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La muerte del vicepresidente de la financiera CBI Cordubensis, Jorge Suau, el 13 de febrero pasado, fue mucho más que una muerte: el fin de una mesa de dinero y el comienzo de un escándalo político que amenaza la reputación de varios funcionarios del poder provincial  y municipal en Córdoba. Es que el hombre dejó dos cartas en las que confesaba que la financiera ocultaba una mesa de dinero en la que invertían varios funcionarios cercanos al gobernador Juan Manuel De la Sota y al intendente radical de Córdoba Ramón Mestre. Esas misivas dispararon una causa en la que la justicia federal investiga a diez personas por asociación ilícita, estafa, evasión de impuestos y lavado de dinero.

Hoy debía declarar su socio, Enrique Rodrigo, presidente de la financiera. Pero la indagatoria se suspendió por otros problemas internos que tiene el proceso: el fin de semana que pasó se difundió una foto del año 2001 en la que el juez estaba abrazado a Euclides Bugliotti, un empresario que está mencionado en la causa. “Bustos Fierro es un miembro de la sagrada familia judicial cordobesa”, explicó una fuente en Córdoba que trajina todos los días los pasillos de tribunales.

El juez se reunió esta mañana con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac) y fiscal antilavado, Carlos Gonella –que llegó hasta allí expresamente- y el fiscal Enrique Senestrari. Allí, el juez le anticipó que muy probablemente mañana se aparte de la investigación, como lo pidió la defensa del empresario Rodrigo. El antiguo socio de Suau, se fue de la provincia al día siguiente y volvió recién la semana pasada. Justificó su ausencia por supuestas amenazas de un ahorrista, pero ahora tiene más de cien denuncias por estafa de los clientes de la cueva.

Suicidio o ajuste de cuentas

Suau estaba afiliado a la Democracia Cristiana y había sido secretario de culto en el primer mandato de José de la Sota. Hace un mes y medio, apareció muerto dentro de su camioneta 4x4, cerca de la localidad de Rafael García, con los antebrazos quemados y signos de intoxicación con monóxido de carbono. El fiscal de Alta Gracia Emilio Brazide empezó a investigar si se trataba de un suicidio o un ajuste de cuentas por manejos oscuros en la financiera.

Por las pistas recolectadas hasta el momento, el funcionario asegura estar cerca de la hipótesis del suicidio. Las fuentes judiciales contaron que se reunía semanalmente con los directores de los departamentos de investigación de la policía judicial y el departamento de homicidios de la policía de Córdoba para seguir de cerca la pesquisa. Pero no se pudo comprobar –por el análisis del GPS del vehículo- que en la camioneta donde apareció muerto haya habido un acompañante. El bidón de nafta que había comprado unos minutos antes apareció en la cabina casi vacío, la camioneta estaba cerrada por dentro y él tenía los dos juegos de llaves en el bolsillo.

Además, en el último mensaje de texto el financista le decía a la novia que el negocio iba en picada y que le dejaba la casa de campo a ella. Tanto celo en cubrirse las espaldas puede tener para Brazide una razón: meses atrás investigó la muerte misteriosa del oficial principal Juan Alós, implicado el narcoescándalo que se llevó puesta la cúpula de la policía cordobesa, le llovieron las críticas cuando confesó a la prensa cordobesa, hace unos días, que iba a cerrar la causa como suicidio.

Las derivaciones

Lo más escandaloso de la muerte de Suau fueron son sus ramalazos: antes de morir, envió por correo dos cartas, una al fiscal federal Enrique Senestrari y otra al camarista Ignacio Vélez Funes, que son la guía de la causa judicial que investiga el lavado de dinero. Una de las personas mencionadas es Fabián Maidana, el presidente actual del Banco de Córdoba, que fue socio de la financiera entre 2008 y 2009. El funcionario dijo que mientras estuvo no hubo mesa de dinero, y que vendió su fracción a Rodrigo a fines de ese año.

El gobierno municipal tampoco quedó exento. La carta de Suau –y otros testigos- revelaron que el área de transporte derivaba la recaudación de los cospeles de viaje hacia la cueva. Surgieron los nombres de Juan Pablo Díaz, el secretario de Transporte, y de Juan Pablo Ostanelli, el secretario privado de Mestre. Otros nombres aportados fueron los del empresario Bugliotti, que invertía divisas en CBI y además le alquilaba locales en su cadena de supermercados para que operara.

Senestrari allanó las oficinas de la cueva. Ahora le pide al juez que si se aparta, le facilite esa información para avazar en la investigación. “Esta causa tiene que ir más rápido de lo que ha ido”, le dijo el fiscal a Infojus Noticias.