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Con la presentación al jurado de la acusación a Pablo Márquez, el comisario retirado de la Policía de Córdoba imputado por promover detenciones de personas inocentes para aumentar las estadísticas de su comando, comenzó el juicio oral y público en la Cámara 6° del Crimen. Además, a pedido de la querella, se incorporó como prueba una nota periodística realizada por el portal Cosecha Roja. Márquez aceptó responder preguntas sobre el artículo en el que se afirma que en “Córdoba se detiene primero y se pregunta después”.

Márquez estaba a cargo del CAP 8 del barrio Panamericano, al norte de la ciudad, cuando en 2011 fue denunciado por tres de sus subalternos. En la causa consta que (con conocimiento de superiores) había establecido un régimen de premios y castigos que usaba para presionar a sus subordinados y exigir detenciones indiscriminadas, usando el Código de Faltas. Ese régimen funcionó hasta que fue denunciado.

En la entrevista incorporada como prueba, Márquez dice que él no debería ir a juicio y señala que quienes tendrían que dar cuentas ante la Justicia son “la actual conducción. Ellos sabían cómo fue todo y hubo una estrategia de arriba para que esto no salpique a nadie más, para que el único damnificado sea yo. Me decían: ‘Quédate tranquilo, esto es mediático, ya va a pasar’. Pero pensemos: en Córdoba hay diez distritos, ¿uno sólo era el problema? El jefe de Policía es para toda la provincia. ¿Por qué quedé yo? El fiscal (Pablo Molina) debería haber investigado al resto de los CAP, pero sólo se concentró en el mío”.

El ex comisario llega a juicio acusado de abuso de autoridad reiterada y coacción. Aunque de fondo, mientras esta práctica era rutina, lo que se cometían eran privaciones ilegitimas de la libertad, en una provincia donde un joven es detenido cada 7 minutos por “merodeo”, una contravención usada discrecionalmente por los uniformados. La actual gestión policial mantuvo a Márquez en cargos estratégicos hasta marzo de este año, cuando fue pasado a retiro luego de que un juez de control confirmara su procesamiento.

En la elevación a juicio constan más de 15 declaraciones que acreditan los hechos y demuestran que “la modalidad que imponía Márquez a sus subordinados era conocida y consentida por la superioridad”, señaló a Infojus Noticias Carlos Nayi, el abogado que representa a dos de los querellantes, el sargento ayudante Julio César Calvo y la subinspectora Natalia Zárate. El primer denunciante fue Fernando Soler, quien no llega como querellante.

"La Dupla del mes"

Márquez dirigía su comando con las mismas lógicas de un McDonalds. Una foto tamaño A4 adornaba la pared de la guardia del CAP 8. Era la “dupla del mes”, la patrulla que más detenciones cometía, siempre usando las dos figuras recomendadas por el jefe: merodeo y resistencia a la autoridad. Si los subordinados se negaban a seguir estas prácticas, los castigaba con días de recargo y arrestos.

De acuerdo con la causa, el comisario exigía un piso mínimo de “aprehensiones o detenciones” por guardia “hubiera o no motivos”. A veces, los pedidos eran directos. Otras, solapados. “Traten de hacer el colchoncito antes de las ocho de la noche, así se pueden ir a sus casas tranquilos”, les decía. Lo contó César Calvo, uno de los denunciantes, a esta agencia. Según Calvo, también instruía a los subalternos para “no abusar del merodeo” (por esos días una figura contravencional muy cuestionada). “Sugería provocar resistencia a la autoridad y daba consejos para que el futuro detenido reacionara”, contó Calvo, que aún sigue en funciones y sufrió varios traslados después de atreverse a denunciar. En el expediente, los declarantes le atribuyen textuales mucho más directos: “A vos te pago por llevar detenidos. Si no te presionaba ayer a la tarde no llevabas a ese puto mugriento”, le habría dicho a uno. “Este año quiero ser protagonista, tengo el aval de los superiores”, sostenía.

Las confesiones

En la única entrevista que dio a la prensa al sitio Cosecha Roja, Márquez negó todo: “Juro por mis hijos que nunca en mi vida policial hice eso. Fui siete años profesor en la escuela de Suboficiales. ¿Sabés que enseñaba? Prevención Policial y Código de Faltas. Les enseñaba a los policías como debían comportarse, peleaba por los derechos de las personas”. Y aunque negó los cargos en su contra, él mismo sostuvo que el “la Policía de Córdoba no sabe usar el Código de Faltas. Se detiene primero y se pregunta después”, dijo.

El ex policía dio clases entre 2005 y 2012. En ese periodo las detenciones por Código de Faltas treparon un 810 por ciento. De acuerdo con los números oficiales entregados por la Policía, en 2005 hubo 8.968 contraventores detenidos, 54.782 en 2009 y la escalada siguió hasta llegar, en 2011, a los 73.100. En agosto de ese año Márquez fue denunciado: la Policía no volvió a entregar cifras de contraventores.

Tras las denuncias Márquez fue trasladado a la comisaría de Río Segundo. Allí repitió la técnica con la que presionaba a subordinados. Hasta que el 1 de marzo de 2013 la jueza María de los Ángeles Palacio de Arato le dio lugar a un habeas corpus para frenar las detenciones contra un albañil y un joven de 22 años que fue encarcelado ocho veces.

Desde hace nueve años, cada octubre en Córdoba participan de la ya tradicional Marcha de la Gorra. “No es merodeo, es paseo”, cantan mientras protestan contra el abuso policial, que el transito cotidiano de la mayoría de los jóvenes varones de barrios humildes. Pese a los innumerables reclamos en contra de la ley contravenciones que habilita a la policía a detener por “portación de rostro” y a los comisarios oficiar como jueces, hubo solo dos medidas judiciales en contra del Código de Faltas. Un habeas corpus preventivo del juez de Controles Gustavo Reinaldi que cuestiona el uso discrecional de la figura de merodeo y el juicio a un oficial de rango, como es Márquez, por ordenar detenciones ilegales.

En tanto, un nuevo Código con modificaciones espera ser aprobado en la Legislatura cordobesa y todo parece indicar que se aprobará hasta después de las elecciones, por falta de consenso. Es que en las audiencias públicas, el oficialismo resistió varias de las modificaciones propuestas por las organizaciones sociales que luchan contra la violencia institucional.

WC/LC/JC/LL