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En el contexto del crecimiento de la participación política en la Argentina de la última década, la juventud en todo el país impulsa procesos de regulación de los centros de estudiantes en varios niveles educativos. Es el caso de Entre Ríos, que hace exactamente un mes, sancionó la ley 10215 de Centros de Estudiantes, norma que entró en vigor hace apenas una semana.

La normativa estipula que el Estado provincial “garantiza el derecho de agremiación de los estudiantes entrerrianos de instituciones educativas de nivel secundario, terciario no universitario, y carreras de educación no formal de más de un año de duración”. Según la norma, no podrá haber más de un centro de estudiantes por institución, y en él podrán participar los estudiantes regulares.

En una de sus partes más programáticas, la ley define a los centros de estudiantes como “la organización democrática, representativa, necesaria y autónoma de los estudiantes”, y afirma como uno de sus objetivos el deber de “defender y asegurar el cumplimiento y pleno ejercicio de los derechos estudiantiles”.

En los establecimientos educativos donde no existiesen centros de estudiantes al momento de entrar en vigencia la ley, las autoridades deberán convocar a la elección de delegados en los cursos. Reunidos en Asamblea de Delegados, los estudiantes deberán elegir una Junta Electoral y convocar a una votación para elegir a las autoridades de la comisión directiva del nuevo Centro.

Una de las funciones de los centros de estudiantes consiste en “contribuir al desarrollo de una cultura política pluralista en la búsqueda de consensos y la armonización de las diferencias a través de la discusión y la deliberación”. Para lograrlo, los centros de estudiantes estarán compuestos por tres órganos: la Asamblea General, el Cuerpo de Delegados, y la Comisión Directiva.