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Pasaron más de seis años, varios fiscales y dos jueces de garantías, desde que se inició la causa por los homicidios de Alejandro Vatalaro, Ricardo Torres Barboza y Pedro Díaz, los tres policías brutalmente asesinados en la planta transmisora del Ministerio de Seguridad bonaerense, en las afueras de La Plata. Esta mañana, el ex policía Marcos Casetti y Mariano Filippi Medina, hijo de un ex agente del Servicio Penitenciario, comenzaron a ser juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2. El tercer sospechoso, Fernando Maciel, es hijo de un policía bonaerense y aún está prófugo. Por datos sobre su paradero existe un ofrecimiento de recompensa pública de 20.000 a 70.000 pesos.

El 19 de octubre de 2007,  Alejandro y su amigo Ricardo estaban de guardia en la planta junto al sargento Díaz y, entre la 1:30 y las 3:30 de la madrugada, fueron apuñalados y acribillados a balazos. Cuando llegaron los investigadores, en el lugar había disparos de dos armas calibre 9 milímetros; una era la de Díaz y la otra nunca fue encontrada. En 2011, cuando Casetti y Filippi Medina ya estaban detenidos por este crimen, los familiares de las víctimas hicieron circular una carta dirigida "a quien lo quiera leer".

"Nos seguimos preguntando, ¿qué es lo que sucedió realmente?", decían.

Las dudas tenían su fundamento. En 2007, cuando empezó la investigación, la fiscal Leyla Aguilar –después apartada del caso- apuntó a una venganza personal. Pero cuando la instrucción llegó a manos del fiscal Marcelo Romero la hipótesis vinculaba a la planta con el tráfico de drogas. En ese momento, uno de los compañeros de las víctimas dijo ante las autoridades judiciales que en “el galpón del fondo (…) solo tenían la llave las personas del Ministerio, como la gente del Laboratorio de Comunicaciones, de Tecnología y de Telefonía de Comunicaciones (…) los que trabajábamos en la planta no teníamos conocimiento de qué se guardaba”. 

La confesión

Los jueces cuentan entre las pruebas con la confesión supuestamente “robada” a Casetti con una cámara oculta en una lapicera, mientras se encontraba detenido en la Unidad 9. El encargado del registro habría sido Raúl Eduardo Barnes, un ex policía federal con el que compartía estancia en la cárcel. En la filmación Barnes le pregunta a Casetti por los supuestos planes para hacer un atentado en el Ministerio de Seguridad, entonces encabezado por León Arslanian. Casetti, que había sido compañero de las víctimas en la planta transmisora, contó entonces que el objetivo del ataque era el de robar equipos de comunicaciones para armar una banda de secuestradores y producir un hecho de impacto político a pocos días de las elecciones.

El video -incorporado cuando la investigación era instruida por el fiscal Marcelo Romero- fue presentado por el abogado de Juan Pablo Papupa Córdoba, uno de los primeros detenidos durante la investigación, con antecedentes en otras causas e integrante de la barra brava de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Cuando la instrucción pasó a manos de los fiscales de Delitos Complejos Esteban Lombardo y Victoria Huergo, siguieron esta pista. Fuentes cercanas a la investigación especificaron a Infojus Noticias que al video se suman “la huella digital de Casetti en la escena del crimen, la inmediata denuncia de robo de su arma tras el crimen, y que su coartada lo ubica junto a Maciel (cuyo ADN, sí fue encontrado en la planta transmisora)”.

El juicio

En el debate oral, que comenzó esta mañana en los tribunales platenses, la acusación estará en manos del fiscal Martín Chiorazzi. Se espera que en poco más de dos meses declaren en esta causa más de 300 testigos, que den alguna pista sobre lo ocurrido esa noche en la planta transmisora. Alejandro Vatalaro tenía 26 años y Ricardo Torres Barboza, 27; se conocían del trabajo y también de la cancha donde compartían la pasión por el club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Díaz, ya tenía varios años en la fuerza y tenía el cargo de sargento.

Los investigadores confirmaron a Infojus Noticias que entre las pruebas colectadas “hay ADN de un cuarto hombre” que aún no fue identificado. Como Maciel sigue prófugo, esa parte de la causa sigue abierta y es posible que se incorporen nuevas mediadas de prueba (entre ellas alguna que pueda colaborar en la identificación del cuarto sujeto). En el expediente una de las últimas novedades sobre Maciel data de 2009, cuando le escribió a su padre desde una computadora ubicada en una biblioteca de Bolivia. Este expediente estará abierto por lo menos 5 años más pero, si en ese tiempo las autoridades no dan con el paradero de Maciel, la causa va a prescribir.