Infojus Noticias

La Cámara Federal de Casación Penal le negó la probation a una mujer presuntamente responsable del delito de trata de personas. Alicia Muñoz Muriche está acusada de reclutar mujeres para emplearlas en el ejercicio de la prostitución. La mujer había pedido la suspensión del juicio a prueba, pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy se la negó en razón de la gravedad del delito de que estaba acusada.

La presunta proxeneta fue detenida en Santiago del Estero cuando engañaba a una mujer con una oferta laboral. La propuesta era para trabajar en una fábrica de trapos de piso y franelas en la provincia de Tierra del Fuego a cambio de cuatro mil pesos mensuales. Muñoz se acercó a la víctima en la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy y le propuso el empleo durante tres meses, con alojamiento y comida garantizados –descontados de su primer sueldo-. Se mantuvieron comunicadas por teléfono hasta que la mujer aceptó la propuesta y se trasladó hasta Santiago del Estero, donde se encontrarían para ir juntas hasta Tierra del Fuego.

Al llegar a Santiago, en abril de 2010, la mujer fue detenida por la policía provincial, cuando se encontraba en una esquina reclutando a otras mujeres. Allí comenzó el proceso judicial, hasta que en marzo de 2010 su abogado defensor solicitó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, conocido como “probation”. En virtud de la gravedad del delito, que prevé penas de entre cuatro y ocho años de prisión, el tribunal jujeño se la negó. La apelación en Casación se resolvió el veinte de diciembre pasado, y sumó argumentos a la negativa.

Además de este proceso por el delito de trata de personas, que de por sí configura un delito grave (con una pena superior a los tres años de prisión), Muñoz es investigada por un hecho nuevo de similares características, según se desprende de la información que la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas aportó a la causa. Por esta información, y el compromiso de Argentina en la lucha contra la violencia de género, el fiscal general ante la Cámara, Javier De Luca, dictaminó que no debía concederse la probation a la acusada.

Argentina suscribió en 1994 la Convención de Belem do Pará y la incluyó en su legislación con la sanción de la ley 24.632 en abril de 1996: se trata de la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”. A partir de la legislación nacional, los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación – Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos- concluyeron que el Estado argentino asumió el compromiso internacional de prevenir, investigar y sancionar la violencia dirigida contra la mujer, en razón del género.

Los magistrados consideraron que “la concesión de la suspensión del juicio a prueba resulta improcedente” en casos como el de Muñoz Muriche. Gemignani y Borinsky consideraron que la gravedad y las circunstancias en las que acaeció el delito “reclaman la realización de un debate oral y público a fin de que tanto los familiares de la víctima como la sociedad puedan conocer y entender los verdaderos motivos por los que se desencadenó el hecho, como también el grado de responsabilidad que le cupo al imputado”.