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“Me volvieron a violar y me mataron en vida”. Estas fueron las palabras de “Pochi” –así le dicen en el barrio- cuando escuchó la sentencia que absolvió de culpa y cargo a cinco policías acusados de haberlo vejado y violado en la comisaría segunda de Trelew, Chubut. Los hechos ocurrieron en enero de 2012, cuando tenía 16 años. Después de conocerse en mayo la sentencia del tribunal provincial, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) manifestó “su profundo repudio ante un nuevo caso donde se consagra la impunidad”. Ahora el padre de la víctima dijo que denunciará a los jueces ante el Consejo de la Magistratura provincial y prepara el caso para llevarlo a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aquel 18 enero de 2012 “Pochi” salía de trabajar del kiosco “Queen” de la ciudad de Trelew para reunirse con amigos y su novia en un bar. Alrededor de las 7 de la mañana,  él, su novia y un amigo volvían caminando de un boliche. Después  de un altercado con el conductor de una camioneta, el chico dijo que el hombre que manejaba intentó tomar a la novia del brazo “y llevársela”. “Pochi” contó que fue detenido en la puerta de su casa por policías de la comisaría segunda que llegaron en dos móviles. Que después de golpearlo, y mientras llamaba a gritos a su madre, lo arrojaron al piso, lo redujeron y siguieron golpeando con puños y patadas, mientras otro de los agentes impedía que los vecinos se acercaran en su auxilio. Lo introdujeron en el patrullero y lo llevaron a la comisaría segunda. Allí, en los calabozos, se produjeron “los golpes, el abuso y la tortura”.

Los acusados -Héctor Ortiz, Sergio Castillo, Carlos Pato, Aníbal Muñoz  y Carlos Treuquil- fueron absueltos por el Tribunal Oral de Trelew, integrado por los jueces Roberto Barrios, Ivana González y Darío Arguiano. “Los elementos recolectados no son suficientes para llegar a la certeza positiva requerida en esta etapa", explicaron en el fallo.
El padre de la víctima, Fernando Almonacid, dijo a Infojus Noticias que “fue como volver a empezar. De no creer, con todas las pruebas que había, no tuvieron en cuenta ni a los testigos, para ellos mi hijo nunca estuvo en la comisaria. Si bien no tengo mucho estudio, esto da bronca”.  El abogado querellante en la causa, Sergio Rey, explicó que dos testigos civiles vieron como detenían y golpeaban al menor y “los identificaron en rueda de reconocimiento”.
 
Por su parte, la fiscal de la causa, María Tolomei, explicó a este medio que el 27 de mayo presentó un recurso extraordinario en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que se declare la nulidad de la sentencia y se realice un nuevo juicio con otros jueces. “Los jueces absolvieron y buscaron la manera de justificar la decisión” explicó la fiscal Tolomei ya que “fragmentaron las pruebas”, es decir, las analizaron por separado y no en conjunto.

En un principio en la causa había diez imputados. Tres de ellos, Mario Bevacqua, Adolfo Elvio Jesús Carballo y el médico policial Fernando Zaghis, reconocieron su responsabilidad en las vejaciones y fueron condenados en un juicio abreviado a tres años de prisión en suspenso. Otros dos fueron sobreseídos en la audiencia preliminar. Además dos vecinos vieron cómo era detenido y golpeado el joven por la policía. Y otros dos chicos que se encontraban detenidos el mismo día de los hechos en la comisaría reconocieron a los policías. Se realizaron unas 70 ruedas de reconocimiento en las que fueron identificados.

Uno de los testigos que estaba detenido el día que los policías de la comisaría segunda ingresaron a “Pochi” es Bruno Rodríguez Monsalve. Murió asesinado el 26 de marzo de 2012 de tres puñaladas. A pesar de que era testigo protegido y vivía fuera de la provincia, lo mataron cuando volvió a la ciudad para hacer un trámite de su documento.
Pochi ahora tiene 17 años, fue papá hace poco y sueña con ser boxeador profesional. Dicen que condiciones no le faltan. Pero desde el día de los hechos, tuvo tres intentos de suicidio. Su padre continúa la lucha y terminar de preparar los papeles para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.