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Fotos: Leo Vaca

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El 6 de abril de 2002, tres días después de su secuestro, el rastro de María de los Ángeles Verón se pierde en la ruta que va de Los Gutiérrez a La Ramada, dos pequeños poblados con calles de tierra en el noreste tucumano. Cuando Daniel Verón llegó a preguntar por su hija en la comisaría de La Ramada le dijeron que no tenían registro de ella, pero los vecinos se acuerdan que el oficial Víctor Juárez subió “a la piba que estaba como perdida o drogada” en un micro de la línea que llega hasta la capital provincial. Verón fue acompañado por el entonces comisario Jorge Osvaldo Tobar, un conocido de su infancia al que recurrió cuando su hija no volvió a la casa familiar. Un mes después, la fiscal Joaquina Vermal designó a Tobar para llevar adelante la investigación.

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El 9 de junio de 2003 Vermal, la titular de la fiscalía de VIIIª Nominación, falleció. Los fiscales rotaban para subrogar la vacancia y el expediente quedó en manos de Ernesto Baaclini, el secretario. En 2012, durante el debate oral, el excomisario Tobar contó que pronto tuvieron los primeros datos sobre el traslado de Marita al polo prostibulario que el expresidente Carlos Menem dejó florecer en La Rioja. Igual de pronto, las primeras pistas falsas ingresaron en el expediente de la mano de Rubén “La Chancha” Ale. Sibila Camps recordó que La Chancha –siendo jefe de la barrabrava del Club San Martín de Tucumán -consolidó su poder cuando en los ’80, avalado por un pacto de “no agresión” con el ex comisario mayor “Malevo Ferreyra” y a los tiros, desplazó a Los Gardelitos. “Unos chorros chicos”, dijo Camps a Infojus Noticias al referirse a los vencidos por el Clan Ale-.


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El 27 de abril de 2004 la causa pasó de la fiscalía descabezada por el fallecimiento de Vermal a la de VIª Nominación, por orden del jefe de los fiscales de la provincia. En 2003, Susana Trimarco había recurrido al entonces Ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Dr. Gustavo Béliz, porque sospechaba de Baaclini (el secretario). Después de ese encuentro, la Gendarmería empezó a intervenir en los allanamientos de los prostíbulos que Irma “Mamá Lily” Medina regenteaba en La Rioja. Antes las policías provinciales habían frustrado varios de estos operativos y recién entonces se concretaron los primeros rescates de las jóvenes que prostituidas en La Rioja compartieron cautiverio con Marita. En 2012 sus testimonios serían claves: tanto que los jueces de la absolución no se animaron a negar que estaban frente a una red de esclavistas sexuales, aunque pusieron cientos de excusas para no creerles que habían visto a Marita.

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El 8 de noviembre de 2004 la nueva fiscal Adriana Reinoso Cuello (fiscalía VI) cerró la investigación. Para la fiscal solo había prueba para sentar en el banquillo de los acusados a 10 personas: de los que en 2012 fueron absueltos faltaban los hermanos Víctor y María Jesús Rivero -exesposa y madre de uno de los hijos de La Chancha Ale- y Gonzalo Gómez (hijo de la proxeneta Medina y mellizo de José “Chenga” Goméz, ambos imputados en la causa). La querella apeló y pidió que fueran incluidos junto a otros 12 sospechosos. En ese segundo grupo estaban dos hermanos Daniela Milhein, la mujer que prostituida por La Chancha siendo muy joven, tiene una hija con él y operaba en la red como “ablandadora”. En la sentencia de la Corte tucumana que en diciembre de 2013 revirtió las absoluciones, Milhein fue condenada por secuestrar a Marita y a fuerza de golpes y vejaciones “prepararla” para que la vendieran a los prostíbulos de La Rioja.

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El 18 de marzo de 2005, de los 15 acusados pedidos por la querella, el juez de garantías Víctor Pérez solo incluyó a Gonzalo Gómez y a los Rivero. La querella volvió a apelar. La causa llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones y la rechazaron. Volvieron a apelar. En 2006 el expediente recaló en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese año, el secretario Baaclini fue “invitado” a renunciar a su cargo después que Adriana Giannoni -la fiscal que reemplazo Vermal-“amenazara con denunciarlo, por las situaciones irregulares que detectó”, contó Sibila Camps en La Red. El abogado que acompañaba a Trimarco en ese momento era Saúl Ibáñez.

