contra las mujeres era necesaria una resolución que pautara la actuación de fiscales en materia de violencia de género en la provincia. Por eso el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, junto con otras organizaciones como el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) reclamaron a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia provincial que se avanzara en una resolución de ese tipo.

Desde el OVG se presentó a la Procuración General un documento donde se relevaron los problemas de articulación entre la justicia penal y la justicia de familia, entre la justicia y las fuerzas de seguridad, y las dificultades para acceder al patrocinio jurídico de las víctimas. Mientras las mujeres iniciaban distintas causas por violencia, los fueros judiciales investigaban de manera desarticulada, generando una sobrecarga en la propia víctima (proveer de pruebas y testigos a sus dichos en distintas denuncias judiciales contra el mismo agresor) y una situación de impunidad para el victimario.

A partir de esta Resolución la Procuradora General expresa la necesidad de que la respuesta judicial debe ser unificada. Compartimos ese criterio y alentamos a que se utilice para el tratamiento integral de todos los aspectos que hacen a la investigación de casos de violencia de género en las relaciones intrafamiliares.

Resulta necesario –señala la Resolución– establecer la conexidad de las investigaciones para obtener mayor eficiencia tanto en la persecución del agresor, como en la protección de la víctima. Desde este OVG señalamos la importancia de esta articulación para dar cuenta del contexto de violencia de género en que se enmarca cada hecho denunciado y cada investigación penal iniciada. Así es posible evidenciar la recurrencia de los hechos, y permite reducir la carga probatoria respecto de todos los hechos sobre los cuales se está investigando.

En varias partes del documento se menciona que la conexidad se produciría aun encontrándose archivadas las causas y solicitando inclusive su desarchivo, sin que ello implique necesariamente la reapertura de la investigación. Con esto la resolución se apoya en otro núcleo problemático que fue detectado por este OVG: la excesiva cantidad de archivos referidos a causas enmarcadas como violencia familiar.

A nuestro entender, es importante avanzar en el dictado de resoluciones que limiten el archivo y promuevan guías de actuación específicas para la investigación de casos de violencia de género intrafamiliar. Y que contribuyan, también, en la búsqueda de elementos de prueba que no se reduzcan a lo que la propia víctima puede aportar. Además, la Procuración General indica en su Resolución la necesidad de que los Fiscales Generales promuevan en cada Departamento Judicial la conformación de fiscalías temáticas sobre violencia de género.

A pesar de ser oportunamente señalado por este OVG, la Resolución no avanza en la disposición de conformar defensorías que asistan a las víctimas a fin de que las mujeres cuenten con patrocinio especializado y gratuito.
Uno de los puntos problemáticos señalados por este Observatorio remarcaba la necesidad de que desde el ámbito penal se dispongan medidas coordinadas de protección, propias del ámbito penal, y discrecionales del Ministerio Publico (rondines, custodias, etc.). La articulación del Poder Judicial con el Ministerio de Seguridad provincial es un ámbito en que es necesario avanzar para garantizar medidas de protección efectivas para las víctimas.