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Las esposas de los efectivos policiales que esta mañana protestaban frente del edificio de la Central de Policía, en la ciudad de Córdoba, levantaron la medida, ante la fuerte posición del gobierno provincial en impedir la reedición del conflicto policial del 3 y 4 de diciembre y el envío de fuerzas federales anunciado por el jefe de Gabinete, Jorge
Capitanich. Cerca de una docena de mujeres interrumpieron por espacio de tres horas el tránsito en media calzada de la avenida Colón, para protestar por el presunto incumplimiento del acuerdo firmado entre el gobierno provincial y los policías, lo que permitió poner fin al acuartelamiento policial en diciembre.

Las mujeres no encontraron adhesión para sostener la protesta, a lo que se sumó la detención hoy de una de las líderes,
Adriana Rearte, en el marco de la causa que investiga la instigación y la participación del acuartelamiento de diciembre
pasado. A esto se sumó la detención de 16 efectivos policiales sospechados de estimular y participar en los saqueos durante el acuartelamiento.

El abogado Miguel Ortiz Pellegrini, quien representó a los policías durante el acuartelamiento del 3 y 4 de diciembre, aclaró
que las mujeres que hoy protestaron son parte de un grupo minoritario ajeno a los que firmaron el acuerdo que puso fin al
conflicto policial. En tanto, a los efectos de sofocar eventuales instigaciones dentro de la misma fuerza policial, el Tribunal de Conducta Policial resolvió ayer el pase a disponibilidad de cuatro efectivos, ante las sospechas de que podrían promover un nuevo acuartelamiento.

En ese marco, el gobernador José Manuel de la Sota solicitó anoche al Gobierno nacional el envío de fuerza federales para realizar tareas de prevención, y desde esta mañana comenzaron a llegar parte de los 1.000 gendarmes anunciado en conferencia de prensa por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. El envío de fuerzas federales tiene como objetivo "evitar
acciones que impliquen medidas de carácter extorsivo", manifestó Capitanich en su habitual contacto con la prensa y remarcó que "es imprescindible hacer valer la autoridad legítimamente constituida en democracia y el orden institucional".

Sobre este tema, el ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia, Walter Saieg, confirmó que se gestionó el pedido de
fuerzas federales "para garantizar el orden constitucional y público", a los efectos de prevenir y evitar nuevos conflictos en
la policía provincial. "No vamos a permitir que se produzca ningún hecho de alteración de paz social como ocurrió en diciembre", advirtió Saieg.

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, advirtió que el gobierno nacional "no va a permitir la
extorsión" por parte de "algunos pequeños grupos" dentro de la policía de Córdoba y remarcó que hubo "directivas muy
estrictas" de la presidenta Cristina Kirchner en ese sentido. "No vamos a permitir la extorsión por parte de algunos
pequeños grupos dentro de la policía, que todavía no se adaptan a vivir en convivencia con la democracia y creen que porque la Constitución les ha dado un arma tienen derecho a extorsionar a quienes se la han entregado", dijo Berni en declaraciones a Radio 10.

Mientras tanto, el jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, advirtió que "no" tolerará más protestas en el seno de la fuerza, porque "no podemos permitir otra vez ninguna muestra de paro que atente contra la paz social", como ocurrió a principios de diciembre por el acuartelamiento policial. "Asumí el compromiso de reconstruir la institución policial y la relación de la institución con los vecinos, y como jefe de Policía no puedo volver a pensar que se atente contra los derechos constitucionales de la sociedad", resaltó Suárez.