Infojus Noticias

La Estancia I Pora, ubicada en el Departamento Garupa de Misiones, tiene 1004 hectáreas y es uno de los cuatro campos del ex gobernador Ramón Puerta. Es uno de los hombres más ricos de la provincia, y no es la primera vez que es denunciado por emplear niños y trabajadores en condiciones de esclavitud. Son los “tareferos”, obreros de la yerba mate, tan nombrados en las canciones populares del Litoral. El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) detectó 61 trabajadores en negro en la Estancia I Pora y radicó dos denuncias en la provincia. “Una denuncia la hicimos ante la Fiscalía Penal Federal n°2 y la otra ante la Procuraduría General. La causa es la misma. Denunciamos que los 61 trabajadores pertenecen a la estancia de Puerta, y que vivían en condiciones violatorias a los derechos humanos.  A partir de distintas fiscalizaciones, detectamos que estaban todos en negro, sin registro de ningún tipo y en condiciones inhumanas, con salarios violatorios de la Ley de Trabajo Agrario.”, dijo Jorge Sutil a Infojus Noticias, gerente del área Legal, Técnica y Administrativa del RENATEA.

A su vez, Sutil detalló que la Dirección de Infancia y Familia de Misiones sumó otra grave denuncia contra Puerta por trabajo infantil. “Había al menos un niño en el campamento, que por intervención del organismo provincial ya volvió con su familia. También encontramos un trabajador con picadura de insecto, que demostró un agravante a nivel sanitario. Los trabajadores vivían en condiciones miserables, hacinados, con higiene deficiente y en carpas improvisadas. Si bien no es un hecho aislado en la provincia, se corresponde con una situación que es preocupante no sólo en Misiones sino en todo el país”, explicó Sutil.

En Misiones, donde hace unos meses el organismo detectó que el 70 por ciento de los trabajadores no está registrado, el funcionario citó el caso del camión que volcó en un camino a mitad del año pasado, con un saldo de cinco muertos y 18 heridos. “Fue una consecuencia trágica de las malas condiciones de los tareferos. El camión iba repleto y volcó por no soportar el peso. Los trabajadores viajan como ganado y trabajan a destajo sin ninguna condición digna garantizada por sus patrones”, contó y explicó que las fiscalizaciones en los campos se realizan por dos vías: una, por denuncia de algún particular damnificado, y la otra, por cruce de datos y trabajos de inteligencia con organismos provinciales. En el caso de la estancia de Ramón Puerta, la denuncia fue efectuada por uno de los trabajadores explotados, quien también acusó al gremio de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) por la desprotección.

Cristobal Maidana, secretario general del Sindicato de Tareferos, dijo a Infojus Noticias que la situación laboral de los tareferos es “grave” y que los reclamos sindicales por mejores condiciones de trabajo “se arrastran desde hace un tiempo sin que solucione la calidad de vida de los trabajadores”. La jornada de tarefa implica, además de recolectar hojas, cargar con bultos de yerba de gran peso, puesto que el salario se efectúa por kilogramo de yerba cosechado.

Para Maidana, el empleado rural está expuesto todos los días a una “condición de explotación”  que no sólo repercute en el campo. “Hay migraciones del campo a la ciudad, los motosierristas, por ejemplo, están en conflicto permanente. Hay cerca de 400 trabajadores en el Mercado Central de Posadas  que son todos informales, es un porcentaje altísimo. Allí, en el último semestre, se dio el conflicto más grande, hubo apremios ilegales, la policía golpeó a delegados que lucharon por su situación laboral”.

Antecedentes en la Justicia

Según estadísticas del RENATEA, en los últimos meses se registraron 300 empresas en 18 provincias.  De 8 mil trabajadores, hay un 37 por ciento de trabajadores permanentes, un 17 de permanentes discontinuos y un 46 de temporarios. El funcionario reveló que hay casos de trata de personas y de trabajo infantil, aunque no precisó datos específicos. “Pudimos observar un alto índice de trabajo no registrado a lo largo y a lo ancho del país. Las malas condiciones de trabajo en los campos son mucho más frecuentes de lo que uno espera. En el gran Buenos Aires, por ejemplo, durante diciembre y enero fiscalizamos semilleras y maiceras y encontramos que hay muchas empresas que no cumplen con los requisitos del empleo formal. En la zona de Salto, Baradero, Arrecifes y Coronel Suárez, detectamos una serie de irregularidades que se repiten a diario”.

Desde la mitad del año pasado hasta la actualidad, hubo varios acontecimientos en torno al trabajo esclavo y su posterior judicialización. Después de años de haber estado paralizado, empezó  un  megajuicio por trabajo esclavo que involucra a seis talleres clandestinos por diseño de ropa. La causa tiene once imputados y hay 150 testigos que ya comenzaron a declarar ante el  Tribunal Oral N°6 -con sede en Comodoro Py-, que dictará sentencia en los próximos meses.

El 24 de octubre de 2013, en la zona del Valle de Lerma de Salta, una inspección de la delegación regional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social derivó en una denuncia penal. En una de las fincas visitadas, que se dedicaba a la plantación de tabaco, se detectó que once personas vivían bajo trabajo esclavo. La investigación quedó en manos de Eduardo Villalba, titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº 2 de Salta.

El 14 de diciembre la AFIP, a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, encontró  un taller textil en el barrio porteño de Floresta donde once trabajadores eran víctimas del delito de trata de personas. El encargado del taller quedó detenido y los funcionarios de la AFIP realizaron la denuncia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello.

El 10 de enero de este año el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, el Ministerio de Trabajo bonaerense y la Policía Federal realizaron un operativo en el campo "El Ombú", en Baradero. El descubrimiento fue atroz: un centenar de trabajadores de Santiago del Estero, que trabajaban en la cosecha de la soja y el maíz para una empresa multinacional, vivían hacinados en el mismo establecimiento donde trabajaban. La orden de allanamiento la dictó un Juzgado Federal de Campana que subroga Adrián González Charvay, a raíz de una inspección realizada por la AFIP.

Otro de los casos pendientes a resolver por la justicia es la desaparición del trabajador golondrina Daniel Solano.  Oriundo de Tartagal, con 26 años, fue visto por última vez el 5 de noviembre de 2011 en un boliche de Choele Choel, Río Negro. Esa misma tarde, en uno de sus últimos contactos telefónicos, le había dicho a su padre: “Nos pagaron mal. El lunes vamos a pedir los reintegros”.

Su cuerpo nunca apareció, pero la causa fue caratulada como homicidio: hay 22 policías imputados, 13 procesados, 7 detenidos y 34 denunciados. La estrategia de los abogados de Solano no es sólo imputar a los policías, sino convertir el caso en una megacausa, que se detenga a más personas y se avance en los procesamientos. Para ellos existe un grado de responsabilidades que llega hasta Expofrut Argentina S.A. (ex Univeg Expofrut S.A.), una multinacional belga que domina el negocio de la fruta.