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Cuando se iba a dormir, Lina tenía que subir por una escalera angosta y metálica hasta un entrepiso en el galpón donde, durante el día, trabajaba haciendo muebles en la capital de la provincia de San Juan. Junto con ella había otras doce personas, ocho hombres, cuatro mujeres y un bebé de ocho meses. Los doce compartían un único baño. Todos eran colombianos. Habían llegado al país en búsqueda de un trabajo rentable pero fueron víctimas del engaño de una red de trata laboral que operaba en todo el país. Lina, que tiene 35 años, dejó a sus hijos y a su madre en Colombia. Pensaba en traerlos en algún momento pero la poca plata que ganaba apenas le alcanzaba para poder mantenerlos.

El 12 de junio el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con fuerzas especializadas del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Desarrollo Social, la AFIP y la Dirección Nacional de Migraciones realizaron el operativo antitrata más grande desde la sanción de la ley en 2008. Uno de esos 69 allanamientos, en los que se rescataron 245 personas y se detuvo a 23 en un solo día, se hizo en el galpón donde Lina era víctima de explotación laboral.

Después del operativo, las doce víctimas de trata laboral de San Juan quedaron al resguardo del refugio del Ministerio de Desarrollo Humano y promoción social local que acoge a las víctimas de trata. A partir de la intervención del Área de Asistencia de víctima los colombianos rescatados comenzaron a pensar en un proyecto de vida. Dos de ellos decidieron volver a su país de origen, pero el resto eligió organizarse y formar una cooperativa de trabajo.

“La idea es que trabajen en lo mismo que hacían que es la fabricación de muebles con cintas, pero de manera legal y que no dependan de nadie, que no tengan que rendir lo que ganan”, explicó a Infojus Noticias Vanesa Pringles, directora de Protección para personas en Riesgo social del Ministerio de Desarrollo Humano de San Juan.

El proyecto comenzará a funcionar en diez días. Desde el organismo que los acogió se les otorgará un subsidio de tres meses y herramientas para que puedan poner en funcionamiento la cooperativa y en los primeros tiempos obtengan el total de la ganancia. “Ellos tuvieron un rol muy activo en el proyecto de vida que van a encarar. Tuvieron que pensar posibles alquileres, buscar a sus viejos clientes, estudiar el mercado”, dijo Pringles.

Los diez colombianos habían llegado entre el año pasado y este al país. Primero estuvieron en la provincia de Córdoba, donde se presume que funcionaba el núcleo operativo de la red de trata, luego fueron enviados a San Juan.

En el galpón donde vivían y trabajaban no tenían un jefe. Allí fundían la cinta plástica con la que se confeccionan los muebles, los armaban y luego vendían casa por casa en cuotas. Cada uno de ellos tenía un rol diferencial en el galpón. Algunos eran carpinteros, otros se dedicaban al armado del mueble y otros a la venta ambulante. Una vez por mes iba hasta el galpón uno de los recaudadores de la organización. Se llevaba la mitad de la ganancia de las ventas y se iba.

Cuando desde el Ministerio de Desarrollo Humanos les dieron la posibilidad de volver a Colombia o regularizar su situación migratoria en el país, diez de ellos dijeron: “Nos vamos todos o nos quedamos todos”. Eligieron quedarse.