Infojus Noticias

Cabarets, burdeles, whiskerías, clubes nocturnos, saunas, casa de masajes: todos eufemismos para esconder el delito de la explotación sexual. Los prostíbulos se ocultan tras nombres que les asignan habilitaciones locales y ordenanzas municipales para evitar sanciones por la ley que, desde 1937, prohíbe su existencia. Esta mañana,  las diputadas del Frente para la VictoriaLucía Portos y Graciela Rego presentaron un proyecto de “prostíbulo cero” en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para combatir la trata y la explotación sexual.

“Creemos que la prostitución nunca puede ser trabajo. Se ha avanzado mucho pero todavía faltan instrumentos para la persecución del delito, sobre todo para la justicia. Y, además, siguen existiendo prostíbulos por todo el enmascaramiento de las habilitaciones”, dijo Portos a Infojus Noticias

La propuesta fue acompañada por la Fundación María de Los Ángeles, que preside Susana Trimarco- madre de la joven tucumana desaparecida desde 2002-. Carlos Garmendia, abogado de esta Ong, participó activamente en el asesoramiento y elaboración del proyecto que se basó en una legislación aprobada en Tucumán en 2012. Ese texto también había salido desde las oficinas del organismo. “La ley apunta a atacar al prostíbulo tenga el disfraz que tenga”, dijo a Infojus Noticias, Garmendia desde la provincia del norte.

Las cosas por su nombre

La legislación que será debatida en la legislatura bonaerense plantea un “abordaje integral de la trata de personas y explotación sexual”. Prohíbe la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación de lugares de alterne y/o de explotación de la prostitución ajena, ya sea que estas actividades se realicen en un mismo o en distinto espacio físico, cualesquiera sean sus denominaciones. El proyecto enfatiza en las “denominaciones” de los lugares, precisamente para evitar que sigan funcionando bajo otras habilitaciones.

La iniciativa, que ya tiene estado parlamentario, además de clausuras inmediatas, propone multas económicas para quienes no cumplan con la ley.

El texto, al cual accedió Infojus Noticias, propone la creación del “Instituto Provincial de Lucha contra la Explotación Sexual Ajena y la Trata de Personas” (IPLESyT) que se constituye como un ente autárquico. Este organismo estará conformado por un equipo de profesionales que pueda asistir a los órganos judiciales nacionales o provinciales. También será el encargado de brindar asistencia a las víctimas.

Una de las reformas ambiciosas que propone la ley es correr a un lado la intervención de la policía bonaerense. “La policía no cuenta con potestad para realizar los operativos y clausuras”, dice el texto. En los allanamientos intervendría el equipo del IPLESyT.

Prohibidos hace ocho décadas

El artículo 15 de la ley 12.331, conocida como Ley de Profilaxis, condena la existencia de prostíbulos desde 1937. Su texto es claro: “Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”. Además sanciona con multas a “los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente” prostíbulos, y con prisión de 1 a 3 años a los reincidentes. Sin embargo, los proxenetas han encontrados artilugios legales para sostener sus negocios con otro tipo de habilitaciones.

La sanción de la ley de trata en 2008 empujó la discusión de distintas legislaciones a nivel local que combatan la trata y la explotación sexual. En materia de “Prostíbulo Cero”, Córdoba fue una de las provincias pioneras. En mayo de 2012, la Legislatura cordobesa aprobó la ley para prohibir el funcionamiento de prostíbulos y whiskerías.  Ese mismo año Tucumán se sumó a la iniciativa. Siguieron las provincias de Santa Fe,  Río Negro, San Luis y Entre Ríos.