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Rodolfo Walsh decía que la información está en los diarios y solo es cuestión de saber leerlos. Pocas veces fue tan exacto como la semana pasada. El 17 de agosto, el diario La Nación daba amplia cobertura a un informe de la Fundación Libertad y Progreso: “Caen el consumo y el empleo”. En paralelo anunciaba que el 19 y 20 de agosto la Fundación Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia realizaría un “Foro Buenos Aires por la Justicia, la Libertad y la Concordia”.

Ambas noticias estaban relacionadas, no solo por el uso descontextuado de la palabra libertad, sino por estar vinculadas a miembros de una misma familia (los hermanos Alberto y Manuel Solanet), y tener un objetivo común: reivindicar personajes y políticas del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

El foro tenía entre sus principales expositores a Vicente Massot, director de La Nueva Provincia, fiscalmente acusado de la desaparición de los delegados Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de realizar acción psicológica en el marco de un plan de exterminio con alcance nacional. Lo acompañaban, Alberto Rodríguez Varela, Ministro de Justicia de la dictadura cívico-militar en la provincia de Buenos Aires y Ricardo Saint Jean, hijo de Ibérico, general de triste memoria.

El panel en que intervenían se titulaba “El orden jurídico y sus manipulaciones. Los derechos humanos como instrumento político-ideológico. Violaciones a la justicia y a la legalidad bajo la bandera de los derechos humanos”. Sus conclusiones fueron dignas de los expositores. Alberto Sonalet denunció una “planificación sistemática de destrucción el orden familiar, jurídico y económico”. Las denominó “reformas contra natura”.

Fue muy preciso sobre los conceptos a utilizar. “Acá no vamos a hablar de la palabra represores”. “Dictadura es un gobierno que no ha sido elegido por las urnas y puede ser bueno o malo”. Tampoco usar el término “genocida” por ser “una visión sesgada”. Los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad son “presos políticos”. Sin embargo el mayor éxito de esta neo-lingua correspondió a Ricardo Saint Jean: “Somos víctimas”, “somos los judíos de Alemania”.

Parecería la patética descripción de un parque jurásico de nostálgicos de la dictadura. Esta mirada cambia si los vinculamos con la Fundación Libertad y Progreso e identificamos a algunos de sus dirigentes: Manuel Solanet, secretario de Hacienda de Galtieri; José María Dagnino Pastore, ministro de Economía de Ongania y Bignone; y Ricardo López Murphy, Ministro de Economía de Fernando De La Rua.

Su propuesta se expone en “Un Programa Económico Necesario para la Argentina”. Breve decálogo:

-Reformas que logren la independencia del Poder Judicial

-Reforma laboral que privilegie los acuerdos de empresa, por sobre las paritarias

-Reducción gradual de los derechos de exportación hasta su completa supresión

-Revisión de los planes sociales, manteniendo únicamente los relacionados con necesidades imperiosas

-Supresión de control de cambios

-Supresión de todo control de precios

-Arreglo y pago de sentencias con tribunales del exterior, incluido holdouts

-Reprivatización de empresas estatizadas

-Finalización de la alianza política con el eje bolivariano

-Hacer efectivo al Estado de Derecho sobre el falso postulado de que no se debe criminalizar la protesta social

No se trata de un grupo técnico de economistas ultra-ortodoxos. Pertenecen a él opinólogos como Marcos Aguinis. Su presidente, Agustín Etchebarne, es asesor de Argentina Ciudadana, la fundación de Sergio Bergman. Su responsable de comunicaciones, Cecilia Olive, fue vinculada a la organización de los cacerolazos del 2012, cuando soñaban con un Tea Party local.

Los abogados defensores de genocidas encajan perfectamente con estos economistas. No es casual, estas dos fundaciones son realmente nodos en la red de construcción de sentido del orden disciplinante liberal – conservador. Los mismos actores, los mismos planes, los mismos objetivos. Se busca, una vez más, retroceder las agujas del reloj en contra de las conquistas populares.