Infojus Noticias

En Buenos Aires, cien de los últimos 328 casos de torturas y malos tratos registrados entre mayo y agosto de este año por la Defensoría General ante el Tribunal de Casación Penal, tienen como víctimas a menores de 18 años. Del total de casos relevados por agentes del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en 66 casos no se presentó una denuncia formal. El dato surge del último informe que el defensor Mario Coriolano presentó esta mañana a las autoridades del Ejecutivo bonaerense, al presidente de la Suprema Corte, a los titulares de las cámaras legislativas y a la procuradora general, María del Carmen Falbo, máxima autoridad para los fiscales en la provincia.

De los menores atacados, 97 fueron víctimas de personal de la policía bonaerense. Otros sufrieron ataques en institutos o centros de recepción de menores. En el Instituto Francisco Legarra, en el departamento judicial de Trenque Lauquen, la denuncia involucra al director del establecimiento y se labró un procedimiento judicial por estos hechos. En tanto, en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora no se efectivizó la denuncia penal. Y lo mismo sucedió en el Centro de Recepción de Menores de La Plata, donde los adolescentes fueron atacados con “golpes de puño y patadas por todo el cuerpo por parte del personal”, pero no existe denuncia penal al respecto.

El informe se dio a conocer públicamente esta tarde en la sede de la Defensoría de La Plata e incluye además datos sobre "causas armadas" por personal policial y penitenciario. “Es importante que las autoridades conozcan estos datos, porque los niveles de impunidad en las investigaciones que involucran a policías y agentes del Servicio Penitenciario es una constante”, dijo Coriolano a Infojus Noticias.

La Defensoría trabaja desde hace 13 años en una de las primeras base de datos sobre casos de torturas. En ese banco actualmente se registran en total más de 8.900 casos, y las denuncias también incluyen situaciones de agravamiento ilegitimo de las condiciones de detención, con severos déficits en alimentación y atención a la salud de las personas detenidas. Sobre este total, menos de la mitad fueron denunciados formalmente.

La falta de denuncia puede estar asociada a dos motivos: la falta de investigaciones proactivas por parte de los operadores judiciales para frenar la tortura y el temor a posibles represalias, lo que termina consolidando la impunidad. Lomas de Zamora es el departamento donde se registran menos denuncias formales, solo 15,35% del total de casos en el distrito. En el otro extremo se ubica San Nicolás, donde las denuncias escalan casi al 80%.

En La Plata, los funcionarios y operadores judiciales no han informado sobre casos de tortura durante estos meses. Pero esto no implica necesariamente que no se haya dado casos de abusos, torturas y malos tratos en los centros penitenciarios,  comisarías, institutos de la capital bonaerense. “Existen departamentos donde el registro es sistemático, constante y sostenido en el tiempo; pero en otros aún está pendiente como tarea”, explicó Coriolano. Necochea tuvo para este informe igual comportamiento que La Plata: no hubo registro.

El subregistro o incluso su falta “no permite inferir la no existencia de prácticas de tortura o su disminución”, se lee en el informe. La Plata sirve como ejemplo: al desagregar los casos por el lugar donde ocurrieron los hechos, surge que defensores/as de otros departamentos judiciales registraron en el período 17 casos de tortura ocurridos en unidades penitenciarias ubicadas en ese departamento judicial. En más de 10 años, esta es la primera vez que se podrán comparar estos datos porque los casos también se presentaron por los departamentos judiciales y con la fecha en la que ocurrió el hecho.

La impunidad no disuade

Coriolano destacó que visibilizar los casos de tortura y apremios ilegales es un avance. Pero advirtió que la violencia institucional en cárceles, comisarías e institutos emerge y se sostiene asociada a casos de corrupción dentro de un entramado que une a la policía, el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario Bonaerense. La impunidad en los casos de tortura “es un fenómeno tan sistemático y extendido como la tortura misma”, advirtió el defensor.

En el informe, registraron una realidad alarmante. En los 4300 casos de tortura en los que, al 10 de setiembre de este año, se interpusieron denuncias, las condenas son exiguas. Pero los datos no son precisos porque se carece de un registro y de información sistematizada respecto de las denuncias interpuestas, la iniciación (o no) y el desarrollo de causas y la resolución de las mismas. Más aún, ni siquiera se dispone de un registro desagregado de condenas por estos delitos.

Este año, el defensor que integra desde el año 2006 el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, involucrado en la creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (Ley 26.827) publicó Red para la lucha contra la tortura, editado por Infojus, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En ese momento, entrevistado por Infojus Noticias, Coriolano afirmó que la persistencia de la violencia institucional “impacta en términos de calidad de vida en un sistema democrático” y antepuso como ejemplo para combatirla la lucha contra la dictadura, cuando “la articulación entre sectores estatales, de la sociedad civil y organismos internacionales puede colaborar y resquebrajar el sistema”.