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Comenzó esta mañana en Santa Fe el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad entre febrero de 1976 y agosto de 1977. Son 24 causas acumuladas que conforman la denominada “megacausa”, que contiene la mayor cantidad de víctimas del terrorismo de Estado en la capital provincial. El expediente fue elevado a juicio en 2012 y desde entonces fallecieron dos imputados: el ex policía Héctor Colombini, condenado a 23 años de prisión en 2009 en la “causa Brusa”, y José María González, primer interventor militar de la dictadura en Santa Fe, condenado a perpetua en 2011 por la desaparición del militante peronista Mario Osvaldo Marini. El año pasado fue juzgado por su participación en el secuestro del ex intendente Noé Adán Campagnolo, pero fue separado de la causa por cuestiones de salud, antes de la sentencia. Semanas después, falleció.

Los imputados, en definitiva, son cinco: Jorge Roberto Diab, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 entre 1975 y 1979, por 34 homicidios y 4 secuestros; Juan Calixto Perizotti, coordinador del Área 212 y jefe de la Guardia de Infantería Reforzada entre 1977 y 1983, por 16 homicidios y 4 secuestros; Domingo Morales, ex jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia por tres homicidios; y el ex juez de menores Luis María Vera Candioti, junto al coronel retirado Carlos Enrique Pavón, por la apropiación y la sustracción de identidad de Paula Cortassa.

“Nosotros creemos que es muy poca la cantidad de imputados. Tenemos una segunda parte, una residual de esta causa que está en instrucción, con todos los pedidos de medidas que hicimos desde la querella. Hemos pedido en esta etapa al menos 15 imputados más”, expresó la abogada Lucila Puyol. Su colega, Guillermo Munné, agregó que “una de las limitaciones de los juicios que llegan a etapa oral son las decisiones del juez Reinaldo Rodríguez”.

Como muestra de esas determinaciones que cuestionan el fiscal, la querella y organizaciones de derechos humanos se puede poner como ejemplo la decisión de no imputar al ex comisario Roberto Martínez Door, condenado en 2012 a diez años y medio de prisión por el secuestro y los tormentos sufridos por el militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, Froilán Aguirre.

En la actual “megacausa” se investiga un operativo realizado el 6 de septiembre de 1976 en la casa de Vilma Pompeya Gómez y Luis Alberto Vuistaz, ubicada en Martín Zapata 2526. Allí también se encontraba un amigo de ambos, Miguel Ángel Fonseca. Un grupo armado ingresó al domicilio, asesinó a Vuistaz y Fonseca e hirió de gravedad a Gómez.

“Solvencia, virilidad y espíritu de sacrificio”

En el legajo personal de Martínez Door se encuentra una felicitación de sus superiores por su actuación en ese hecho: “El jefe de la URI felicita al causante y personal actuante del Comando Radioeléctrico con motivo de los hechos acaecidos en la finca de calle Martín Zapata 2526 de esta ciudad por la destacada solvencia, virilidad y espíritu de sacrificio puesto de manifiesto en el citado enfrentamiento armado exhortándolo a proseguir con igual entusiasmo y dedicación en su cometido para el logro definitivo del restablecimiento del orden público y moral en nuestra patria”. Sin embargo, Martínez Door, alias “Morrongo”, quedó afuera de este proceso judicial.

“Tenemos muchos obstáculos para ampliar las investigaciones respecto de más responsables, por ejemplo en la Policía de la provincia de Santa Fe. Eso lo hemos cuestionado formalmente, y también la fiscalía está señalando esta deficiencia en la etapa de instrucción. En este caso se hace muy evidente: ante la envergadura de la causa, un número tan reducido de imputados lo hace visible. Pero esta causa muestra todas las facetas del terrorismo de Estado en Santa Fe, desapariciones, asesinatos, privación ilegítima de la libertad, tormentos y apropiación de menores”, agregó Munné.

