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Tres jóvenes, dos de ellos testigos del caso por la desaparición de Luciano Arruga, fueron detenidos ilegalmente por policías en Lomas del Mirador, localidad de La Matanza. Uno fue golpeado salvajemente. La denuncia se sumó en la causa por la desaparición de Luciano en enero de 2009, que se tramita en el juzgado federal en lo Criminal y Correccional Nº 1, a cargo de Juan Pablo Salas.

El lunes a las ocho y media de la noche, los tres jóvenes estaban sentados en la puerta de la casa de uno de ellos, en el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, cuando “llegaron varios patrulleros sin identificación y bajaron policías y los pusieron contra la pared a dos de ellos. El tercero intentó correr, pero lo agarraron y ante su resistencia, lo empujaron, entraron a su casa y lo golpearon fuertemente en la cabeza, abriéndosela”, explicó a Infojus Noticias Vanesa Orieta, hermana de Luciano.

Los efectivos responsables son del Comando de Patrullas Comunitarias (CPC), una fuerza denunciada por ejercer la violencia impunemente contra los jóvenes de La Matanza.  Antes de ser golpeado, y en un intento de defenderse, el joven que expresó ser amigo de Luciano. La respuesta del policía fue: “¿Qué Luciano?, ¿qué me importa?” y posteriormente “cómo chapean con Luciano Arruga...”.

“Nunca nadie tuvo protección en la causa y es una causa por desaparición, no puede ser que no haya protección para los testigos que declararon en la causa”, dijo Orieta. “Esto pasa por la impunidad provocada por la inacción y como están las cosas, lo pueden seguir haciendo si quieren, porque es el reino de la impunidad. No se le da la gravedad que se le debe hacer al caso de Luciano. La policía no se puede manejar así”, agregó. 

Por fuera del protocolo

Después de golpearlos, “los tres fueron llevados a la Clínica Privada del Buen Pastor y dos de ellos fueron atendidos. El tercero, el que recibió la golpiza, fue trasladado al Policlínico de San Justo donde se le hicieron las curaciones correspondientes”, dijo Orieta  y se preguntó por qué dos de los heridos fueron llevados a una institución privada cuando deberían haber sido llevados a un hospital público, como indica el protocolo policial.  

Los tres jóvenes fueron llevados a la Comisaría 8°.  “En el camino pararon y agarraron  a un testigo para que diga que había habido resistencia a la autoridad. Eso es autoritario, ilegal,  anticonstitucional”, dijo Orieta y agregó que “al más golpeado le armaron una causa por Resistencia a la Autoridad, utilizando al "testigo". La hicieron en la  fiscalía de Fernando Quiroga de la UFI 9 de la Matanza”, detalló y agregó que el fiscal “nunca se preocupó por las víctima”.

“Nosotros dimos aviso a la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), que es la que tiene que fiscalizar la investigación, pero no se acercaron”, explicó Vanesa.

Orieta confirmó que la denuncia por la detención y golpes fue presentada en la causa que se tramita en el juzgado de Sala, por los abogados Juan Manuel Combi y María Dinard, del Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Todo esto pasa por la inacción que provoca estos casos, no se avanza, no hay condena judicial. Nosotros seguimos denunciando, la protección tiene que llegar antes de que nos sigan haciendo más cosas, antes de que pase algo peor”, concluyó Orieta.  

Cuatro años y medio sin Luciano

Luciano Arruga fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, un barrio del conurbano bonaerense. Ese día, el joven de 16 años que vivía en el Barrio 12 de octubre fue interceptado por un patrullero y trasladado al destacamento policial en la calle Indart, dependiente de la Comisaria 8 va. Este es el último lugar en el que se lo vio con vida. El libro en el que se anotaba el ingreso de los detenidos fue adulterado y del nombre de Luciano no quedó registro. Un año antes, el joven había sido detenido y torturado en la misma comisaría. La familia denunció que Luciano desapareció por negarse a robar para la policía.

En febrero de este año, después de que se cumplieran cuatro años, la causa, que estuvo caratulada como averiguación de paradero durante 4 años, pasó a la justicia Federal y comenzó a investigarse como “desaparición forzada de persona”. Desde ese momento pasó a manos de Juan Pablo Salas, juez federal 1ro del Departamento Judicial de Morón.

El cambio de caratula se dio apenas dos semanas después de que removieran de la fuerza a 8 policías involucrados en la desaparición del joven, muchos de ellos estaban en funciones en otras dependencias.