Infojus Noticias

En los pasillos de un hotel céntrico de Córdoba los huéspedes podían cruzarse, sin saberlo, con las mujeres víctimas de las redes de explotación sexual. Durante ocho meses uno de los seis pisos del edificio ubicado en plena calle Colón fue usado por la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas de la provincia como un disimulado refugio tres estrellas. Hasta que una de las víctimas reconoció en el comedor del hotel a uno de sus explotadores.

“Ese día fue un caos. Tuvimos que encerrarnos en las habitaciones hasta que nos consiguieron otro lugar. Se decía que el fiolo era dueño del hotel o cercano a los dueños”, dijo a Infojus Noticias una de las ex empleadas de la Secretaría, que renunció este año. “Este lugar es como un gran cartel donde se busca mostrar acción. Pero en realidad nadie soluciona nada a las víctimas”, contó otra ex trabajadora, en este caso una médica que se desempeñaba en la misma área, uno de los pilares de la política de seguridad del gobierno de José Manuel de la Sota.

Desde que entró en vigencia -el 14 de junio del año pasado- la Ley 10.060 de Lucha contra la trata de personas de Córdoba fue acompañada por una profusa campaña publicitaria. La norma tuvo como objetivo el cierre de todos los prostíbulos y locales de oferta sexual que funcionaban bajo diversos eufemismos en la provincia. Cuando cumplió un año, el Ministerio de Seguridad cordobés informó que la policía había allanado y clausurado 136 prostíbulos, en los que fueron detenidas o demoradas 120 personas. La misma fuente afirmó que 242 mujeres de nacionalidad argentina y 46 extranjeras habían sido "rescatadas" durante esos procedimientos. “Nos hacen pasar como ‘liberadas’ o ‘rescatadas’ a nosotras, las trabajadoras sexuales, para hacer propaganda”, denunció Eugenia Aravena, titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba (AMMAR). Es que, en la mayoría de los casos, la ley funciona como una nueva manera de aplicar el cuestionado Código de Faltas, con artículos que dejan abiertas las puertas al abuso policial a través de figuras como “prostitución escandalosa” o “merodeo”. No hubo grandes causas en los tribunales federales o provinciales sostenidas por esta ley.

Una de las principales promesas de la Secretaría se centró en generar oportunidades laborales para las trabajadoras sexuales y víctimas de trata que se encontraban en los locales clausurados. Pero en los primeros diez meses, de más de 500 mujeres que se acercaron a pedir asistencia, sólo cuatro habían sido ubicadas laboralmente en un hipermercado de la ciudad. A una de ellas se le revocó el contrato meses atrás y cuando fue a reclamar ante la Secretaría, nadie aceptó recibirla.

La titular de la Secretaría de Lucha Contra la Trata es la María Amelia Chiófalo, ex intendenta de Alcira Gigena y ex legisladora provincial. La semana pasada la funcionaria fue nombrada en distintas denuncias periodísticas de ex integrantes del equipo de contención de las víctimas. En sólo un año, siete profesionales dejaron de trabajar allí. Entre las razones que argumentaron estaba la extrema flexibilización laboral en la que ejercían, y la inacción de la dependencia ante el pedido de las víctimas.

El miércoles cuatro de ellas presentaron un informe ante el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) denunciando que eran obligadas a trabajar entre 12 y 15 horas por día, bajo una presión extrema, que las empujó a renunciar. Eran las encargadas de realizar la contención social, sanitaria y psicológica de quienes denunciaban ser explotadas o abusadas. Percibían un salario equivalente al del contrato “C” de la administración pública. Hace un año, cuando empezaron, su sueldo alcanzaba los 3 mil pesos. Marcelo Carreras, secretario gremial del SEP afirmó que la situación en la Secretaría “es bastante irregular”.

Trata laboral

Claudia Ferreira es acompañante terapéutica, entró a la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas sin burocracia: la contrataron por mensaje de texto. La semana pasada contó ante las cámaras de Canal 10 el “expeditivo” modo de contratación. Fue la única ex empleada que se animó a dar su nombre. Las amenazas instalaron el miedo en el resto del equipo. Algunas llegaron a trabajar hasta 32 horas seguidas. Nunca firmaron un contrato, no tenían recibo de sueldo y debían pagar de su bolsillo los gastos de las víctimas que acompañaban. “Si las chicas necesitaban comer algo, lo comprábamos nosotras y difícilmente lo recuperábamos”, confesaron a Infojus. También dijeron que debían asistir cada vez que había un acto político, y que el horario de trabajo era “365 días, las 24 horas”. “Me importa un carajo si tienen vida privada”, cuentan que ordenaba Susana Ludueña, contadora y jefa del equipo.

En abril, para evitar el escándalo que provocaría una renuncia masiva, cuatro de esas empleadas fueron transferidas “de palabra” a la Dirección de Violencia Familiar, donde se desempeñaron –nuevamente sin contrato– hasta el miércoles. Ese día, ante el anticipo periodístico de que “ex trabajadoras” denunciaban la situación de la Secretaría de Trata, el ministro de Desarrollo Social Daniel Passerini les hizo llegar un mensaje con el director del área, Gabriel Martin: “No las vamos a poder contratar porque hay una investigación administrativa iniciada por Amelia Chiófalo”.
Municipios y prostíbulos

Daniel Passerini es uno de los hombres más influyentes de José Manuel de la Sota. La prostitución y los proxenetas han aparecido vinculados a su nombre en varias ocasiones. La última, días tras, cuando la revista Veintitrés hizo público el pedido de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó para que la Justicia Federal de Córdoba motorice una denuncia donde se lo vincula a Oscar “Cacho” Desabato, dueño de la las whiskería El Quincho. Funcionó hasta 2009 en Cruz Alta, el pueblo del que Passerini fue intendente. Desabato enfrentará un juicio en el Tribunal Oral Federal N°2, imputado del delito de trata de personas. Según la denuncia de un Testigo de Identidad Reservada (TIR), Desabato financiaba a la comuna cuando surgían problemas financieros para pagar sueldos y aguinaldos, a cambio de tranquilidad para explotar a las mujeres retenidas en el local.

En Alcira Gigena, el pueblo donde María Amelia Chiófalo ocupó la intendencia, también funcionó un legendario prostíbulo. Por más de 20 años fue parte del paisaje a orillas de la ruta nacional 36, al este de Córdoba. Había cambiado muchas veces de nombre, pero los lugareños lo bautizaron “5mentarios”. En 2004 tuvo su minuto de fama cuando un equipo del programa Punto Doc, del canal América, intentó rescatar a una menor y fue agredido por custodios y la policía del lugar.

El presupuesto asignado para la Secretaría es de nueve millones y medio de pesos. Desde que se sancionó la ley, en las redacciones de los medios se amontonan los partes policiales anunciando clausuras de prostíbulos. Pero ya existían dos normas que prohibían el funcionamiento de esos locales: la ley 12.331 de profilaxis, de 1932, y la ley 26.364, sancionada en abril de 2008 por el Congreso Nacional, que tipificó el delito de trata de personas como de competencia federal e impuso severas penas para aquellos que esclavicen personas. La flamante norma provincial sólo prevé clausuras y arrestos de 60 días, para quienes explotan sexualmente a otras personas. Más de uno se pregunta ¿qué es lo que combate realmente la ley de trata de Córdoba?