Por su parte, Santiago Bereciartúa, que lleva adelante la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, sostuvo que esta causa “es muy importante por Vera Candioti, un juez, otro civil responsable de los delitos de lesa humanidad”. “Creemos que es paradigmático este juicio, el segundo en Santa Fe con un imputado del poder judicial. Santa Fe está marcando un camino en el país, porque se están juzgando jueces por su responsabilidad civil en crímenes de lesa humanidad”, insistió.

Robo de bebés

Es la primera vez que en Santa Fe se juzga la apropiación y la sustracción de identidad de un menor. El hecho ocurrió el 11 de febrero de 1977 en una casa ubicada en calle Castelli 4531. Un grupo de tareas del área 212 ingresó al domicilio y secuestró a Blanca Zapata y su esposo Enrique Cortassa. Blanca estaba embarazada de siete meses. Fue asesinada. Enrique continúa desaparecido. En la casa también se encontraba Cristina Ruiz, quien también fue asesinada. Sus dos hijos fueron entregados a sus abuelos, mientras que Paula Cortassa, de apenas 18 meses de vida, estuvo cerca de diez días en la “ilegalidad”. Se cree que fue utilizada para “ablandar” a su papá en las sesiones de tortura, durante los interrogatorios.

“La dictadura fue un plan sistemático de represión y los delitos cometidos contra los niños también formaron parte de este plan. Vera Candioti como juez cometió todas las irregularidades posibles para que los familiares de Paula no sepan dónde estaba, que no conozcan qué había pasado en la casa de calle Castelli. Se la dio en adopción sin ningún control ni ninguna búsqueda de los familiares biológicos”, precisó Bereciartúa.

Paula fue adoptada por la familia Guallane y a mediados de la década del 90’ comenzó a buscar a su familia biológica. En 1998, con 23 años, supo que su verdadero nombre era Paula Cortassa, pero optó por seguir llamándose María Carolina Guallane. “Ese juez me tomó como un paquetito y me dio en adopción como NN sabiendo quién era yo”, afirmó en una entrevista con Página 12.

Pedidos de apartamiento

En el inicio del juicio el defensor oficial Martín Gesino solicitó que Jorge Roberto Diab sea apartado del proceso por su estado de salud. “El informe médico es concluyente, no sólo en lo físico, sino también en lo mental. No está en condiciones de afrontar un juicio”, sostuvo. “Los antecedentes a los que accedimos, recién en el día de ayer, no permiten sustentar lo que dice el informe. Se dice allí que tiene conciencia de situación, de lugar, y tiene la capacidad que se le requiere a un imputado para estar en un juicio”, replicó el abogado querellante Munné.

Tras un cuarto intermedio que se prolongó más de lo esperado los jueces Ricardo Vázquez, Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Otmar Paulucci decidieron el apartamiento provisorio de Diab y concedió tres días hábiles para la realización de nuevos exámenes con la intervención de peritos convocados por las partes.

El mismo Gesino solicitó también que otro de sus defendidos, el ex juez Vera Candioti, siga el juicio desde una sala contigua y sólo se haga presente en la sala principal “cuando sea requerido”, ya que sufre de “hipertensión severa” y debe evitar “situaciones de stress”. Tras conceder esa solicitud se definió que el juicio se retomará el próximo viernes 24 de abril, a las 10 horas.

Distintas organizaciones gremiales y de derechos humanos se convocaron frente a la sede del Tribunal Oral Federal minutos antes del comienzo del juicio. Una de las primeras en llegar fue Otilia Acuña, histórica entre las Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, que con 93 años llegó más de una hora antes al lugar y se sentó a esperar el comienzo de la causa.

La gran cantidad de víctimas motivó la llegada de familiares desde distintos puntos del país. Una de ellas fue Leticia Angerosa, diputada por el Frente para la Victoria de la provincia de Entre Ríos. Su hermano, Daniel, fue secuestrado en 1976 en Santa Fe y continúa desaparecido.

NL/RA