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La investigación de la complicidad civil en delitos de lesa humanidad sigue sumando nuevos capítulos. Mientras en Mendoza continúan las audiencias por el llamado “juicios a los jueces”, en el que cinco ex magistrados –entre los que están Luis Miret y Otilio Romano- están acusados de no haber investigado denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos, en Chaco se iniciará un proceso similar.

Hace unos días, el juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky elevó a juicio oral y público la causa en la que están imputados el ex juez federal Ángel Córdoba y el ex fiscal federal Roberto Mazzoni, por delitos considerados crímenes de lesa humanidad. El juicio –que según fuentes judiciales empezaría antes de fin de año- también incluye además al ex oficial del Servicio Penitenciario Federal Pablo Casco, quien se encuentra acusado por aplicar tormentos a detenidos en la Unidad Federal N°7 (U7) de Resistencia.

Skidelsky le imputó al ex juez Córdoba los delitos de incumplimiento de sus deberes como funcionario con abuso de autoridad, el incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y el encubrimiento de los tormentos sufridos por nueve detenidos por razones políticas en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones en la provincia. Los mismos cargos se le imputan al ex fiscal Mazzoni, pero en cinco casos.

El caso no es una novedad para la provincia. En 2010, el ex fiscal federal de Resistencia Carlos Flores Leyes falleció un mes antes que empezara el juicio donde estuvo acusado de ser la pata judicial de la represión orquestada durante la última dictadura cívico-militar, en el marco de la llamada Causa Caballero, por el apellido de una de sus víctimas. Para llegar a ese punto, uno de los testimonios clave fue el de José Luis Valenzuela, subsecretario de Derechos Humanos de Chaco

Los dos ex funcionarios judiciales se encuentran detenidos desde principios de 2012 y fueron alojados en la U7, aunque Córdoba fue luego beneficiado con la prisión domiciliaria por problemas de salud. Con diferente criterio, los integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, Patricio Sabadini, Carlos Amad y Diego Vigay, junto a los querellantes, habían solicitado que Mazzoni y Córdoba respondieran por los delitos de asociación ilícita en concurso con tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad, que prevén penas más altas. No es un detalle menor: la calificación legal será uno de los puntos de discusión en el futuro debate oral y público, dado que es un aspecto que puede ser modificado como consecuencia de las pruebas ventiladas en el juicio o por una distinta interpretación de los hechos por parte de los jueces que lleven adelante el debate oral.

Las víctimas

Entre los casos por los que están acusados está el de una mujer detenida por la ley “antisubversiva” 20.840 en diciembre de 1975, que era frecuentemente llevada al juzgado donde Mazzoni se desempeñaba como secretario. En una de esas oportunidades, Mazzoni abrió un paquete y sacó un arma frente a ella. Le apuntó y, como al pasar, le dijo al funcionario que lo asistía: “Anote Reska que la detenida va a comenzar a declarar”. En la sala estaba presente un guardia que le advirtió: “Cuidado Doctor que está cargada”. Todas las veces que fue llevada a declarar la mujer contó y mostró las heridas sufridas durante las sesiones de tortura, incluso las quemaduras con cigarrillo, pero el entonces secretario no hizo nada al respecto. Tampoco el juez Córdoba, cuando la fue a ver en la cárcel de Devoto en el mes de diciembre de 1976.

Los fiscales consideran que los ex funcionarios judiciales fueron parte de una asociación ilícita, además de cometer privaciones ilegales de la libertad –Mazzoni contra cinco personas; Córdoba contra nueve-, e imponer tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos –Mazzoni, cuatro; Córdoba, nueve-. Les cargan archivar las denuncias en comisarías, no investigar los avisos de torturas evidentes de los detenidos que eran indagados en sus despachos por la ley 20.840 (ley antisubversiva), y el rechazo inmutable de los habeas corpus de los peregrinos que golpeaban a su puerta rogando por sus desaparecidos.

Si bien “no llevaron a cabo de modo activo los tormentos ni las privaciones ilegítima de libertad”, dijeron en el pedido de elevación a juicio, “por sus cargos de Fiscal y Juez Federal al momento de los hechos, revestían especiales deberes de protección frente a la libertad e integridad física de los detenidos” y la omisión de investigar “debe serle imputada como si la hubiesen llevado de modo activo”. En otras palabras, los fiscales consideran que los operadores judiciales fueron los garantes de la impunidad, de garantizar el statu quo del Terrorismo de Estado.

En los fundamentos de  la elevación a juicio precisaron que los ex magistrados tuvieron un rol fundamental en la legitimación de las acciones represivas en Chaco.  "Con este accionar se vulneraron claramente por acción o por omisión, las protección de la integridad física y la libertad de quienes eran detenidos por razones políticas y alojados en el centro clandestino conocido como la Brigada de Investigaciones de Resistencia", dice el requerimiento.

Descargos

Roberto Mazzoni llegó a la justicia Federal de Chaco el 22 o 23 de mayo de 1974 como secretario en el fuero Penal. En agosto de 1976 fue designado como fiscal federal, donde trabajó hasta el 22 de abril de 1992. El menemismo le dio un nuevo impulso: el 23 de abril de 1992 escaló a fiscal general hasta diciembre de 2007, cuando se jubiló. En el expediente que llega ahora a juicio, se defendió dijo que en esa época se manejaban otros conceptos, que había, en el ámbito del juzgado, conocimientos limitados, y que con “el advenimiento de la democracia” se fueron “conociendo cosas” que antes eran “comentarios” pero nunca “certezas”. Y agregó que tenía un primo desaparecido. Lo que podría ser hasta un indicio sólido para refutar su propia versión: no podía desconocer lo que una y otra vez denunciaban los detenidos políticos que pasaron por su despacho.

Córdoba llegó al Poder Judicial años antes del golpe de Estado. En su defensa, dijo que fue recomendado por personas enfrentadas a los militares, y que en 1976 pensó en renunciar, pero no lo hizo porque uno de sus colegas le advirtió que no iba a permitirle futuros reclamos. Y fue aún más lejos: dijo que había sido advertido por investigar un hábeas corpus: “El río Paraná es muy ancho”, le habría dicho una voz anónima al teléfono.