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La megacausa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención cordobeses La Perla y La Ribera, en la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército, revelan en cada audiencia el sustrato civil de la represión militar. Detrás de las botas de Luciano Benjamín Menéndez y sus acólitos, asoman la corbata empresaria, la sotana clerical y la toga judicial.
En Córdoba, desde la causa “Videla” -donde se juzgaron los fusilamientos a presos políticos de la cárcel de barrio San Martín- la complicidad civil que ha quedado más al descubierto en causas específicas es la del Poder Judicial. Aquel histórico proceso celebrado en 2010 reveló cómo jueces, secretarios, fiscales y defensores que tenían a su cargo a los presos “con causa”, cumplieron un rol funcional a que se perpetraran y quedaran impunes los 32 asesinatos ocurridos entre abril y octubre de 1976.

Por desoír las denuncias de quienes llegaban a ellos dando testimonio de torturas y amenazas de muerte, los funcionarios de la Justicia Federal “deberían haber estado sentados en el banquillo” junto a Videla, Menéndez y compañía, como reclamaban numerosos testigos, las querellas y la fiscalía. En el caso del principal responsable de esos cargos era imposible, porque el titular del Juzgado Federal Nº1 durante la dictadura, Adolfo Zamboni Ledesma, falleció el 5 de enero de 1984. Podría haber sido el protagonista de la llamada “causa de los magistrados”, que tras un festival de apartamientos y recusaciones derivó en Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal de La Rioja.

Hace un año, a instancias del fiscal Carlos Gonella, Herrera Piedrabuena procesó y detuvo en Bouwer a los exmagistrados Miguel Ángel Puga y Carlos Otero Álvarez -uno de los jueces que dictó la primera condena a Menéndez-, envió a prisión domiciliaria al exfiscal Antonio Cornejo y a los ex defensores oficiales Luis Molina y Ricardo Haro. Los dos últimos después resultaron sobreseídos, pero los demás continúan procesados.

Al comenzar la megacausa La Perla-La Ribera se podía imaginar que por la índole clandestina y cerrada del campo de concentración, la dimensión civil de la represión estaría ausente. O que al menos que no gravitaría como en el juicio de la Unidad Penitenciaria de San Martín (UP1). Pero desde los primeros testimonios se empezó a develar la complicidad judicial posterior a la dictadura, cuando comenzaron a investigarse los horrores de la represión.
 

Escrachar a los sobrevivientes

Lo que sigue es una síntesis de las declaraciones de varios testigos de la megacausa La Perla-La Ribera sobre el accionar del Poder Judicial, a lo largo de las 77 audiencias que lleva el juicio. Es probable que dure hasta fines de 2014.

La testigo Patricia Astelarra afirmó que, tras el retorno a la democracia, la Justicia Federal “convalidaba” las acusaciones de los tribunales militares y actuaba en “connivencia” con los represores para “escrachar y desprestigiar a sobrevivientes, de manera de anular sus testimonios”. Al juicio contra ella y su esposo, Gustavo Contepomi, “lo motorizó el actual juez de Cámara, el doctor Luis Rueda (entonces secretario del juez Gustavo Becerra Ferrer), sabiendo de qué se trataba”.

Gustavo Contepomi dijo: “Pagamos un precio altísimo por culpa de funcionarios judiciales corruptos, que pusieron todo su esfuerzo en evitar que denunciáramos. El fiscal Cornejo, el juez Becerra Ferrer y el secretario Rueda, a partir de pruebas ilegítimas, me procesaron. Filtraron mis declaraciones y de otros testigos al Departamento de Inteligencia 141. Tergiversaron nuestras declaraciones. Violaron mi derecho a defensa, citándome a declarar sin abogado. Me presionaron para que no eligiera a un abogado. En una oficina contigua se reunían con los represores”.

Nidia Teresita Piazza narró que estando prisionera fue internada por complicaciones en su embarazo en el Hospital Militar. Allí se le presentó el mismísimo Menéndez para recomendarle que se “portara bien”, porque si no iba a “volver a La Perla”. Luego, al relatar esto a Rueda en 1984 -cuando todavía estaba presa y sin acompañamiento de sus abogados-, el entonces Secretario del Juzgado Federal Nº2 (JFNº2) le dijo: “Señora, esto complica las cosas”, y le sugirió que omitiera esa referencia porque “complicaba” su salida en libertad.

