El periodista y abogado, querellante en Campo de Mayo, destacó que los jueces del tribunal de San Martín hayan decidido enviar a cárcel común al ex militar Santiago Riveros, que tiene 90 años. Y cuenta el sabor amargo que dejaron los bajos montos de la penas a los otros dos acusados.
La mayor lección del fallo del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín (Juicio Campo de Mayo VIII) es que los genocidas no deben ser considerados "nobles ancianos" que merecen cumplir sus condenas en sus lujosas casas quintas o pisos residenciales del barrio de Belgrano, sino que deben tener el tratamiento igualitario que todos los presos llevan encima. Cárcel común.
Santiago Omar Riveros, de 90 años, el genocida de mayor edad en la Argentina y seguramente uno de los más viejos en el mundo, ha sido enviado nuevamente a la cárcel de Ezeiza para que pueda reflexionar en el Hospital Penitenciario de dicha Unidad, y resolver, entre otras cosas, su confesión. Riveros le debe varias rendiciones de cuentas al pueblo: entre otra, confesar y contarles a los jueces, a la sociedad y a los familiares cuál ha sido el destino de cada una de las víctimas del exterminio en Campo de Mayo.
Este represor, a quien vi el año pasado decir, muy suelto de cuerpo en una audiencia ante la jueza contencioso administrativo Martina Forns que pensaba vivir 120 años, fue el dueño de la vida y la muerte de más de 5.000 compañeras/os en la zona Norte del Gran Buenos Aires.
Aquellas expresiones fueron todo un desafío a la justicia civil que él aborrece. Conocedor de las dubitaciones de muchos jueces sobre el cumplimiento de condenas en cárcel común, Riveros había dicho lo que dijo convencido de que nadie lo iba a sacar de sus tardes de whisky, televisor en el living y conversaciones amables con sus familiares y camaradas de la represión que aún lo llaman "mi general". En ese ambiente transcurría la vida de uno de los llamados "Halcones" de la dictadura.
Sus 90 años, que quizás obliguen a la reflexión y a la respuesta a muchos que, de buena fe, consideran que los mayores de 70 no deben estar tras las rejas, merecen también la otra mirada.
La impunidad, el encubrimiento y la desfachatez, son tres rostros de quienes se burlan de los pueblos, de las Madres y de las Abuelas, de la Justica, de la democracia, de la humanidad. Riveros está muy bien de salud y entonces invocar una mera cuestión de cumpleaños no encuentra principios donde apoyarse en el Derecho Penal y que justifiquen su prisión domiciliaria.
Al menos hasta que discutamos seriamente si las prisiones y el encierro tienen un fin o no, cumplen un fin o no, las sociedades no han encontrado otras maneras para el cumplimiento de las penas. Por ello Riveros y sus 90 años, pero con un físico privilegiado, no pueden encontrar "refugio de contemplaciones" en el humanismo de los jueces que -en cambio- no tienen las mismas consideraciones para presos pobres.
Los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina son un ejemplo para todo el mundo. Nos están mirando de otros continentes para ver cómo se hace para juzgar a los autores y partícipes de crímenes que parecían perfectos (sin restos, sin huellas, en la oscuridad). Aquí tenemos otro tema lanzado al debate y con derivaciones a otros países. cada tanto, lo sabemos, un genocida de casi 100 años, fugitivo y nazi, es apresado en alguna montaña europea. ¿ A dónde deben mandarlo? ¿A su casa o a la cárcel?
Lo resuelto con Riveros servirá también para que se escriban artículos, notas, consideraciones, alrededor del abolicionismo de las prisiones o del castigo. Interesante discusión que deberíamos profundizar en nuestras facultades, en nuestros observatorios, pero por sobre todo en los medios de comunicación para que el debate se generalice.
Por otra parte, la condena del miércoles pasado (Riveros a 25 años de prisión, el prefecto Servando Ortega a 9 años y el comisario Meneghini a 6 años) representa el primer fallo respecto de las víctimas de tres partidos del Gran Buenos Aires. Zárate, Campana y Escobar.
Después de diez años de reapertura de las causas, que se dicte un veredicto sobre la barbarie ocurrida en aquella zona no es un dato menor. Zárate y Campana fueron ciudades muy golpeadas por el terrorismo de estado que estableció ayer todas sus variantes. Marinos, prefectos, militares del Ejército, policías provinciales, policías federales, servicios de Inteligencia. Todos juntos para reprimir centralmente a los activistas sindicales que desde los años 60 llevaban adelante una lucha por las reivindicaciones laborales.
Por ello los actos de los sindicatos, de los organismos de Derechos Humanos y de sectores populares en la noche del miércoles, reflejaron la mínima reparación que se ha sentido por la sentencia.
El gusto amargo que dejó en los momentos iniciales de la lectura el bajo monto de la pena a Meneghini y Ortega, resultó de alguna manera equilibrado con otros punto sdel veredicto, como la consideración del tribunal para que los juzgados de Instrucción no eludan a los delitos de índole sexual como delitos de lesa humanidad, ni a los abandonos de menores.
Falta mucho por hacer en el Juzgado de Instrucción de San Martín para que todos los hechos ocurridos en la zona IV (Campo de Mayo) lleguen a juicio oral. Y son miles los represores que aún están sueltos. Este fallo, además de la ejemplar resolución sobre Riveros, contiene un llamado de atención al gran problema que los juicios por lesa humanidad tienen en nuestro país: la fragmentación y la lentitud.
Ojalá que el mensaje llegue, donde debe llegar.