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Recién tres años después, en 2009, el máximo tribunal del país dictó un fallo salomónico. Ordenó a la Justicia tucumana iniciar el debate oral contra los 13 imputados “firmes” y comunicó que se tomaría más tiempo para resolver la cuestión de fondo. Esta decisión la tomó en 2011 cuando otra vez se dirigió a la Justicia provincial y le ordenó revisar los sobreseimientos de los 12 sospechosos que quedaron fuera del primer juicio.

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El 18 de mayo de 2009 por sorteo el juicio de los 13 acusados recayó en la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán, integrada por Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Los jueces se tomaron dos años y cinco meses más para definir la fecha del juicio que fijaron para febrero de 2012. "Todo indica que el tribunal habría accedido a un pedido de María Jesús Rivero y de la Chancha Ale para sacar bienes que tenían a su nombre, antes que empezara el juicio”, concluyó Camps al referirse a esa dilación.

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En 2012, después de 10 meses de audiencia, el 11 de diciembre la bomba explotó en un San Miguel de Tucumán en ascuas, que había esperado la sentencia histórica por más de cuatro horas: los trece imputados por la privación ilegítima de la libertad (en 2002) y la promoción de la prostitución a María de los Ángeles Verón fueron absueltos. En el capítulo “Palabras para encubrirlo”, Sibila Camps, muestra lo que ocultaron las palabras durante las audiencias: el tribunal prohibió a los abogados querellantes y defensores y a los fiscales decir que los locales donde fue vista Marita Verón en La Rioja eran prostíbulos; y dejó que las reclutadoras o entregadoras fueran mencionadas como “madrinas” y los hombres que pagan por sexo como “clientes”, cuando participan del sometimiento del cuerpo de mujeres ultrajadas una y otra vez. “Vendieron la causa de mi hija”, dijo Trimarco. Se refería a una denuncia que le había llegado por correo electrónico en septiembre de 2010, donde la avisaban que Cergio Morfil, el abogado de La Chancha y Rivero, negoció con los jueces de la absolución. Trimarco pidió el juicio político para los tres jueces, pero dos se jubilaron y la causa solo sigue abierta contra Romero Lascano.

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"Algo de justicia hemos conseguido por Marita y por todas las chicas", dijo Trimarco después de que el pasado martes un nuevo tribunal de Tucumán fijara los montos de las penas para los 10 acusados por el secuestro y explotación sexual de Marita. La dictaron después que en diciembre pasado, la Corte tucumana revirtiera la absolución y condenara a "El Chenga" y José Gonzalo Gómez, al policía riojano Domingo Andrada, acusado de reclutar mujeres para ser explotadas en los burdeles de "Liliana" Medina. Y al resto de los riojanos que retuvieron a Marita. De los tucumanos solo confirman la condena de Daniela Milhein y Andrés Alejandro González, acusados de ocultar a Marita en su casa hasta venderla a los proxenetas. A los hermanos Rivero los absolvieron pero a fines de 2013, María Jesús y su ex esposo, Rubén “La Chancha” Ale, fueron detenidos por orden del juez federal Fernando Poviña que los investiga por lavar dinero proveniente de una red de trata de personas que operaría desde 2002 en las provincias de La Rioja y Tucumán.

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Un nuevo juicio por Marita, esta vez con un solo imputado se definió en febrero de este año. Cuando la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán resolvió que Pablo Milhein vaya a juicio por los mismos hechos que su hermana Daniela, condenada por el secuestro de la hija de Trimarco a 18 años de cárcel. En la misma resolución, los camaristas Eudoro Albo y Liliana Vitar confirmaron el sobreseimiento de otras 11 personas que habían estado sospechados por la desaparición de la hija de Susana Trimarco
En 2004, cuando la causa por la desaparición de la joven tucumana se elevó a juicio, Susana Trimarco, asesorada por sus abogados, consiguió que en la provincia se abriera un nuevo expediente por “averiguación de paradero”. Hoy se acumulan allí muchas de las pistas sobre la joven, sobre todo desde 2008, cuando los investigadores volvieron a La Rioja, primero en Villa Unión, y después a Piquillín y Montecristo en Córdoba. Las últimas excavaciones tuvieron lugar en La Rioja, justamente en línea de prostíbulos en los en los que Marita habría sido esclavizada tras desaparecer el 3 de abril de 2002, cuando tenía 23 años y una hija de 3, Sol Micaela Catalán Verón que junto a su abuela, Susana Trimarco, la sigue buscando.