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A fines de 1999, los vecinos de Bariloche se ilusionaron con el anuncio de la ampliación del policlínico Arbos (Asociación Regional de Obras Sociales). Al grupo de sindicalistas que impulsaban el proyecto, el Ministerio de Salud de Nación les entregó dos subsidios por la suma de dos millones de pesos/dólares para la construcción de una sala de pediatría y nueva aparatología. El tiempo pasó y al hospital nunca le pusieron ni un ladrillo. En 2001 quebró y la Justicia determinó que los gremialistas se habían quedado con el dinero. En abril último, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a cuatro de ellos a cuatro años de prisión efectiva. El quinto imputado, el abogado Gonzalo Madrazo, no llegó a juicio porque en el momento del debate lo operaron de hemorroides. Cuando mejoró su salud, la Policía lo fue a buscar a su casa, pero se había fugado. La causa estaba al borde de la prescripción y Madrazo pensó que si se ausentaba un tiempo, evadiría el juicio. En septiembre lo detuvieron y ayer, el TOF confirmó que continúa procesado.

Los subsidios fueron dos: uno por 185 mil pesos/ dólares y otro por un millón 750 mil pesos. En el juicio se comprobó que el dinero, después de pasar por varias empresas fantasmas, se depositó en la cuenta de Madrazo del banco Galicia.

Los camaristas Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano dividieron su fallo en dos. Por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por 185 mil pesos, lo sobreseyeron. Pero, por el delito sobre el subsidio de mayor valor, ordenaron que la causa continuara. Y ahora se espera que se designe fecha para su juicio.

Cinco meses prófugo

Madrazo fue titular de la Asociación Regional de Obras Sociales de Bariloche. En 2002, ganó la interna del Partido Justicialista para la intendencia, pero perdió en las elecciones generales. En estos años, también fue asesor legal de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) y de la Cámara de Turismo.

Antes de su fuga, el abogado defensor oficial pidió la prescripción de la causa por la cantidad de años transcurridos desde el momento del hecho. Según sus cálculos, la causa debía prescribir a fines de abril. Pero al fugarse, el recurso quedó frenado y la Justicia lo declaró en rebeldía. Después de estar cinco meses prófugo, la Policía lo detuvo en su provincia natal, Mendoza. Por estos días cumple prisión preventiva en la penitenciaría de General Roca.

El juicio

Después de 15 años de dilaciones, debido a los recursos presentados por las defensas, llegó el juicio oral y público a la ciudad de General Roca, por una cuestión de jurisdicciones. El debate duró diez días y más de veinte testigos –algunos vía videoconferencia desde Bariloche- contaron lo que recordaban de aquel proyecto trunco. Las pruebas fueron, sobre todo, documentales. Es decir: listados de los bancos y estados de cuentas bancarias. Además de las condenas, el TOF los inhabilitó para ejercer cargos públicos y sindicales.

La querella representada por la Oficina Anticorrupción celebró este último punto: “Para nosotros fue muy buena la condena en general. También en el veredicto se pidió investigar a los funcionarios del Ministerio de Salud de Nación que entregaron el subsidio”, dijo a Infojus Noticias Lucas Trigo, de la OA.

Los cuatro condenados son personajes conocidos del sindicalismo y la política barilochense. Uno de ellos es el ex intendente Omar Goye, destituido en 2013 después de la serie de “saqueos” a supermercados en diciembre de 2012.

Los otros son: el dirigente gastronómico Ovidio Zúñiga; el titular de la Asociación de Empleados de Comercio, Wálter Cortés; el actual dirigente de la Uocra Neuquén, Víctor Carcar. La sentencia también estableció que los imputados debían pagar 45 mil pesos de costas, pero están libres porque las condenas no están firmes.