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Los cinco ex funcionarios de la justicia federal de Córdoba acusados por complicidad con la dictadura militar sufrieron un traspié en la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia, y se encaminan inexorablemente a sentarse en el banquillo de los acusados. En su tramo resolutivo, el fallo de los camaristas Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos –al que accedió Infojus Noticias- es un revés tras otro para las aspiraciones de los imputados: no sólo rechaza la prescripción de los delitos y las nulidades pedidas por sus abogados, sino que confirma los casos por los que habían sido procesados y revoca otros por los que habían sido sobreseídos.

Miguel Ángel Puga, ex titular del Juzgado Federal Nº 2; Antonio Cornejo, ex fiscal federal; Ricardo Haro y Luis Molina, ex defensores oficiales, y Carlos Otero Álvarez, ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 y por entonces vocal del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba, se los acusa por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes (artículo 274) y encubrimiento (artículo 277)”. En 1976, los ex funcionarios tenían bajo su tutela a una treintena de presos políticos, que terminaron asesinados entre el 30 de abril y el 11 de octubre de 1976 en ocho fusilamientos colectivos que fueron maquillados como intentos de fuga.

Como ejecutores e ideólogos de estos crímenes, fueron sentenciados en diciembre de 2010 los ex generales Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, y una veintena de ex militares y policías. La responsabilidad penal de los jueces siguió investigándose en otro expediente que se conoció como la “causa de los magistrados”, donde los sobrevivientes contaron que a pesar de sus denuncias a la justicia federal, las torturas continuaban. Después de idas y vueltas, el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, procesó a Puga, Otero Álvarez y Cornejo en octubre de 2012 y dictó la falta de mérito para los ex asesores letrados públicos Haro y Molina.

Nadie quedó conforme: la fiscalía y las defensas apelaron, y la investigación estuvo dos años y medio paralizada. Hasta que hace dos semanas, la nueva conformación de la Cámara convocó a las partes a audiencias públicas para escuchar los argumentos de unos y otros.

Carlos Gonella, ex fiscal federal de Córdoba y actual titular de la Procelac, describió “terribles homicidios y torturas sufridos por las víctimas de la UP1”, y mostró fotografías de los expedientes, con rastros inocultables de tortura, exactamente como los veían los jueces, como el caso de Marta del Carmen Rosetti de Arquiola, torturada en el D2 y asesinada el 30 de junio del 76: “Esas personas después contaban ante los jueces y funcionarios que los torturaban y los estaban matando”, dijo Gonella. “Hubo una omisión sistemática de los aquí acusados. Ellos conocían estos hechos”, aseguró. Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dijo que rodeaba a la causa “una gran sensación de impunidad” y advirtió que “no se admiten más dilaciones”.

Las defensas hicieron planteos técnicos que fueron rechazados en el fallo de hoy, y negaron que tuvieran obligación de denunciar. “¿Por qué él iba a dudar de esos comunicados de autoridades que afirmaban que sus defendidos habían muerto en un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas militares?”, preguntó, por ejemplo, Justiniano Martínez, abogado del ex defensor oficial Luis Molina.

Finalmente, los jueces se inclinaron por los argumentos de los acusadores, y los ex funcionarios quedaron más cerca del juicio oral. El 2 de junio, a la una de la tarde, se conocerán los fundamentos.

LB/LC