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Los coletazos del fallo absolutorio de todos los acusados en el caso Marita Verón, ya alcanzaron el último peldaño del Poder Judicial tucumano.  El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Estofán, se excusó de entender en el recurso de amparo presentado por el juez Emilio Herrera Molina, uno de los jueces del tribunal del “caso Verón”, en el que pide que se revea un decreto del gobernador José Alperovich en el que se le rechaza su pedido de jubilación. El titular del máximo tribunal tucumano decidió apartarse del litigio por su amistad manifiesta con uno de los abogados defensores del juez Herrera Molina, el abogado José Roberto Toledo. La excusación fue aceptada por sus pares y la Corte Suprema provincial se completó con el vocal de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz.

Las dimisiones y enroques de jueces y camaristas, donde los lazos de amistad de la familia judicial quedaron al descubierto, se desataron hace medio año, después de la sentencia del 12 de diciembre de 2012 en la que se absolvieron a los trece imputados de secuestrar a la joven desaparecida desde el 3 de abril de 2002, y obligarla a prostituirse en burdeles de La Rioja. Susana Trimarco, la madre de Marita, presentó un pedido de juicio político para los tres jueces del Jurado, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.  Los cuestionó por el trato que les dieron a las mujeres testigos que fueron “amenazadas, burladas, ironizadas, a la vista del tribunal que permitió encarnizados interrogatorios hostiles”.

Piedrabuena y Herrera Molina, rápidos de reflejo, presentaron la renuncia para garantizarse su jugosa jubilación como magistrados (si los destituyen, no podrían cobrarla). Lascano, el tercer miembro, aunque no tenía la edad necesaria, presentó otro recurso por un conflicto de competencia.  Pero el Poder Ejecutivo provincial, a través del decreto nº 127/14 del 1 de febrero, rechazó las renuncias de Piedrabuena y Herrera Molina. En abril pasado, la Comisión de Juicio político de la Legislatura tucumana habilitó el jury. Herrera Molina, que padecía un cáncer de próstata, presentó un recurso y logró que la Cámara en lo Contencioso le ordenara al Ejecutivo provincial que reviera la decisión. El gobierno de Tucumán apeló y llegó a la Corte. Ahora uno de los supremos se apartó por amistad con el defensor de Herrera Molina. Todo parece quedar en familia.