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En las primeras horas del 24 de marzo de 1976, golpearon la puerta de Adán Noé Campagnolo. No era habitual que lo buscaran pasada la medianoche, pero como intendente de la ciudad de Santa Fe estaba acostumbrado a recibir pedidos a toda hora. Así que abrió con desconfianza. No imaginó que su vida cambiaría para siempre: un grupo de militares le exigieron que se subiera a un auto para trasladarlo a la municipalidad mientras le informaban que “El ejército tomó el país”. Entró al despacho del intendente que, hasta un par de horas atrás, había ocupado. Estaba colmado de uniformados que le extendieron un acta. Aún descolocado por la situación, le dijo a uno; “Yo no firmo nada, no tengo noción de lo que está pasando”. La respuesta lo sorprendió: “Se puede retirar”. Pero cuando puso un pie fuera del recinto le pegaron un culatazo en la cabeza que lo hizo comprender la realidad. Allí sí rubricó la entrega del poder. Campagnolo fue secuestrado y torturado de manera brutal, y las secuelas lo acompañaron toda su vida. Hoy empezarán a ser juzgados tres imputados por privación ilegítima de la libertad y tormentos.

El día que le hicieron entregar el mando, Campagnolo volvió a su casa. Lo fueron a visitar representantes de distintas organizaciones vecinales y referentes barriales, preocupados. Ni siquiera pensó en irse de su casa. Ya había entregado el mando. ¿Qué otra cosa iban  querer de él? Pero cuando empezaba a caer la tarde de ese mismo 24 de marzo, un operativo militar irrumpió en su hogar. “Sólo faltaron los tanques de guerra”, recordó en una entrevista con el programa Entre Líneas, emitida el 24 de marzo de 1996, que forma parte de la causa. “Me tirotearon toda la casa y me llevaron. En el auto había un teniente jovencito muy nervioso. Me dijo que me conocía y que yo iba a estar bien”, relató.

Lo llevaron a la Guardia de Infantería Reforzada. Más tarde, encapuchado, a otro lugar cuya ubicación se desconoce. Fue torturado brutalmente: según empleados policiales “le habían roto el ano con un bastón de goma y luego colocado una manguera conectada a una garrafa, abriéndole el gas, luego la cerraron y le pusieron la picana eléctrica, de forma tal que explotó el gas lastimándole los intestinos y Ia vejiga”. Su historia clínica es elocuente: "Setenta hematomas en distintas partes del cuerpo, siete costillas fracturadas, rotura de vejiga e intestinos, ano contranatural por seis meses".

Como su detención había sido “legal”, le permitieron a su yerno que lo visitara y le llevara comida. Campagnolo le dio su saco y su pantalón ensangrentados como prueba de las torturas que había soportado. El caso tomó relevancia pública y el 7 de abril el gobierno militar informó a través de las páginas de El Litoral sobre su estado de salud, que había “experimentado un deterioro” por el cual se decidió internarlo en el Hospital Cullen.

En ese comunicado justificaban las detenciones de “ex funcionarios, legisladores y dirigentes políticos y gremiales en averiguación de antecedentes y conexiones respecto de su actuación en distintos actos”. El último párrafo del comunicado es una muestra más del cinismo de aquel Estado genocida: “Las autoridades de esta intervención militar impartieron desde un primer momento precisas instrucciones respecto del trato correcto, alojamiento y alimentación adecuadas y atención médica permanente que se les debe dispensar a los detenidos".

Con la ropa de Campagnolo ensangrentada, que había recibido de manos de sus familiares, monseñor Vicente Zaspe se dirigió a Casa de Gobierno y se entrevistó con el coronel José María González. El militar levantó el teléfono, llamó y preguntó quién era responsable de lo que le había ocurrido a Campagnolo: Zaspe fue a esa dependencia policial y constató las torturas por los relatos de los propios uniformados.

Para el ex intendente, aquella actuación de Zaspe fue decisiva para salvarle la vida. Fue trasladado a la cárcel de Coronda. Allí compartió el encierro con Rubén Dunda, ex diputado peronista, también secuestrado el día del golpe militar. Dunda había llegado a la legislatura con apenas 26 años y desde su banca luchó por el esclarecimiento del asesinato de Ángel Brandazza, ocurrido el 28 de noviembre de 1972 en Rosario, durante la dictadura de Alejandro Lanusse. Al igual que Campagnolo fue liberado recién el 3 de abril de 1978.

Los imputados

El fiscal federal Walter Rodríguez le imputa a José María González, Jorge Diab y Ricardo Salomón los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada” y “tormentos agravados por haberse cometido contra perseguidos políticos”, mientras que a González y Diab también les adjudica el delito de “allanamiento ilegal de domicilio”.

González fue el primer interventor de la dictadura en Santa Fe y fue condenado a perpetua en la causa que investigó la desaparición de Mario Osvaldo Marini, el secuestro de la esposa de éste y del bebé de ambos. Diab integró el Destacamento 122. Está imputado en varias causas de lesa humanidad, entre ellas el martirio y las "violaciones sexuales agravadas" a Silvia Suppo y la supresión de identidad de María Carolina Guallane (recuperó su identidad en 1998: Paula Cortassa). Salomón fue oficial auxiliar de la Guardia de Infantería Reforzada. Pese a su bajo grado policial, los testimonios de otros uniformados son los que aseguran que fue el “autor directo, ejecutor inmediato de los ilícitos sufridos por Campagnolo”.

La investigación avanzó en 2012 con el aporte de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Horacio Coutaz. Esa tarea estuvo a cargo del equipo de investigadores que dirige Alejandra Romero Niklison.

Zaspe: luces y sombras

La actuación de Zaspe en torno a la detención de Campagnolo y su decisión de interceder por él vuelven a poner en discusión su rol, y el de la Iglesia Católica, durante la dictadura cívico militar. El mismo Zaspe participó de una reunión con la Junta Militar el 15 de septiembre de 1976, cuando ya estaba al tanto de la detención de Campagnolo y Dunda. Lo hizo junto a Juan Carlos Aramburu y Raúl Francisco Primatesta. El memo sobre esa reunión está guardado en la sede episcopal y, tal como reveló el periodista Horacio Verbitsky en distintas publicaciones, contiene frases esclarecedoras.

Allí se lee: "Los obispos somos conscientes de que un fracaso llevaría, con mucha posibilidad, al marxismo y, por lo mismo, acompañamos al actual proceso de re-organización nacional del País, emprendido y encabezado por las Fuerzas Armadas, lo acompañamos con comprensión, a su tiempo con adhesión y aceptación".

Un párrafo es por demás de contundente: la cúpula eclesiástica se ve ante una disyuntiva y establece dos opciones. La primera, "un silencio comprometedor de nuestras conciencias que, sin embargo, tampoco le serviría al proceso". La segunda, "un enfrentamiento que sinceramente no deseamos". La conclusión está escrita en mayúsculas: "EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS EL PAÍS PIERDE".

Zaspe también estuvo presente en la reunión con Jorge Rafael Videla del 10 de abril de 1978, en la que el genocida admitió ante ellos lo que recién hizo público 34 años después: que los desaparecidos habían sido asesinados. Al igual que en aquella reunión de 1976, además de Zaspe estuvieron Primatesta y Aramburu. Ninguno de los tres se refirió jamás a esa reunión. Tampoco hicieron pública la confesión del dictador.