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La segunda causa abierta por el secuestro, la desaparición y el asesinato del ex gobernador salteño Miguel Ragone quedó habilitada ayer, en el marco de una nueva audiencia del juicio oral y público que por delitos de lesa humanidad se desarrolla en Salta desde el 2 de diciembre pasado, en perjuicio de 18 víctimas. La audiencia comenzó en los tribunales federales de Salta, y finalmente se pudo leer la requisitoria fiscal de elevación a juicio de esta causa, que venía postergada desde el inicio del proceso, primero por razones formales y de plazos y luego por la falta de defensor oficial de uno de los acusados.

Los imputados en esta causa, identificada con el expediente 4129/14, son los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro, a quienes se los acusa de haber cooperado para liberar la zona en la que el ex gobernador salteño fue secuestrado, y de evitar las acciones investigativas correspondientes. De esta manera, los ex comisarios garantizaron la impunidad y el ocultamiento de los autores del secuestro, la desaparición y el homicidio de Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976, en la zona del monumento al general Martín Miguel de Güemes, cerca del domicilio del ex mandatario en la ciudad de Salta.

Esta causa se trata en el marco de un juicio que desde diciembre pasado analiza un total de diez expedientes, con 18 víctimas y seis acusados, a cargo del Tribunal Oral Federal de Salta (TOF), integrado por Federico Díaz, Mario Juárez Almaraz y Marta Snopek, junto a quien oficia de cuarta jueza, Alejandra Cataldi.

Ayer, la defensora pública oficial María Ximena Colombres asumió finalmente la defensa de Saravia, luego de la decisión del TOF de no hacer lugar a un pedido de inhibición, por entender que no existen intereses contrapuestos ni incompatibilidades para el ejercicio de esta representación.

En la lectura de la requisitoria se estableció que Saravia, que era el jefe del Departamento de Informaciones Policiales, el llamado D2 de la Policía de Salta, fue acusado de haber sido "cómplice primario" de los delitos de "homicidio doblemente agravado por alevosía, con el propósito de ocultar la comisión de otro delito, asegurar sus resultados y lograr impunidad, con el concurso premeditado de dos o más personas".

Esto en el caso de Ragone y del almacenero Santiago Arredes -que murió baleado por ser testigo del secuestro del ex mandatario-, y los mismos delitos pero en grado de tentativa en el caso de Margarita Martínez de Leal, que resultó herida de bala durante el hecho.

En tanto, a Liendro y Guaymás, que se desempeñaban como subjefe de la Comisaría Primera y jefe de la Unidad Regional 1 de Salta, respectivamente, se los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

Tras la habilitación del debate, el TOF pasó a un cuarto intermedio para luego continuar con la etapa de testimoniales que se venía desarrollando en el juicio, en el que también están imputados el ex encargado del área de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil; y los militares retirados Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz,

Este juicio oral y público examinará finalmente nueve expedientes de los 11 inicialmente previstos, debido a que uno de los represores acusados, el ex jefe del Ejército en Salta durante la última dictadura, Carlos Mulhall, falleció el 24 de noviembre pasado, a los 84 años. A estos nueve expedientes se le suma la causa Ragone II, que será la última que se debatirá durante el proceso oral y público.

Gentil y Mendíaz siguen el debate por videoconferencia desde tribunales federales de Buenos Aires y Rosario de Santa Fe, mientras que Guil, Saravia, Guaymás y Liendro siguen las audiencias desde la sala del TOF.

Además de Ragone, Arredes y Margarita Martínez de Leal, son víctimas de las causas comprendidas en este juicio Rubén Yañez Velarde, Ramón Díaz Romero, René Locascio Terán, Alfinio Elido Oroño, Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Ricardo Munir Falú y Lucrecia Barquet. También Hugo Maza, Lidia Gómez de Colqui, Rolando Gómez, Alfredo Colqui, y Luis Obrero Destello Iñiguez Vázquez.

Los fiscales que actúan en este debate son Francisco Snopek y el ad hoc Juan Manuel Sivila, mientras que Gastón Casabella, junto a Martín Avila, está a cargo de la querella conjunta de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia, y Matías Duarte representa a la querella de la familia Ragone.

De las 18 víctimas, cinco fueron asesinadas y cuatro siguen desaparecidas, como consecuencia de crímenes represivos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976.