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Quince represores imputados por delitos de lesa humanidad -cometidos en el centro clandestino de detención denominado "Pozo de Quilmes" durante la última dictadura cívico-militar- serán juzgados en forma oral y pública en La Plata. La imputación incluía también al ex segundo comandante del Cuerpo I del Ejército, Jorge Carlos Olivera Róvere, pero falleció en febrero pasado. Estaba condenado por otros crímenes de lesa humanidad.
La decisión fue adoptada por el juez subrogante a cargo del Juzgado Federal 3 de La Plata, Jorge Di Lorenzo, quien elevó el proceso donde está imputado, entre otros, el ex ministro de Gobierno durante la dictadura, Jaime Smart, indicaron a Télam fuentes judiciales.
De esta forma, el juez hizo lugar a la presentación realizada por los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro quienes acusaron a Smart; y al médico policial Jorge Bergés, por los delitos de "privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados”.
En la acusación se detallan los casos de 175 víctimas que estuvieron secuestradas en el Pozo de Quilmes, entre noviembre de 1975 y marzo de 1979.
Nueve de los imputados actuaron en el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, con sede en La Plata: Antonio Herminio Simón, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Anselmo Pedro Palavezzati, Ricardo Armando Fernández, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón, Gustavo Adolfo Cacivio, Miguel Ángel Amigo y Roberto Armando Balmaceda.
También están acusados el ex subjefe policial, Rodolfo Aníbal Campos; el ex segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería X del Ejército, con sede en La Plata, Héctor Humberto Gamen; y el ex jefe del Batallón Depósitos de Arsenales 601 Domingo Viejo Bueno, Eduardo Samuel De Lío.

La lista la completa el ex director general de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado a prisión perpetua en otras causas por delitos de lesa humanidad.
El Pozo de Quilmes, ubicado en la esquina de Allison Bell y Garibaldi, funcionó en las instalaciones de la Brigada de Investigaciones de esa localidad.
Según la fiscalía, "las condiciones de detención incluían la desnudez forzada y otras formas de violencia sexual que, desde una idea reparadora, es preciso visibilizar en su entidad propia".
"La violencia sexual ejercida sobre los detenidos de sexo masculino, ejecutada con la intención de feminizarlos, conllevó para éstos una humillación particular, adicionada al resto de los tratos inhumanos y degradantes proferidos por los captores", explicaron desde la fiscalía.

Télam/PW