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Los jueces del  Tribunal Oral Federal de Santa Fe, María Ivon Vella y Luciano Lauría, los hijos de Silvia Suppo, Marina y Andrés Destéfanis, junto con los abogados de ambas partes, y la testigo Mercedes Fasano, el martes pasado estuvieron en el local “DD Cueros”, en Sargento Cabral 256 de la ciudad de Rafaela, para hacer una inspección ocular. Fue allí donde asesinaron  a la militante santafesina, cuyo testimonio fue crucial para incriminar a los grupos de tareas santafesinos, entre los cuales operaba el ex juez federal Víctor Brusa, condenado a 21 años de cárcel por su complicidad con la represión ilegal.

La medida judicial, que fue solicitada por la parte querellante  en el marco del juicio por el crimen de Suppo, duró poco más de 45 minutos. El tercer integrante del Tribunal, el juez José María Escobar Cello,  estuvo ausente con previo aviso.

Silvia Susana Suppo fue asesinada la mañana del 29 de marzo de 2010 de nueve puñaladas, mientras atendía su talabartería. El homicidio más violento de la historia criminal de la ciudad fue contra una mujer desarmada, que nunca ofreció resistencia, y por un botín magro: los asesinos se alzaron con 400 pesos, alhajas y su celular. La víctima había sido secuestrada en 1977 durante la dictadura. La habían torturado y violado en la comisaría 4ta. Y había sido obligada a abortar en otro centro clandestino de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), conocido como La Casita, cerca de Santo Tomé.

Los primeros meses, a pesar de la voz de alerta de familiares y sus compañeros de militancia, la justicia provincial direccionó el caso hacia un homicidio común. En menos de 24 horas la policía tenía dos sospechosos. Eran Rodrigo Ismael Sosa -Sosita para media ciudad de Rafaela-, un pibe de 18 años, analfabeto, que lavaba autos a la vuelta del negocio y tenía algunos robos menores, y su primo Rodolfo Cóceres, de 22 años, sin antecedentes penales. En la comisaría confesaron la autoría del crimen. Ante el juez de Instrucción Nº 2, Alejandro Mognaschi, ambos dijeron que fueron a robarle, y que la mataron para que no los reconociera.

Pero a lo largo de la investigación, hubo elementos que se empeñaban en contradecir al juez. A mediados de 2010, un testigo de identidad reservada denunció vínculos entre los presuntos asesinos y el juez Brusa, y mencionó a dos personas: Miguel Ángel Mendoza y Emiliano Rodríguez. Según averiguaciones de la querella, Mendoza estaba preso en la cárcel de Las Flores, donde está el ex juez, y podría ser el nexo entre los cerebros del crimen y los sicarios.

Después de que el juez provincial Mognaschi intentara retener y luego elevarlo a juicio con esos dos imputados, la Corte Suprema de Justicia lo radicó definitivamente en el juzgado federal Nº1, a cargo de Reinaldo Rodríguez, pero luego fue recusado y lo asumió Francisco Miño.

Los hijos de Silvia Suppo, Silvia, Marina y Andrés Déstefani, nunca creyeron que la muerte de su madre sucedió mientras Cóceres y Sosa robaban su negocio al voleo.

Andrés, el hijo de la víctima fue el encargado de dar a las autoridades judiciales detalles del negocio de su madre.  Cuando terminó la recorrida, el abogado Munné dijo a los medios que se habían concentrado en la vereda que se había podido constatar que las características reales físicas del lugar pusieron en crisis y desmienten el relato de los imputados.

“Cualquiera que analice esto, puede observar  que el ataque a Silvia fue directamente en el fondo del local, donde se encontró el cuerpo, y es falsa la mecánica de los hechos que plantean los imputados”. El abogado lamentó la negativa por parte de los magistrados de hacer una reconstrucción del hecho.

Al dar sus argumentos para refutar la versión de los imputados, el abogado dijo que se puede constatar del juicio que el relato de hacerlos exclusivamente responsables de una situación improvisada, está contradicho por distintos testimonios que se han verificado. Y citó a una perito, Dolores Perazzolo, que afirmó que no es imposible dos armas blancas utilizadas para asesinar de varias puñaladas no tengan registros de la tvíctima ni siquiera de sangre humana de nadie; “eso no se puede limpiar con medios simples, se requieren de recursos químicos y una complejidad para ello”, contó. Y agregó: “hay más gente involucrada y este hecho tuvo una preparación de gente con una capacidad de acción muy compleja”.

“Resultados objetivos” de la reconstrucción

Por su parte, Marina Destéfanis, otra hija de Silvia que estuvo presente en la inspección llevada a cabo en el negocio donde ocurrió el asesinato de su madre. Remarcó que en la reconstrucción se obtuvieron datos positivos. “Se pudieron obtener datos objetivos para la causa que concuerdan con lo que venimos planteando y con lo que plantearon algunos testigos como por ejemplo la ubicación del cuerpo de mi mamá, que se encontraba en la parte posterior del negocio, muy lejos de donde afirman haberla atacado los implicados”, indicó.

La presencia de la testigo María Mercedes Fasano también fue un punto a destacar por parte de Marina. “Su descripción es muy contraria a la de los imputados. Ellos dicen que la atacan en el frente del local y todos los signos de ataque que se obtuvieron con las pericias se encontraron en el fondo del negocio”, resaltó.

“A mi hijo lo quieren matar”

El policía jubilado Dante Gutiérrez, que participó en la detención de los imputados, declaró el miércoles 23 de febrero y reveló una situación que hasta el momento se desconocía y no constaba en ninguna de las actuaciones judiciales previas. Contó que, la madre de Cóceres y tía de Sosa le dijo “a mi hijo lo quieren matar”. Fue cuando la mujer acompañaba a los jóvenes a entregarse a la Comisaría 7º de Santa Fe para entregarse.

Al ser consultado sobre el accionar policial, Munné fue categórico: “desde un inicio la querella denunció que la policía de la provincia de Santa Fe, en ese momento a cargo del entonces Jefe Hugo Tognoli –detenido desde 2013 por una causa de narcotráfico-, no investigó nada. Ahora en el juicio queda claro que fue desastroso todo el accionar policial en las horas claves, por lo cual cabe plantearse la necesidad de investigar si hay un obrar de encubrimiento por parte de la policía provincial”.

Un video revelador

También durante el juicio se reveló la existencia de un video que registra los movimientos de los micros del día del crimen de Suppo, ya que según la  investigación, tras cometerlo el crimen los imputados viajaron a Santa Fe. Sin embargo, ese material aportado inmediatamente en su momento por la empresa concesionaria de la Nueva Terminal de Ómnibus de Rafaela, nunca fue puesto a disposición de la Justicia. “Sólo por una investigación de la querella se pudo saber de ese video y afortunadamente, contra lo que indica la rutina, la empresa había conservado una copia porque si no se hubiese perdido para siempre”, señaló el abogado.

Por último, Munné reiteró la necesidad de anular el juicio y para ello puntualizó que ya se presentaron los recursos correspondientes. “Esperamos que los tribunales superiores admitan que en estas condiciones no es válido el juicio. Es absolutamente inverosímil el relato de los confesos porque en este hecho hay más personas involucradas y resulta imprescindible que se lleve a cabo una investigación seria con medidas de fondos sustanciales para saber quiénes son los responsables del asesinato”.