Andrés Remondegui contó que “en el ‘84, el juez Becerra Ferrer nos decía: ‘Cuidado con lo que declaran, porque esto va a terminar en un consejo de guerra’. Era tan manifiesto que lo que decíamos les llegaba inmediatamente (a sus exvictimarios), que en una citación no concurrimos. Becerra Ferrer nos mandó a llamar con la policía y nos dijo: ‘Nunca más se nieguen al llamado de la Justicia’. Con el susto que teníamos, yo le dije: ‘Lo que pasa es que declaramos a la mañana y a la noche nos llaman diciéndonos todo lo que decimos’”.

José Julián Solanille, arriero en los campos aledaños a La Perla, declaró que en marzo del ‘84 ofició como guía en un reconocimiento realizado en el ex centro clandestino de detención. Al señalar adónde había enterrado unos restos humanos encontrados por su perra, el juez y su secretario se rehusaron a buscar en ese lugar. “Rueda no decía nada y el doctor Becerra me dijo así: ‘No, dejate de joder, demasiado con lo que has hecho. Dejalo ahí’”, recordó.

Cecilio Salguero denunció que en 1978 fue torturado en el Departamento de Informaciones de la Policía y luego llevado al JFNº2, a cargo de Puga, donde le leyeron su confesión. “Tenía tres policías a mi espalda, amenazándome de muerte si negaba esta declaración falsa”, relató Salguero, quien terminó suscribiendo el acta cuando “apareció Luis Rueda (escribiente en ese juzgado) para obligarme a firmar”.

A partir de las denuncias, el fiscal Facundo Trotta, solicitó -con el respaldo de las querellas- que “se corra vista al Fiscal de Instrucción de turno para que proceda a una investigación” sobre el desempeño de Becerra Ferrer y Rueda, ya que en “los comportamientos de los funcionarios judiciales que describen las víctimas, podría existir un hecho delictivo”, según explicó a Infojus Noticias.

El largo brazo de la represión

En la última audiencia -el jueves 12 de septiembre-, la ex militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Mabel Lía Tejerina, quien estuvo cautiva en el campo de concentración de La Perla entre diciembre de 1976 y mediados de 1978, sumó una nueva denuncia contra el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Después de sobrellevar la tortura con picana eléctrica, golpizas, interrogatorios y aislamiento, fue reducida a servidumbre. Pasó a formar parte del grupo de prisioneros que los represores definían como los “muertos que caminan”.

A raíz de una hepatitis por la que fue internada en el Hospital Militar, en agosto del ‘78 le permitieron viajar con su familia a Bahía Blanca. Al volver a Córdoba quedó bajo “libertad vigilada”. En 1979 Tejerina alquiló un departamento con otros sobrevivientes de La Perla. Conoció un hombre, se casó, tuvo hijos y se dedicó a ellos a tiempo completo.

A principios de 1985, recibió una visita que le demostró que la “libertad vigilada” subsistía después de la dictadura: “Me había olvidado de todo, y vinieron a mi domicilio la gente de La Perla. Recuerdo a (José Arnoldo) López. Dejé a mis nenas en la habitación, porque no quería que las vieran. Como yo era la única que había quedado en Córdoba y los demás sobrevivientes estaban fuera del país, querían que firmara un testimonio. El relato decía que en La Perla me habían tratado bien, que yo no tenía conocimiento de torturas y otras cosas. Tenía que ir a tribunales militares y federales hacer esa firma, si quería seguir criando bien y educando a mis hijos. Era una amenaza, porque yo quería tener tranquilidad”.

“Un lugar oscuro”
La testigo narró que primero concurrió al tribunal castrense -que por entonces instruía las causas contra los militares- y luego a la Justicia Federal. “Y acá me hacen firmar ese mismo testimonio. El secretario que me hace firmar era (Luis) Rueda (actual camarista federal). Recuerdo que había alguien más al lado de él, alguien de La Perla. El lugar era oscuro, no era una oficina. Pedí una copia y me dijeron que más adelante me la iban a hacer llegar. Firmé eso y me fui a mi casa”, reveló Tejerina.

