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El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el responsable del área de Fraude Económico y Financiero de ese organismo, Néstor García Paradiso, le solicitaron al juez federal Francisco Miño que cite a declaración indagatoria a nueve funcionarios de las firmas Banco Galicia, Galicia Valores S.A. y Valfinsa Bursátil S.A., en el marco de la causa Bolsafe. Allí se investiga lo que Gonella calificó como “el delito de fraude económico más importante de Argentina”. El pedido fue difundido en una conferencia de prensa que se realizó ayer en esa ciudad.  

Los fiscales apuntan a Silvio Ariel Gómez, Diego Waldem Van de Velde, Fernando Gabriel Yah Yah, Guillermo Pando, Antonio Iturrioz, Leonardo Perrotta, Esteban Marín, Enrique  Garda Olaciregui y Favio Meijome. Por primera vez en el país se pidió la declaración indagatoria para tres personas jurídicas por “lavado de activos de origen delictivo": Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursátil. “Se trata de una cuestión bastante novedosa para lo que es el derecho argentino. Lo hacemos sobre la base de uno de los delitos que creemos configurados, que es el de lavado de activos”, explicó el fiscal Rodríguez. Si el pedido prospera, deberán responder ante la justicia sus representantes legales.

Esta medida abre una alternativa para los damnificados por la estafa: si el juez considera que estas empresas son responsables, deberán responder con su patrimonio. Esto abriría la puerta para una serie de reclamos civiles contra estas firmas. Las víctimas tendrían la posibilidad de recuperar, al menos en parte, los ahorros que les fueron sustraídos.

Además, se solicitó la ampliación de la declaración del ex titular de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, Mario Rossini, que ya fue procesado por defraudación por administración fraudulenta, captación de ahorros e intermediación no autorizada. Rossini, que hasta su caída era un hombre al que los medios de comunicación de Santa Fe consultaban de manera frecuente sobre diversos temas económicos, cumple prisión domiciliaria. La fiscalía quiere que Rossini esta vez sea indagado específicamente por el lavado de activos.

En la causa hay otros ocho procesados: los vicepresidentes de Bolsafe Omar Rossini, Flavia Sánchez y María Mercedes Leiva; las empleadas Marisa Valdez, Carolina Pavarin, Daniela Reatti, Patricia Berrino y María Lorena Molinas; y también Miriam Sabella, quien se desempeñaba como productora de la firma en la ciudad de Paraná.

Haciendo la vista gorda

La ley 25.246 establece desde el 13 de abril de 2000 que las entidades financieras y bursátiles tienen dos deberes fundamentales: “Recabar de sus clientes documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos” e “informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma”. Estas obligaciones están en sintonía con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ente intergubernamental dedicado a fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales para combatir el lavado de dinero en el mundo.

“El lavado comenzaba con una maniobra que estaba prohibida: el alquiler de títulos. Estos eran traspasados a la firma BV Emprendimientos, que no estaba autorizada para intermediar en el mercado bursátil porque su objeto social eran los insumos informáticos. Esta firma introducía los títulos al Banco Galicia, que en lugar de denunciar que esta firma no era una sociedad de bolsa, que no estaba autorizada para operar con títulos y que no podía justificar la enormidad de los fondos con los que estaba operando, permitió la maniobra”, explicó Gonella.

Un informe de la Subgerencia de Prevención del Lavado de Dinero de la Comisión Nacional de Valores, incluido en la causa, precisa que una vez concluido el circuito descripto por el titular de la Procelac “el 94 por ciento de los títulos habrían sido vendidos”. La estafa superaría los 80 millones de pesos, sólo durante el período investigado.

BV Emprendimientos, según sus propios estatutos, se dedicaba al “desarrollo y comercialización de software”. Sin embargo, en tan solo ocho meses tenía créditos por un total de 81.570.360,73 de títulos y débitos por un total de 82.038.844,06. No fueron los únicos movimientos inusuales que el Banco Galicia parece no haber detectado de parte de uno de sus clientes más importantes: entre el 1 de abril de 2012 y el 16 de enero de 2013 BV Emprendimientos extrajo de su cuenta en esa entidad bancaria .400.000, de los cuales $ 25.000.000 fueron abonados por caja mediante cheques y $ 11.300.000 fueron debitados mediante operaciones de cauciones bursátiles.

Según los fiscales, “el simple cotejo” del objeto social de BV Emprendimientos con el nivel de la operatoria de títulos que registraba la empresa “debió haber hecho saltar las alertas del banco y debió haber llevado a la realización de un Reporte de Operación Sospechosa”. Nada de eso ocurrió. “Todo indica que se trató de un acto deliberado de una entidad que conocía perfectamente con quién operaba y que, sin embargo, probablemente en razón de que se trataba de un cliente de una gran importancia –y muy redituable- para el Banco, optó por no actuar de acuerdo a las responsabilidades que le correspondían”, remarcaron.

La “vista gorda” del Banco Galicia también incluyó otras perlitas: sólo durante 2012 BV Emprendimientos, supuestamente una empresa de informática, recibió transferencias de títulos de 893 clientes de una sociedad de bolsa. Por otra parte, en los estados contables correspondientes al ejercicio transcurrido entre el 1/3/10 y el 28/2/11, BV Emprendimientos registró $ 0 (cero pesos) de ingresos por servicios informáticos. Su principal rubro no era su fuerte, indudablemente, pero eso era equilibrado con “ingresos por operaciones bursátiles por $ 388.667” y “servicios de asesoramiento por 5.576”.

Partícipes necesarios

Las pesquisas detectaron que el Banco Galicia “canalizaba la operatoria del mercado de capitales de sus clientes de todo el país a través de, como máximo, 18 cuentas. Una de estas cuentas, en un 43,91 por ciento era empleada para operaciones de BV Emprendimientos”. El dato refleja claramente la importancia que tenía esa firma para la entidad bancaria.

La cobertura que el Banco Galicia le brindó a Rossini llegó al extremo de intentar obstaculizar la investigación judicial, aportando información falsa. “Si a esto le sumamos que Banco Galicia tenía por cliente no solo a BV Emprendimientos sino a Bolsafe y al propio Mario Rossini y que este último era una persona conocida públicamente en Santa Fe, está claro que la entidad tenía un panorama completo de la maniobra que se estaba llevando a cabo, y obviamente,  la de su propia intervención en el tramo final: la venta de los títulos y acciones sustraídos y su puesta en circulación en el mercado de capitales confundiéndose con activos de origen lícito”.

El Código Penal establece que cuando en el delito de lavado de dinero los hechos “hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal”, se impondrá a la entidad una serie de sanciones entre las que se destaca la imposición de una multa de entre dos y diez veces el valor de los bienes objeto del delito. Para eso, “los jueces tendrán en cuenta la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica”.

Los fiscales consideran que “las personas físicas cuya indagatoria aquí se solicita no actuaron en el ámbito de su vida personal sino como funcionarios de las instituciones en las que prestaban funciones” y que “sin la intervención de las entidades financieras los imputados nunca hubieran podido llevar adelante las acciones que entendemos constitutivas del delito de lavado de activos”. Por último, sostienen que “ni el Banco Galicia, ni Galicia Valores, ni Valfinsa Bursatil constituyen precisamente organizaciones sin fines de lucro y es lógico concluir que, si intervinieron activamente en las maniobras orquestadas por Mario Rossini y sus colaboradores, fue porque les reportaba importantes beneficios económicos”.

MEL/RA