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En el centro geográfico de Argentina, en la localidad cordobesa de Villa María, se pueden dejar denuncias anónimas sobre trata de personas en un buzón amurado a las rejas del edificio de la fiscalía federal. Así lo dispuso la fiscal María Virginia Miguel Carmona que desde mediados de agosto guarda la única llave que da acceso al contenido de las denuncias que le permiten investigar supuestos casos de explotación sexual y laboral.

En febrero, a poco tiempo de empezar su labor como fiscal subrogante en Villa María, la fiscal Miguel Carmona se enfrentó con la crudeza del relato de las víctimas. Una mujer que ayudó a una chica explotada sexualmente en un prostíbulo del norte del país y logró escapar, por ejemplo, le contó que ella también había sido víctima de trata y “nunca supo dónde denunciar”.

“Me dijo que tuvo miedo de ir a la policía”, explicó la fiscal a Infojus Noticas. Miguel Carmona sintió que algo estaba mal: “Estoy cobrando un sueldo de vicio”, se dijo. “Se sabe que en la zona funcionan prostíbulos. En Villa María se cruzan varias rutas y basta recorrerlas para ver a las chicas. Me di cuenta que había que hacer algo para que los vecinos pudieran denunciar”, resumió la fiscal. “Muchas veces las mismas víctimas tienen miedo de ir a la policía porque son los que dan protección a los proxenetas”, explicó la fiscal. Citó que el último caso de trata descubierto en esa ciudad comenzó con una denuncia anónima a la Policía Federal.

Atenta a que la reforma de la ley de trata de personas, en diciembre de 2012, habilitó la posibilidad de recibir denuncias anónimas, la fiscal inició las consultas correspondientes. A fines de junio, se dirigió a la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, para explicar el objetivo de la propuesta. Advirtió que verbalmente “circulan numerosos datos e informaciones sobre redes de tratantes, que operan en la periferia de esta ciudad” pero que los vecinos temen denunciarlos, por posibles represalias o “por desconocimiento de la existencia de esta Fiscalía”.

La respuesta llegó de manos del fiscal general Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata de Personas, que asiste a todo el país en la persecución de ese delito. El 5 de agosto, Colombo no solo manifestó su entero respaldo al proyecto, sino que fue más allá. Advirtió que, por su experiencia, “los vecinos conocen de manera palmaria las realidades sociales que las circundan” y la participación de la ciudadanía en la persecución del delito de trata de personas, “incorpora un eslabón fundamental en la cadena de información  que conduce a la prevención y sanción de esta modera forma de esclavitud” (ver adjunto).

Tras recibir la respuesta, la fiscal Miguel Carmona puso manos a la obra. Una empleada de la fiscalía fue la encargada de buscar el modelo que mejor se adecuara a las necesidades. Lo encontró en un vivero de la zona y costó 300 pesos. Para pagarla, la fiscal pidió colaboración al municipio. “Enseguida conseguimos apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos del municipio, sino la compraba yo”, explicó la fiscal.

“Con la policía uno se entera de lo que ellos te traen”, dijo la fiscal. Ahora, quien pasa por la vereda puede dejar la denuncia dentro del buzón. Al principio, Miguel Carmona iba a abrir la caja cada 10 días, pero finalmente tuvo que hacerlo semanalmente. “La gente colabora, las denuncias son serias”, dijo la fiscal. Cada semana, recoge los datos del buzón, y labra un acta donde quedan registradas las denuncias que dan lugar a las investigaciones. “Estamos para cumplir un servicio y la gente tiene que saberlo”, explicó la fiscal.

La experiencia es inédita, pero ha tenido buena respuesta en la localidad de Villa María. Hasta ahora, han receptado dos denuncias por explotación laboral y otras por el funcionamiento de prostíbulos identificados por vecinos o víctimas de explotación. “No puedo dar detalles de las investigaciones porque están en curso, pero son mucho más que cuando ingresé a la fiscalía”, dijo Miguel Carmona.