-¿Qué decía la declaración? –preguntó el fiscal Facundo Trotta.
-Que todo lo que había vivido en La Perla era perfecto. Ahí estaban los nombres de los chicos secuestrados. Querían darle un tinte como que ellos me habían secuestrado y yo no podía salir de la organización. Era una cosa toda armada.

En ese instante, el abogado querellante Claudio Orosz señaló que esa declaración formó parte de una causa penal contra Gustavo Contepomi -otro sobreviviente de La Perla- por “asociación ilícita”, que “fabricaron el juez (Gustavo) Becerra Ferrer y su secretario Rueda, en su afán de cumplir con sus amos militares, sin tener en cuenta que tomaron testimonios de personas que habían estado prisioneras sin estar a disposición de la Justicia Federal o el Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual estaban reconociendo el delito”. Acto seguido, Orosz solicitó al tribunal que envíe “lo antes posible” una copia de la declaración de Tejerina “tanto al Consejo de la Magistratura como al Juzgado Federal Nº 3, donde hay una serie de denuncias sobre el accionar del doctor Rueda en supuesta complicidad con el terrorismo de Estado”.

Ante el pedido, que ya habían formulado con anterioridad la fiscalía y las querellas, el juez Julián Falcucci, quien preside el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba,  manifestó que se le dará curso positivo.
 

“Las denuncias fueron desestimadas”

Consultado por Infojus Noticias, el juez Rueda informó que luego de las acusaciones de Astelarra, Piazza y Salguero -formuladas entre marzo y abril pasados- se presentó ante la fiscalía de instrucción y actualmente “todas han sido desestimadas”. En efecto, el Juzgado Federal Nº 3 desestimó el 28 de junio la presentación –una suerte de autodenuncia- efectuada por el propio camarista por supuesto “incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público (art. 249 del C.P)”, luego de las declaraciones de Astelarra y Piazza, y el 3 de septiembre otra por “averiguación de delito”, motivada por el testimonio de Salguero. Ante lo expresado por Tejerina en la última audiencia, Rueda adelantó que procedería de igual forma “una vez que se defina a qué juez le toque”.

Sobre la actitud de connivencia con los represores que se le atribuye, el camarista manifestó: “A mí me extraña muchísimo de algún sector que insiste en vincularme. ¿Cuál es el pecado que yo habría cometido? Que fui un joven secretario en el último momento de la dictadura militar. Pero hay que probar que yo tuve algo que ver con alguna de estas cuestiones”. Además, destacó que a pesar de que “era muy difícil trabajar en aquel momento”, él fue “el primero en procesar a (el exgeneral Luciano Benjamín) Menéndez”, lo que le valió “el aval de la Conadep Córdoba” al ser designado como fiscal en 1985.

“Son delitos de lesa humanidad”

Más allá del caso Rueda, abruman las evidencias de la acción legitimadora de la Justicia respecto al accionar represivo entre 1976-83 y su desempeño funcional a la impunidad incluso en los primeros tiempos de democracia. Está, además, su resistencia corporativa a investigarse a sí misma.

Hay algunos avances. En agosto de 2011 la Sala IV de la Cámara de Casación Penal revirtió un fallo a favor de los ex jueces santiagueños Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo –acusados por su actuación durante la dictadura–, al rechazar la prescripción por tratarse de delitos de lesa humanidad. En su voto, el juez Gustavo Hornos expresó: “Las denegaciones de acceso a la justicia denunciadas fueron piedra basal de la impunidad con la que se movieron los perpetradores directos de las violaciones a los derechos humanos. En efecto, la omisión de actuación fiscal y judicial resulta probablemente el caso central –paradigmático– de lo que constituye la aquiescencia de las autoridades en la comisión de crímenes contra la humanidad”.

En la “causa de los magistrados” de Córdoba, la Cámara Federal de Apelaciones -integrada por Abel Sánchez Torres, Octavio Cortés Olmedo y el propio Rueda- consideró en abril de 2011 que los delitos atribuidos a los ex funcionarios judiciales “guardan íntima vinculación con hechos calificados como crímenes de lesa humanidad”. Además de la paradoja de que uno de los jueces que afirmó eso aparezca ahora acusado, el otrora impensado proceso a los magistrados de la dictadura en Córdoba es una muestra saludable de lo que se define como “democratización de la Justicia”.