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La Justicia salteña declaró la “nulidad absoluta” de una causa que se abrió contra una mujer por aborto porque se autoincriminó para poder ser atendida en el hospital. El fiscal de la causa instó la investigación contra la mujer luego de que el médico la denunciara. El juez consideró que se violó su derecho a la intimidad y la mujer se encontraba amparada por el secreto profesional.

La mujer, identificada en la causa con sus iniciales N.N.L., fue al hospital después de realizarse un aborto porque necesitaba atención médica para salvar su vida. El médico que la atendió la denunció ante la justicia. El fiscal penal de Cerrillos, Federico Gabriel Portal, abrió una investigación en su contra por aborto. Un delito con penas que van de uno a cuatro años de prisión.  

El juez interino de Garantías de Primera Nominación de Salta, Pablo Arancibia, hizo lugar al pedido de la defensa oficial de la mujer, realizada por Marcela Robles, que pidió la nulidad de la denuncia porque se violaron varios principios constitucionales. “La autoincriminación de los imputados, la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos que es la prohibición de obligar a declarar contra sí mismo en causa penal e impide la investigación del hecho en estos casos”, argumentó Robles.

Arancibia coincidió con la defensa y declaró la “nulidad absoluta” de la denuncia contra la mujer porque entendió que la forma en que el fiscal se enteró del aborto (la denuncia del médico) fue hecha violando la “obligación de guardar secreto profesional” por parte del médico y la intimidad de la mujer. “La imputada se vio compelida a solicitar ayuda médica a riesgo de revelar la comisión de un ilícito, pero con la finalidad de salvar su vida”, explicó el juez.

“Cuando se encuentra en juego un valor tan supremo como es la vida y consecuentemente dignidad de la persona, resulta inconcebible que el Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales, como sería aprovecharse del inminente peligro de muerte que pesa sobre el imputado que acude a requerir atención hospitalaria”, dice la sentencia de Arancibia recordando otra similar.

También recordó que la Corte Suprema de Justicia reafirmó el fallo plenario “Natividad Frías” donde se disponía el sobreseimiento de una mujer que habiendo practicado el aborto concurría a un centro de salud a fin de atenderse de alguna secuela.

Un proyecto en marcha

Ayer, diputados nacionales de diferentes bloques parlamentarios manifestaron su respaldo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo elaborado por más de 300 organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Se trata de una iniciativa impulsada por esa organización desde 2007 y que cuenta con el respaldo de más de 60 diputados, que volvió a ingresar al Congreso de la Nación. El Frente Renovador de Sergio Massa que no asistió al encuentro ni adhirió al proyecto hasta el momento.

Una de las diputadas que encabezó la presentación del proyecto fue Adela Segarra (Frente para la Victoria), quien destacó que se trata de una iniciativa "transversal que atraviesa a todos los bloques parlamentarios" ya que "es un tema central y estratégico de salud pública".

El proyecto despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación o si se trata de un embarazo con malformaciones fetales graves, el plazo se extiende.