Infojus Noticias

Leído como un crimen simple, después de una discusión ocasional, el fusilamiento a quemarropa de los hermanos Sergio y Matías Aballay la madrugada del último domingo parece un sinsentido. Los dos hombres fueron a comprar bebidas a un almacén del barrio Tiro Federal de la ciudad de Trelew, en Chubut. Sergio entró al comercio y Matías se quedó esperando en el Ford Focus con la mujer de Sergio, Débora, y su bebé de dos meses en brazos. Unos minutos después, los hermanos estaban muertos.

Dos fuentes muy cercanas a la familia permitieron a Infojus Noticias reconstruir lo sucedido, de acuerdo al relato que Débora dio a la policía. Los Aballay estaban en la casa de su padre, Miguel, que está en el barrio 53 viviendas, celebrando el día de la Mujer. La bebida se acabó y los hermanos se cruzaron a una despensa del barrio Tiro Federal, que está justo enfrente. Sergio bajó del auto y la dueña del comercio, aunque a esa hora ya está prohibido, estaba dispuesta a vendérselas. Un hombre que estaba tomando en la vereda se enojó y discutieron. Débora –que se había quedado en el auto, a un metro y medio- escuchó que Sergio decía que se iban a otro comercio, que no quería generar problema. Y así lo hicieron.

La siguiente despensa está a unas cuadras de distancia. Lo que siguió después es muy extraño: el hombre de la discusión los siguió unas cuadras a bordo de un Volkswagen Senda blanco. Se detuvo detrás de ellos. Hay al menos dos versiones distintas de lo que pasó. Una es que el hombre bajó la ventanilla y disparó desde el auto con un calibre pesado, matando a Sergio de un disparo entre los ojos. La más firme –que fue la que dio el padre de los hermanos a la radio LU20, la más oída de la ciudad-, es que el matador se bajó del auto y le disparó entre los ojos a un metro de distancia. Lo cierto es que Débora le gritó a Matías que arrancara. Al ver que el auto se movía, el agresor -que la mujer reconoció como Horacio Alejandro Blanco- disparo hacia el asiento del conductor y le acertó uno o dos tiros a Matías.

Aunque la autopsia aún no está, serían en la espalda. El trabajo del hombre todavía no estaba acabado. Oyó un nuevo grito de Débora y –a pesar de los vidrios polarizados- se dio cuenta de que quedaban testigos. Se paró de frente al auto y disparó hacia el parabrisas, pero Débora se refugió y se salvó.

La policía pidió la captura de Blanco y allanó su casa. El jefe de la Unidad Regional de Trelew, el comisario Carlos Bidera, dijo que se encontraron “pruebas importantes para la causa”. Cuando la policía provincial llegó al lugar del hecho, los vecinos descargaron su ira: ocho efectivos fueron alcanzados por la lluvia de piedras. Pronto llegaron los refuerzos: Infantería, GEOP y la división Canes.

Los testigos de Antillanca

Sergio Alejandro y Denis Matías, con 23 y 25 años, no son muertos anónimos. La noche del 5 de septiembre de 2010, a la salida de un boliche nocturno, los hermanos recibieron una feroz golpiza de policías de la seccional 4ta. de Trellew. Esa misma noche, terminaría muerto Julián Antillanca.

Los hermanos Aballay no se quedaron quietos. Denunciaron a sus verdugos y sus apellidos resonaron en la quietud provinciana del sur. El oficial Diego Rey, el cabo Martín Solís, la agente Analía Di Gregorio, el agente Jorge Abraham y el comisario Carlos Sandoval fueron condenados por privación ilegítima de la libertad agravada, abuso de arma, vejaciones y encubrimiento. Otros tres agentes fueron absueltos. Una filmación callejera en la que se veía cómo los hermanos eran golpeados, que fue prueba en esa investigación, terminaría por gravitar en pesquisa paralela, que hasta ese momento corrían por carriles separados: el asesinato de Julián Antillanca la misma noche de los apremio a los Aballay. El video mostraba que esa noche la comisaría 4ta. ya había ejercido violencia.

