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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, señalizó la Unidad Penitenciaria N°1 en la Ciudad de Córdoba y el Destacamento de Inteligencia 141 "General Iribarren" / Ex Batallón 141 en la ciudad de Córdoba, por su funcionamiento durante la última dictadura cívico militar.

La ex-UP1 fue utilizada para el alojamiento de detenidos por razones políticas luego del golpe de Estado de 1955 y durante los primeros años de la década del ’60, con la implementación del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) entre 1958 y 1963, que suspendió las garantías constitucionales y posibilitó el encarcelamiento ilegal y la tortura de militantes políticos, sindicales y estudiantiles, a través de decretos del Poder Ejecutivo y consejos militares de guerra.

En diciembre de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 1 de Córdoba condenó a 23 militares y policías responsables por los crímenes de lesa humanidad vinculados con esta unidad penitenciaria.

Desde el ex Batallón 141 se coordinaban las tareas de inteligencia para el secuestro de hombres y mujeres perseguidos por razones políticas. La sección de Operaciones, también conocida como OP3, era la responsable de los secuestros, torturas y asesinatos en el centro de exterminio La Perla, epicentro de la política de desaparición forzada en Córdoba. En 2008, el TOF 1 condenó a prisión perpetua a Luciana Benjamín Menéndez y a cuatro integrantes de la comandancia del Destacamento y la OP3.

El acto, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba y la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria, contó con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y sociales locales, entre otros.

Estuvieron presentes Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Marta Moukarzel, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba; Claudio Orosz, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos en Córdoba; Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba; Emi D'Ambra, de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba; Eduardo Mondino en representación de la Corporación América y representantes de la Comisión Conintes, entre otros.

Fresneda que "es un deber moral poder decirle a todos los cordobeses lo que sucedió aquí en otros tiempos. Cuando un Estado se olvida del sufrimiento de su pueblo, los márgenes de equivocación son inmensos”. Y agregó: “Estos lugares dejan marcas en la historia. Hoy estamos desandando con fuerza y alegría, pero también con políticas de Estado, ese horror”.

Carina Villafañe, en representación de la comisión Conintes sostuvo: “Queremos agradecer a Fresneda por lo que ha hecho. Ha sentado una piedra fundamental, que dará sus frutos con el tiempo”.

Emiliano Salguero en representación de la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria indicó: “Queremos agradecer a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por haber señalizado este lugar. Aunque parezca mentira, la única señalización que tenía este lugar es la que hizo una vez Familiares junto a HIJOS, que fue un escrache cuando se inauguró la Ciudad de las Artes, ya que no había ninguna marca de lo ocurrido en este lugar. Que esto sirva para que se promueva la memoria y no que sea un punto de cierre, como algunos plantean hoy”.

Sonia Torres expresó su agradecimiento a Fresneda ya que “es una gran iniciativa la de señalizar estos lugares a lo largo del país”. Por su parte, Emi D´Ambra indicó que “el hecho de señalizar estos lugares demuestra que los durante tantos años estuvimos diciendo la verdad. Ahora, la gente lo tiene que ver con sus propios ojos. La única manera de que la verdad se sepa es con la lucha. Y la lucha continúa hasta que aparezcan los restos de todos los compañeros, y hasta que encontremos a todos los nietos que nos faltan”.

Claudio Orosz, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Córdoba, expresó que “las políticas de memoria, verdad y justicia no podrán ser derribadas, y son patrimonio del pueblo argentino, que desde 2003 son políticas de Estado gracias al Presidente Néstor Kirchner y la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

Con esta señalización, ya son 101 los sitios de memoria del terrorismo de Estado señalizados en todo el país por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria.