Infojus Noticias

-Señor Barreiro: sin que su respuesta lo autoincrimine, puede contestar o no. ¿Qué pasó con ellos (los prisioneros que eran “trasladados” del campo de concentración de La Perla)? -inquirió el abogado querellante Miguel Ceballos.

-Usted me está preguntando algo que supongo que es de buena fe. Yo cumplía órdenes y no me escudo detrás de eso. Pero podía suponer qué les pasaba. Ese es un tema de cada uno, no hace a mis responsabilidades.

-¿Y qué les pasó?

-Mire, supongo que no están... Yo suponía que iban a desaparecer.

La revelación que surgio en este diálogo fue parte de la declaración del ex mayor del Ejército Ernesto Guillermo Barreiro, uno de los 41 acusados de la megacausa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los campos de concentración del Tercer Cuerpo de Ejército, que se juzga en el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF Nº 1) de Córdoba.

Ante una pregunta de Claudio Orosz, otro de los querellantes, sobre cuáles eran los “métodos no ortodoxos” de interrogatorios a los que el imputado se había referido, Barreiro contestó: “Hay personas que dicen que fueron torturadas por haber permanecido atadas y vendadas en un calabozo sin poder hablar con nadie. ¿Eso es tortura? ¿Una bofetada es tortura? ¿Un plantón es tortura? Bien, entonces todo es tortura”.

En aras de justificar la tortura, el ex oficial de Inteligencia llegó a citar un informe de Rodolfo Walsh a la conducción de Montoneros. El autor de “Operación masacre” explicaba que los tormentos aplicados por los represores a los militantes eran “una modalidad de búsqueda de información, no la finalidad”. Barreiro valoró que “lo más racional, prudente y sensato, dentro de la locura, era negociar para obtener esos datos”, lo que ejemplificó con el “trato” ofrecido a un prisionero cuya esposa estaba embarazada: “Dejando a su mujer en libertad para que tuviera a su hijo, él colaboraría con nosotros”.

Vestido con un costoso gabán gris y camisa y moño color lavanda, el acusado había comenzado su extensa alocución con una referencia al levantamiento militar “carapintada” de abril de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. “Un testigo dijo que yo salgo en una foto con el coronel Aldo Rico, con casco y uniforme de combate, durante Semana Santa del ‘87. En el ‘87 hubo dos focos: Córdoba y Campo de Mayo. En Córdoba, soy yo el iniciador. En campo de mayo, Aldo Rico. Durante esos episodios, jamás estuve en Campo de Mayo, o sea que es imposible demostrar que yo estuve con Rico en una foto vestido con uniforme de combate”.

El represor, que hasta marzo de 2007 estuvo prófugo y aún no ha recibido condenas por delitos de lesa humanidad, parece tener una contradictoria relación con la fotografía. A la reportera gráfica Irma Montiel, de la agencia Télam, al comienzo de una audiencia le preguntó: “¿Por qué me dejás para el último? ¿Acaso no soy lindo?”. Y ante una advertencia del presidente del TOF Nº 1, Jaime Díaz Gavier, por los insultos y gestos intimidatorios dirigidos por varios acusados a la propia Montiel y su colega Manuel Bomheker, Barreiro se despegó: “No sólo no le he dicho nada a la prensa, sino que estoy permanentemente a disposición de los medios. Es más, hasta poso para las fotos, porque me preocupa mi imagen”.

Paradójicamente, se trata de la misma persona de la que una decena de sobrevivientes ha relatado en el juicio que pudo reconocer en los retratos de un líder carapintada, publicados por los diarios en abril de 1987. Entonces, los actuales testigos le pusieron nombre y apellido al rostro de su torturador.

Hablan los jefes del campo

A su turno, Héctor Vergez, el primer jefe del campo de concentración y exterminio de La Perla, expresó: “En los años ’70, la gente podía dormir tranquila, no como ahora”. Fue una de las insólitas afirmaciones de una declaración orientada a desprestigiar a los testigos sobrevivientes, a quienes acusó de “traición” a sus organizaciones y hasta de haber “fusilado” a otro prisionero.

Además, Vergez negó haberse ufanado de ser el creador del Comando Libertadores de América -versión cordobesa del grupo de extrema derecha Triple A- y haber comandado la masacre de la familia Pujadas, el 14 de agosto de 1975. “No soy ni tonto, ni loco y nunca me he emborrachado, como para adjudicarme semejantes delitos”, aseguró.

Al rebatir la acusación de haber ametrallado a un grupo de prisioneros en el campo de La Ribera, Vergez incriminó a un ex jefe de Gendarmería: “Lo dije en mi primera declaración que quien mató a 19 prisioneros en la ribera fue Omar Rey, comandante de la gendarmería nacional”.

“No recuerdo pero creo que estaba la hermana de ‘Pedro’ (Juan Eliseo) Ledesma, jefe del estado mayor del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), su esposo y algún pariente más”, señaló cuando el abogado Orosz le preguntó sobre las víctimas de esa ejecución.

Por su parte, el ex capitán Jorge Exequiel Acosta, quien comandaba el grupo encargado de los secuestros, también se “defendió” con ataques a los ex prisioneros que están testificando en el juicio. “Han salido en operativos con nosotros”, afirmó en referencia a los llamados “lancheos”, cuando los cautivos eran sacados del campo de concentración y obligados a señalar a sus compañeros de militancia.

“(La testigo y sobreviviente Graciela) Geuna dice que me gustaba matar. No sé de dónde saca eso. Si es así, acá hemos visto pasar a mucha gente que estuvo en La Perla, lo que quiere decir que me privé de matar a unos cuantos”, declaró quien a mediados del ‘76 suplantó a Vergez en la jefatura operativa del campo de concentración.

Respecto al destino de las víctimas, Acosta fue menos explícito que su camarada Barreiro: “Los traslados eran realizados por gente asignada, vestidos de verde. ¿Qué pasó con los trasladados? No sabemos qué pasó. Venía la lista y los entregábamos”.