Infojus Noticias

Las investigaciones judiciales contra Luis Miguel Etchevehere, el presidente de la Sociedad Rural Argentina y su familia, avanzan en la justicia entrerriana. No sólo por reducción a la servidumbre, -que trascendió los últimos días, después de una denuncia de Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) en un juzgado de Paraná, sino otra por administración fraudulenta en sus empresas contra Luis, sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere y la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, hecha por una cuarta hermana, Mercedes, de quién no se conoce la voz porque pesa sobre ella uno de los famosos “bozales legales”.

El martes pasado, los hermanos Antonio y Sergio Cornejo –dos hacheros que vivían allí en condiciones paupérrimas- reafirmaron judicialmente en la fiscalía de Rosario del Tala, a cargo de Samuel Rojkin, lo que ya habían dicho ante los inspectores del organismo nacional y la prensa: que trabajaban en ese lugar hace 38 años, cobrando un salario de 450 pesos al mes sin estar registrados en ninguna parte. Los hermanos hacían mantenimiento: limpiaban malezas y alambrados, cortaban leña, pero también sembraban trigo, lino y soja. Los hombres –que eran analfabetos-, vivían sin luz ni baño, comían salteado, y para tomar agua tenían que andar un kilómetro hasta un bebedero de animales o un arroyo cercano. Cuando Etchevehere fue cuestionado por sus pares de directorio de la Sociedad Rural, por el estado público que había tomado la causa, el terrateniente dijo que era una persecución en su contra y que “los peones declararon hoy y dijeron que no trabajaban ahí”. Eso fue desmentido rotundamente por el esposo de su sobrina, que tuvo que asistir a la declaración para leerles a los ancianos la transcripción hecha por el fiscal, ya que no saben leer.

De la audiencia participaron los abogados defensores de la familia, Julio Federick y Leopoldo Lambruschini, que ya defendieron  a poderosos en aprietos: el ex vicegobernador Héctor Alanis, acusados de malversar más de 20 millones de pesos/dólares entre 1995 y 1999 en el Senado entrerriano, y al legislador Félix Abelardo Pacayut, condenado junto a su esposa por falsedad ideológica y fraude. Los miembros de la familia Etchevehere todavía no fueron llamados a declaración indagatoria porque el fiscal aún está recolectando indicios. Los letrados les preguntaron, por ejemplo, si sabían cazar y pescar. “Seguramente apunten a la estrategia de decir que estaban ahí por voluntad”, dice una fuente de la Fonatea. Es que en el expediente administrativo que labró el organismo luego de la inspección del 28 de mayo en la estancia La Hoyita –por la que se le aplicará la multa administrativa más grave-, presentaron un descargo en ese sentido: no había una relación laboral formal. Los hermanos Cornejo vivían en aquella casita  que había sido prestada en comodato hace casi cuatreo décadas, y percibían ese pago irrisorio a cambio de “changas” de mantenimiento. “Es un absurdo. Por ellos también se generaba riqueza. El trabajo que hacían es fundamental: en esos lugares, si no haces manteniendo en tres meses tenés un monte, con talas y pinillos”, dijo el inspector.

Luis Miguel Etchevehere.

La causa judicial se abrió después de que el 28 de mayo, varios inspectores del Renatea llegaron a los campos de La Hoyita por una denuncia y descubrieron que había allí trabajadores que sobrevivían allí en forma precaria. “Nosotros, a veces, apercibimos cuando encontramos situaciones poco regulares, y damos tiempo para que se pongan en regla. Pero esto era mucho más grave, por eso hicimos la denuncia en el juzgado de Paraná”, dijo uno de los inspectores que estuvo en la chacra de 6.600 hectáreas. Allí se adjuntó una denuncia que hace cuatro meses había hecho un vecino de la finca y delegado de la Uocra, Francisco Trifón Taborda en la jefatura departamental de Tala. Cómo la causa estaba cajoneada, repitió esa declaración en la fiscalía de Rojkin.

Con la ratificación judicial del martes, el fiscal podría llamar a otros dos trabajadores que estaban irregularmente inscriptos: Santos Maldonado, el capataz (que trabaja hace diez años por 2.000 pesos) y su hijo, que empezó a trabajar a los 13 años y gana 1.050 pesos. También a los inspectores que participaron de las siete inspecciones. A los Maldonado, que no estaban registrados, ahora les corresponde la regularización de su situación laboral: el supuesto monotributo que tenían –porque en la AFIP nadie les había hecho aportes-, las deudas salariales y el ingreso al sistema jubilatorio de reparto.

Paralelamente, en el Juzgado de Instrucción No 3 de Entre Ríos, a cargo de Alejandro Diego Grippo, avanza otra investigación por vaciamiento de Las Margaritas SA (que pertenece al grupo Etchevehere) con ventas cruzadas y desaparición de propiedades. La denuncia fue hecha por Mercedes, la cuarta hermana de la familia, que quedó afuera de la maniobra. Se indaga si desviaron un préstamo millonario del Banco Itaú al que accedió Las Margaritas (la estancia que contiene a La Hoyita) hacia otra compañía, Construcciones del Paraná S. A., un procedimiento prohibido por la Ley de Sociedades Comerciales y penado como defraudación en el Código Penal. Se sospecha también de una posible evasión fiscal.