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Mario José Osvaldo Forbice no ingresó a la sala de audiencias con el resto de los imputados. Minutos antes del inicio de un nuevo juicio por los crímenes cometidos por la Armada en Mar del Plata, el ex capitán de navío de 85 años, tuvo que ser asistido por los médicos del servicio penitenciario: los nervios le jugaron una mala pasada y le subió la presión. Media hora después ocupó su asiento en el banquillo de los acusados y escuchó la primera audiencia del tercer juicio por la “Megacausa Base Naval”, donde se leyeron las acusaciones contra 14 ex militares que deberán responder sobre secuestros, torturas y homicidios cometidos contra 123 personas durante la última dictadura cívico militar.

La primera jornada fue dedicada exclusivamente a leer los cargos por “privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita”. Allí, los jueces Mario Alberto Portela, Néstor Rubén Parra, Alejandro Daniel Esmoris y  Jorge Aníbal  Micheli escucharon las acusaciones que leyeron los fiscales Pablo Larriera, María Eugenia Montero y Walter Romero.

La sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N1 (TOF1), ubicada a 300 metros de la playa Punta Iglesias, fue ocupada en partes iguales, por familiares de los acusados y de las víctimas. De los 14 acusados, sólo once estuvieron en la sala de audiencias. El contralmirante (R) Roberto Luis Pertusio y el ex teniente de navío Francisco Lucio Rioja siguieron la audiencia  por video conferencia desde Buenos Aires. El capitán de navío retirado,  Justo Alberto Ignacio Ortiz lo hizo desde San Luis, donde purga dos condenas anteriores.

Los acusados Lodigiani, Marino, Lombardo, Arrillaga,  Mosqueda.

Con excepción del ex general de Brigada del Ejército, Alfredo Manuel Arrillaga, el resto pertenecía a  la Fuerza de Tareas 6 (FUERTAR 6) que operaba en Mar del Plata y la zona costera que comprendía la Subzona militar X.  Además integraron los grupos de tareas  que regentearon los centros clandestinos de detención que funcionaron en el edificio de Buzos Tácticos dentro del predio de la Base Naval;  en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) ubicada en el Faro de Punta Mogotes y en el cuartel de la Prefectura Naval, en el corazón del puerto marplatense.

La lectura de las imputaciones continuará durante las siguientes tres audiencias. Se estima que entre el 3 y 4 de junio se ofrecerá a los acusados la posibilidad de declarar y el 10 de junio comenzará la ronda de testigos. 

La lengua

Minutos después de las 9 de la mañana, y en medio de un dispositivo de seguridad que incluyó una ambulancia, los once imputados llegaron al TOF. Los ex capitanes de navío Forbice, Rafael Alberto Guiñazú y José Omar Lodigiani bajaron del camión celular con dificultad y apuntalados por sus bastones. El resto ingresó esposado. En algunos casos les rehuyeron a las cámaras fotográficas y en otros las enfrentaron: el ex vicealmirante Juan José Lombardo no dudó en sacarle la lengua a los fotógrafos y el ex suboficial de la Infantería de Marina, José Bujedo ensayó una sonrisa púdica cuando alguien le recordó, a los gritos, su pasado como árbitro de fútbol.

Los jueces Parra, Portela, Esmoris y Michelli.

Bujedo es defendido Horacio Insanti, es el único de los acusados que cuenta con abogado particular. Los demás son asistidos por los defensores oficiales  Manuel Bailleau, Paula Muniagurria, José Galán e Isabel Labataglia.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, están representadas por Gloría león y Manuel Marañon respectivamente. En tanto, el abogado Carlos Bozzi, patrocina a Rodrigo Miguel, hijo de Lilia Mabel Venegas de Miguel, quien fue secuestrada por la FUERTAR 6 y asesinada en el balneario Luna Roja, ubicado en el sur de la ciudad.

La articulación de la dictadura

Los fiscales Montero y Larriera intentarán comprobar a lo largo del debate la relación de coordinación y/o subordinación que existió entre la jefatura de la Subzona Militar XV - ejercida por el Ejército- y la Armada, a la hora de cometer  los delitos que se tratan en el juicio.

“La idea es probar la articulación de la Jefatura de Subzona XV y la Armada. En ese sentido, Alfredo Arrrillaga, como ex jefe del aparato de  Inteligencia de la Subzona XV, no sólo debe responder por la docena de casos en los que participaron elementos del  Ejército de manera concreta, sino por la totalidad de los hechos porque las directivas para que actuara la FUERTAR 6 partió de la jefatura de la Subzona Militar”, explicó la fiscal Montero a Infojus Noticias.

A modo de antecedente, los fiscales cuentan con la sentencia al ex coronel Carlos Aldo Máspero, condenado  en diciembre del año pasado a prisión perpetua por entender que el jefe de la Subzona Militar VX, era quien coordinaba la represión estatal independientemente de la fuerza que llevara adelante los operativos de secuestro, tortura y desaparición.

Máspero debía ser uno más de los acusados en este juicio, pero una diabetes agravada lo dejó lejos del acecho de la justicia. No obstante, el 28 de mayo deberá ser sometido a una junta médica de peritos oficiales que determinará si su salud física y mental le permite enfrentar un nuevo juicio.

FD/PW