Infojus Noticias

Angela Antilef siente menos miedo a que le roben que a la policía. Quisiera estar tranquila en su casa pero imagina que alguien irá a buscarla para vengarse por lo que denunció. Tampoco se siente segura en la calle allí en Trelew, donde vive. Piensa que mejor salir ya mismo, sin vueltas, a llevar a su hija para que le den atención psicológica. La necesita después de lo que le tocó vivir el sábado pasado, que la dejó casi sin habla. Cumplía 15 años esa noche y habría una gran cena familiar. Los tres hermanos de Angela, su ex marido, su hija y otra menor de edad viajaban en camioneta hacia el festejo, cuando recibieron un llamado que los hizo desviarse. Estaban robando en la chacra de Pablo, uno de los hermanos. Ni bien llegaron al lugar comenzó la pesadilla: un grupo de policías se les abalanzó y los molió a golpes y los acusó de ser ellos los ladrones. A las dos chicas las llevaron aparte, les gritaron “qué hacen vestidas así, putitas”, les advitieron que las iban a “violar y matar” y les fotografiaron sus partes íntimas bajo amenaza de subirlas a Facebook. Toda la familia terminó encerrada en calabozos de la comisaría tercera, donde el maltrato continuó. “Tenemos miedo”, repite Angela a cada rato.

El sólo hecho de que unas horas antes efectivos de la misma seccional habían lanzado piñas y patadas sobre tres chicos de 10, 14 y 17 años que estaban quemando basura en la calle y que terminaron hospitalizados por las lesiones sufridas, pinta el panorama de violencia policial en Chubut, que tampoco es nuevo. Por lo menos desde el año 2003 se han multiplicado los hechos de apremios, torturas, muertes y desapariciones a manos de la policía en la provincia. “Ha habido juicios pero muchas absoluciones a los policías implicados, e incluso en casos en que hubo condenas mantuvieron su trabajo o sus ingresos, aún bajo disponibilidad preventiva. No se los desvincula. Por lo tanto, los policías entienden que están absolutamente protegidos”, dice Lucas Krmpotic, integrante de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, que fue conformada el año pasado por familiares de víctimas de sucesos similares de violencia institucional.

El caso que hace ya once años marcó un punto de inflexión fue la desaparición de Iván Torres, un chico de 25 años que era hostigado por la policía y que fue visto por última vez en la comisaría 1° de Comodoro Rivadavia. Le habían armado un prontuario porque se resistía a las presiones de los agentes. Sin conseguir esclarecimiento alguno en la Argentina, el reclamo de la madre del chico, María Milluca, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado Argentino en agosto de 2011, pero la sentencia –que ordenaba juzgar a los sospechosos, clausurar calabozos de la comisaría, diseñar protocolos y encontrar al chico—no se cumplió. Recién en marzo se ordenó el pago de una indemnización a la familia. La causa, que tiene 14 uniformados procesados, todavía no llegó a juicio oral. Antes de que fuera elevada, la cámara cambió la calificación legal: en vez de desaparición forzada puso privación ilegítima de la libertad. En el ínterin murieron en circunstancias más que dudosas siete testigos claves amigos de la víctima. Uno de ellos, David Hayes, había sido compañero de celda de Iván, y dijo que podía señalar a todos los policías implicados. Apareció acuchillado.

Ese modelo de policía capaz de hacer desaparecer se instaló en el pueblo de Corcovado en 2009, cuando fue enviado allí el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) que desplegó el terror en la zona durante varias semanas con allanamientos sin orden, rompiendo puertas, amenazando o a los pobladores, con agresiones físicas a los ancianos. Dos hombres que tomaban cerveza en la noche, fueron detenidos: Luciano González desapareció para siempre; el otro de apellido Jaramillo, denunció que ambos habían sido golpeados. Los uniformados siguen impunes.

Julián Antillanca tenía 19 años cuando murió por los golpes que le propinaron cuatro policías de Trelew en la cabeza y el cuello en la madrugada del 5 de septiembre de 2010. Los efectivos cargaron el cuerpo en un patrullero y lo tiraron en la calle. La historia oficial atribuía la muerte a un coma etílico. Los mismos policías, horas antes, habían sometido a una golpiza a los hermanos Sergio y Matías Aballay a la salida de un boliche. Los hermanos no se quedaron de brazos cruzados y denunciaron lo ocurrido. Los cinco agentes tuvieron una condena leve por apremios ilegales, pero por el asesinato de Antillanca fueron absueltos pese a que los jueces dieron por confirmado que fue un homicidio. Igual que los implicados en la desaparición de Torres, siguen en funciones. Los Aballay fueron fusilados en marzo último. Iban a ser testigos en un nuevo juicio que ordenó el superior tribunal por el crimen de Antillanca.

Casi en simultáneo con aquel sobreseimiento en la causa Antillanca, fue asesinado Bruno Rodríguez Monsalve cuyo testimonio había sido esencial para comprometer a varios uniformados por la violación y golpiza de Maximiliano Almonacid, de 16 años, cuando estaba detenido en la seccional segunda de Trelew, después de haber sido apresado ilegalmente tras una discusión en la calle con su novia. Fue un hecho determinante que, además, motivó la remoción de la cúpula de la fuerza. Rodríguez Monsalve, de 23 años, fue asesinado con tres puñaladas a pesar de que era testigo protegido desde hacía varios días ya que después de su testimonio inicial (que confirmaba el abuso ya relatado por la víctima) había sido atacado por una moto manejada por un agente de la fuerza. El 26 de abril de 2013 los cinco policías imputados por privación ilegítima de la libertad, vejaciones, tortura y abuso sexual contra Almonacid fueron absueltos.

