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El próximo miércoles 3 de julio la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia resolverá si ratifica o no la prescripción de la causa conocida como “zona liberada” en la que Jorge Sobisch está imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El ex gobernador y actual presidente del Movimiento Popular Neuquino está acusado de haber dado la orden de no actuar a la policía provincial, cuando supuestos obreros de la UOCRA atacaron a un grupo de docentes que nucleados en ATEN se manifestaban frente a la destilería de la ciudad de Plaza Huincul, el 30 de marzo de 2006.

La sala penal deberá resolver el recurso presentado por la querella contra la resolución del juez correccional Alejandro Cabral que, el 19 de noviembre pasado, declaró extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyó al exmandatario. Cuando la causa se elevó a juicio, Sobisch “armó el escenario de una supuesta enfermedad. Viajó a Entre Ríos y se internó en una clínica anti-stress”, le dijo a Infojus Noticas Gustavo Palmieri, uno de abogados que intenta revertir la medida.

El abogado neuquino considera que este ataque al gremio docente que “representaba un problema” para Sobisch, fue el antecedente de la represión en Arroyito, cuando —un año después— el policía José Poblete disparó y mató al docente Carlos Fuentealba. Ahora el máximo Tribunal provincial debe resolver si para considerar la prescripción toma los dos años previstos como pena para por el delito de abuso de autoridad o sujeta la posibilidad de que la causa continúe a los cuatro de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público, como lo pidió la querella.

No es la única causa que involucra al gobernador en la que Palmieri y su socio, Ricardo Mendaña, actúan como querellantes. Como abogados de Sandra Rodríguez, la viuda de Fuentealba, consiguieron que la Cámara Criminal Primera de Neuquén condenara a prisión perpetua al policía que disparó; pero cuando intentaron que se investigara a Sobisch como jefe político y responsable por el asesinato del docente en la causa Fuentealba II, la pesquisa se paralizó. “Los jueces comenzaron a rechazar nuestros pedidos y los fiscales se retrajeron, dejaron de actuar”, dijo Palmieri.

Según el abogado, Sobisch reconoció en un discurso público que él le había dado la orden a la policía de no actuar en ese “desalojo”, cuando la supuesta patota de la UOCRA atacó a los docentes nucleados en ATEN. “En realidad eran punteros del gobierno, tenemos testimonios de los propios atacantes y hasta la factura con la que compraron los cascos amarillos para simular que eran del gremio de la construcción. El gobierno les financió el viaje y en una investigación interna del Consejo de Educación provincial está probado que también les pagaron la comida. Eso está todo en el expediente, pero el caso llego a juicio solo con nuestra acusación porque los fiscales decidieron no hacerlo”, dijo Palmieri.