La versión policial –que replicaron los medios- fue que Julián había aparecido tirado en una rotonda con un coma alcohólico. En el juicio, hubo un testigo que vio que cargaban un cuerpo al patrullero. Dejaron pasar mucho tiempo para la autopsia. Había rastros de ADN en ese patrullero con un “linaje” compatible al de Antillanca. El 19 de marzo de 2012, los cuatro policías acusados fueron absueltos por el crimen de Julián, pero condenados a penas leves por los apremios a los Aballay. Los cuatro siguen cumpliendo funciones en la policía provincial. Luego de la presentación de un recurso extraordinario, el Tribunal Superior de Justicia anuló el fallo del Tribunal Oral y mandó a hacer un nuevo juicio. Iba a ser este año. Los hermanos Aballay ya no podrán testimoniar.

En esa clave, con la policía barriendo la provincia a sus anchas, el crimen de la madrugada pasada podría ser el final de un entuerto de vieja data, y no el principio de uno nuevo. La descripción de Débora no alcanza, por sí misma, a explicar dos ejecuciones sumarias. El comisario Carlos Bidera, se apresuró ayer a cortar los hilos imaginarios que se tendían entre un caso y el otro. “No habría vinculación de un hecho con el otro”, dijo. “Se está investigando. No se descarta nada y se agotan todas las instancias, pero no habría vinculación”.

La complicidad judicial

“Nosotros ya no hablamos sólo de violencia policial, que va in crescendo, sino de negligencia o complicidad judicial”, dijo un activista de derechos humanos consultado por Infojus Noticias. Una saga de muertes sospechosas y violencia policial son indicios de sobra. Desde el regreso de la democracia, la estadística de la Correpi habla de 54 muertes por gatillo fácil en Chubut. Del total, desde 2003 a la fecha, hubo 41.

El caso testigo es el de Iván Torres, el chico desaparecido en Comodoro Rivadavia. Su caso fue espeluznante: murieron durante la investigación del crimen seis testigos claves. Le costó al Estado argentino la primera condena internacional por una desaparición en democracia.

En marzo de 2009, un equipo de la policía de elite GEOP entró en Corcovado sin órdenes de allanamiento desbaratando todo lo que se le ponía adelante. Se asemejó a los operativos de tierra arrasada en las guerras civiles centroamericanas. Además de los destrozos, los policías dejaron a su paso muerto a Wilson Bustos, parapléjico a Marcos Bustos, abusada una nena de 8 años, y desaparecido a Luciano González. A fines del año pasado, un paisano encontró un cráneo y otros huesos en una aldea de provincia, Cerro Centinela: era el cadáver de Luciano González. La justicia no llegó ni al juicio oral.

El año siguiente sería el turno de Julián Antillanca. En enero de 2012 vendría otro caso para el escándalo: la violación en la comisaría Segunda de Trellew de Maximiliano Almonacid. En la instrucción de la causa, tres de los policías imputados reconocieron en juicios abreviados su autoría para llegar a condenas bajas. Sin embargo, esos procesos no fueron tomados en cuenta en el proceso oral y los otros tres policías fueron absueltos y siguen en la fuerza. El juicio a Almonacid tuvo el mismo destino que el de Antillanca: un recurso extraordinario de nulidad en el Tribunal Superior de Justicia. Las audiencias ya terminaron. Ahora debe resolver.

El testigo clave del caso Almonacid se llamaba Bruno Rodríguez Monsalve que estuvo preso junto con Maxi y contó que había sido violado. Luego de declarar contra la policía, Bruno se fue de la provincia bajo el plan de protección de testigos, a vivir una nueva vida. El 26 de marzo de 2012, volvió por 24 horas para tramitar un cambio de domicilio. Ese día lo mataron. El supuesto asesino era Aldo Gastón Béjar, un pibe humilde con varias entradas a la comisaría. Su abogado defensor, el más caro de la provincia, Fabián Gabalachis, defensor de los genocidas condenados por la masacre de Trellew.

Meses más tarde, como por arte de magia, desaparece César Monsalve, el sobrino de Bruno –también en un plan de protección de testigos desde la muerte de su tío-, y apareció 53 días descuartizado. Cuando se hizo la autopsia, se omitieron los exámenes que podían determinar si había sido violado. Ni los médicos lo hicieron, ni el fiscal los pidió.

“El nuevo juicio por la muerte de Julián Antillanca será un punto de inflexión: va a sentar la jurisprudencia de los juicios que se vienen después”, agregó la fuente vinculada a la defensa de los derechos humanos. En una provincia que, en esa materia, está reprobada.