El peso de todas estas historias se le hizo carne a Angela en la noche del sábado pasado, cuando terminó buscando a su hija en la comisaría de Trelew, en una situación surrealista, en lugar de estar festejando el cumpleaños de quince como estaba planeado. A la jovencita la liberaron a las dos y media de la mañana del domingo, cerca de cinco horas después de que empezó la locura. A los adultos recién los soltaron el lunes. Les abrieron una causa como si hubieran sido autores de un intento de robo en su propia finca y en la de al lado. La mujer se ha visto estos días en la inesperada situación de explicar: “somos humilde pero todos en mi familia trabajamos”. Ella trabaja en la limpieza del Concejo Deliberante, su hija estudia. Lo ha repetido hasta el cansancio también el defensor Sergio Rey que tuvo que asistirlos y luego los ayudó a denunciar el atropello para que se apunte la investigación a los policías.

“A mi hermano lo tiraron al suelo ni bien abrió la tranquera, lo golpearon, le pusieron el arma reglamentaria en la cabeza. A mi otro hermano, que está operado de la rodilla lo pisotearon todo. Mi hermana gritaba que no lo golpeen y la policía le golpeaba la cabeza contra la camioneta. A mi hija la esposaron, también a mi cuñada que es menor de edad. Las menores, las pusieron del otro lado de la camioneta, les fotografiaron sus partes íntimas, las amanezaron con subirlas a Facebook. Mi hija tenía una pollerita, y le decían ‘te vamos a violar’, ‘te vamos a en un zanjón’, ´te vamos a tirar detrás de los arbustos´”, relata Angela. “Qué lindo cumpleañitos vas a pasar”, se mofaban los policías. “Mi nena estaba shockeada. Veía como a su papá y sus tíos les apoyaban el arma; a mi cuñada le decían ‘esta parece Valeria Mazza’. Mi hermana sufre vértigo y cuando la llevaban en el patrullero, detenida, pedía que fueran más despacio, entonces iban más rápido y le ponían la música a todo lo que da”, detalla.

“Mi hija quedó muy asustada. Cuando fue a la escuela se cruzó con un patrullero y quedó petrificada. Tenemos miedo de la policía. Yo escucho un auto afuera y no puedo dormir, me voy a fijar si no son policías. Acá estamos inseguros, estamos mal. Estoy cerca de la comisaría y tengo miedo. Quiero que esto se acabe y se aclare todo y que termine tanta impunidad. Todos los días pasan cosas acá. Mucha gente no se anima a denunciar”, se desespera, y empieza a recordar los casos de los últimos años.

El Ministro de Seguridad, José Glinski, explicó a Infojus que tres efectivos y el jefe de la comisaría, Néstor Angel Vargas, fueron puestos en disponibilidad preventiva. Se los separó, dijo, “para poder esclarecer los hechos”. La gestión de Glinski, primero como secretario de Seguridad, empezó con la reestructuración de toda la política de seguridad en la provincia, tras el caso Antillanca, en agosto de 2012. El ministro considera que “no hay un problema estructural ni una práctica sistemática de violencia institucional” aunque asume que “la policía tiene prácticas violentas, hay espíritu de cuerpo y en ocasiones una torpeza muy grande: no saben detener o se enojan cuando los provocan y entran en disputas territoriales”. Según el funcionario hay “una historia de relación de la policía con las fuerzas armadas y prácticas violentas que cambiar, como en otras provincias”. “Ahora aquí los comisarios están obligados a ir a una diplomatura en seguridad democrática y trabajamos con un programa de uso racional de la fuerza. También pensamos que no hay política de derechos humanos sin bienestar para la propia policía”, señala.

Eduardo Hualpa, abogado de derechos humanos en Chubut, recuerda que en 2003 además de la desaparición de Iván Torres un comisión enviada por la Procuración General documento “gran cantidad de hechos de violencia policial en institucional en el llamado informe Lucchelli, y lamentablemente después no pasó nada con eso”. “Cuando asumió el ex gobernador (Mario) Das Neves, en lugar de despegarse del caso de Torres, respaldó a la policía y participó después de la campaña por ley y orden que arreciaba al país, y que devino en el fenómeno Blumberg”, explica. “No estoy seguro de que hoy el poder político controle a la policía, cada facción responde a un grupo o sector diferente, o aun no saben cómo cambiar estas prácticas, instaladas desde hace tiempo”, sostiene.

“El problema es que el poder judicial no avanza y no condena”, insiste Krmpotic, de la Comisión Contra la impunidad. “Todos los fallos son arbitrarios aún frente a abundante prueba. En el caso Almonacid, aunque tres policías reconocieron su culpabilidad en juicios abreviados, los que fueron a juicio terminaron absueltos”, dice Krmpotic, de la Comisión contra la Impunidad. “El ministerio tiene un discurso progresista, de control civil de la policía que me entusiasmó inicialmente pero parecieran prevalecer los objetivos políticos por sobre la democratización de la policía”, añade. “Ahora para colmo –se lamenta-- el Poder Legislativo puso como Defensor del Pueblo de Chubut, con tareas de comisario legislativo, a Héctor Simonatti, a un abogado que fue asesor legal de la policía durante 11 años”.