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“Lo que se pretende castigar con esta condena es la acción de los trabajadores petroleros y de la construcción en el petróleo, y no la acción individual de los imputados (…) enfrentan la gravísima pena de perpetua no por ser culpables de delito alguno sino por la pretensión de aleccionarlos previendo futuras luchas y la histórica metodología del piquete utilizada en la región”. Con esta línea argumental fundó su apelación la abogada de Ramón Inocencio Cortés, uno de los condenados por el asesinato del policía Jorge Sayago, en febrero de 2006 en medio de un conflicto por salarios en Las Heras.

En el escrito que presentó el miércoles ante la justicia de Santa Cruz, Claudia Ferrero explicó que la intención de la sentencia puede deducirse de las palabras utilizadas por los propios jueces del Tribunal Oral de Caleta Olivia. Y pidió la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que agrava las penas ante el homicidio de un miembro de una fuerza de seguridad, introducido por la polémica ley 25.601, sancionada durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Ahora el destino de los llamados petroleros de Las Heras, por cuya absolución está en marcha una campaña nacional, quedó en manos del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz.

 El 12 de diciembre fueron condenados 10 de los 13 acusados por la muerte del oficial, ocurrida durante la represión a la pueblada que exigía la liberación de Mario Navarro, vocero de los petroleros que a fines de 2005 hacían huelgas y piquetes contra la aplicación del impuesto a las ganancias sobre sus sueldos y por el encuadre sindical (los de la construcción ganaban menos por estar en la Uocra). “No es manera de reclamar recurrir a la violencia, sitiar una ciudad y ante el arresto de una persona atacar un edificio público y al personal policial”, dijo el juez Humberto Monelos en su voto.

“El juzgador considera que se debe penar la actitud de los trabajadores en huelga y legitima así la detención de Navarro, que luego no fue acusado de delito alguno”, replicó la abogada Ferrero, que junto a Rosa Razuri, Alberto Luciani y Andrea Forgueras pretenden la anulación de las condenas y la absolución de sus defendidos. 

Ferrero planteó la falta de imparcialidad del juez Monelos porque según su propio fallo evidencia una “concepción ideológica por la cual todo el reclamo llevado adelante era ilegítimo”. Por lo tanto, se pregunta la letrada, ”¿se pretende penar la participación de los acusados en un homicidio o atribuir a éstos una culpabilidad inexistente para castigar una acción social de un sector que el juzgador reputa ilegítima?”. De hecho, ese magistrado tomó posición sobre el impuesto a las ganancias y el encuadre sindical. Por eso Ferrero se responde: “No se condena aquí los delitos que pudieron haber surgido en el marco de una manifestación sino la manifestación social en sí misma”.

En el caso de Cortés, la defensa dice que fue condenado en base a “un solo testimonio de dudosa veracidad”, por haber admitido que su celular estaba cerca de los hechos y por haber festejado durante la manifestación frente a la alcaidía, “lo cual era el festejo por la libertad de Navarro, y no del asesinato del oficial Sayago”. A modo de síntesis, Ferrero explicó que el recurso presentado denuncia "la arbitrariedad de la sentencia, la utilización de pruebas nulas --por ejemplo, testimonios que no fueron refrendados en el juicio porque fueron efectuados durante la instrucción bajo apremios de las fuerzas de seguridad--, el encubrimiento de graves irregularidades (prueba como cascos y videos que desaparecieron), la nula acreditación de la participación de los condenados; y, finalmente,  la omisión de los jueces sobre el pedido de que se inicie una causa penal contra el fiscal (Ariel Candia), que en su alegato expresó ´que dos cachetadas y una capucha no influyen en un testimonio´, admitiendo y validando de ese modo la existencia de torturas".

Antes de partir hacia Río Gallegos, la abogada dijo que “el fallo (de casi 300 fojas) condena por un homicidio sin establecer cómo fue ese homicidio, y eso no se va a saber nunca. Sin embargo hay cuatro condenados a perpetua. Como uno era menor de 18 años en el momento del hecho la condena está en suspenso. Luego, recibieron coacción agravada los que fueron a hacer un petición por sus compañeros, extendiendo el tipo penal a como es utilizado en la Ley Antiterrorista. Vamos a llevar las distintas cartas de adhesiones. Pero el impulso más grande para revisar esta condena es la movilización de los trabajadores para demostrar que no están dispuestos a ser aleccionados por el Código Penal”.

No todos los sentenciados en el juicio por el crimen del policía Sayago son trabajadores petroleros. Ramón Cortés --el hombre menudo que habló en la marcha del 20 de diciembre y esta semana en la conferencia de prensa en el Congreso convocada por el comité por la absolución y el diputado Nicolás del Caño (PTS-FIT)— tiene 38 años, cinco hijos y es empleado municipal. “Por haber salido a luchar sufrimos torturas y amenazas a nuestras familias, nos quieren meter presos de por vida, nos quisieron quebrar pero no estamos de rodillas ni ante jueces ni ante gobiernos”, dijo Cortés, y agradeció las numerosas firmas del petitorio por la absolución, algunas provenientes del exterior. Otro de los sentenciados a perpetua es Hugo Humberto González, que nació en Esquel, tiene 45 años, tres hijos y trabaja en Oedsur desde 1997. El tercero con perpetua es José Enrique “el Pelado” Rosales, que tiene 38 años y trabaja en la empresa Indus, contratista de YPF.

Darío Victor Catrihuala tiene 30 años, trabaja en una empresa petrolera, en la parte de Medio Ambiente. Le dieron cinco años por lesiones graves. Los demás recibieron cinco años por coacción agravada: Pablo Daniel Mansilla, de 36 años, nació en Comodoro Rivadavia y es supervisor en Indus. Su hermano Carlos Mansilla, de 47, tiene tres hijos y es soldador en esa empresa, al igual que los otros dos hermanos condenados, Daniel y Néstor Aguilar. Leopoldo Bach tiene 32 años, un hijo y desde 2004 también es soldador en Indus.

“Es un juicio repleto de irregularidades, por lo tanto se demostrará la inocencia de estos trabajadores”, dijo el Premio Nobel de la Paz Adolfo  Perez  Ezquivel en su adhesión. A la campaña por la libertad de los detenidos se sumaron adhesiones del legislador Pablo Ferreyra, Roberto Pianelli, Pino Solanas y Alcira Argumedo, entre otros.

“El pueblo argentino está viviendo una de las más grandes injusticias históricas con los compañeros petroleros de Las Heras. Comparable con muchos de los delitos cometidos por las dictaduras militares, las condenas de la justicia patagónica”, reza una carta del escritor Osvaldo Bayer en solidaridad con los trabajadores condenados.