Lo dijo la directora nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (Infojus) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María Paula Pontoriero, en las "Jornadas Regionales de Responsabilidad Social y Planificación Estratégica del Territorio", que se realizan entre hoy y mañana en la ciudad de Formosa.
Con la participación de más de 3.200 asistentes comenzaron hoy, en la ciudad de Formosa, las “Jornadas Regionales de Responsabilidad Social y Planificación Estratégica del Territorio” que declaradas de interés provincial, legislativo y académico, se desarrollarán entre hoy y mañana en el Galpón G del Paseo Costanero “Vuelta Fermosa”. El gobernador Gildo Insfran acompañó la apertura que estuvo a cargo de Stella Maris Zabala de Copes, titular de la Fiscalía de Estado provincial y luego, a lo lardo del día, profesionales del Derecho, operadores judiciales y funcionarios nacionales y provinciales expusieron sobre políticas públicas con enfoque social y en derechos.
En el predio, ubicado a un lado del río Paraguay, se instalaron más de 40 stands donde pequeños productores formoseños, y operadores estatales de políticas públicas nacionales y provinciales mostraron al público su labor. Y fueron aprovechados, para el esparcimiento y para apaciguar el calor con un mate tereré o unos jugos naturales, entre una ponencia y otra. En un recorrido por estos puestos, la fiscal de Estado, señaló a Infojus Noticias que dentro de las tareas que la ocupan en el área a su cargo “está la defensa del patrimonio provincial pero, esto no solo implica representarlo judicialmente, sino que debemos hacerlo entendiendo que las políticas deben aplicarse con responsabilidad social y de inclusión”.
En este sentido, la directora nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (Infojus) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María Paula Pontoriero, se refirió a las políticas de acceso a la justicia que se promueven como políticas públicas desde el gobierno nacional y el ministerio que integra, y particularmente aquellas que hacen al acceso gratuito y federal al conocimiento del derecho.“En 2011, la presidenta impulsó Infojus con la premisa de que debíamos hacer un servicio integral con acceso a todas las fuentes del derecho. Hoy, que todos tengamos el acceso al conocimiento del derecho -de las normas, la jurisprudencia y la doctrina- es una política pública”, reafirmó la titular de Infojus.
En particular Pontoriero se refirió a la experiencia de la biblioteca electrónica de derecho argentino, al área de investigación, a la editorial, la agencia de noticias, la red de Centros de Consultas de Infojus. Y, para finalizar, señaló que actualmente el área a su cargo se encuentra trabajando para explicar legislaciones “en un lenguaje más llano para toda la comunidad, más allá de los profesionales del derecho”; por ejemplo, aquellas referidas a los derechos de los consumidores o de las personas que trabajan en servicio doméstico a hacerlo en blanco.
La funcionaria se refirió además, a las otras políticas de inclusión que lleva adelante el ministerio como parte del proyecto que impulsa el gobierno nacional. Así enumeró, los más de 120 Centros de Acceso a la Justicia que atienden con equipos interdisciplinarios en los lugares más vulnerables. “En el barrio los toman como referencia”, dijo la directora de Infojus. Mencionó además los Centros de Mediación, que “ayudan a reducir la conflictividad social”; el programa de Acceso a la Justicia para las personas con discapacidad (ADAJUS), entre otros.
En la apertura de la jornada la fiscal de Estado, que representa a la provincia en los litigios judiciales que la tenga como parte, Stella Maris Zabala de Copes presentó el libro “Principios Generales y Políticas Públicas”, que publicó Alessandra Minnicelli como resultado de su tesis doctoral en la Facultad de Derecho en la Universidad de Salamanca. Y dejó luego el lugar a la autora, que desarrolló argumentos sobre la planificación territorial como “política pública clave para el afianzamiento del Estado de Bienestar y la creación de acciones de responsabilidad social”.
El tercer expositor fue el titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, con una ponencia sobre “Control de las políticas públicas nacionales”. Y a las 17, después de la siesta obligada por el calor apabullante, la actividad se retomó con la disertación del integrante de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (ADDA), Homero Bibiloni, sobre “El uso estratégico de los recursos naturales y su incidencia en las políticas públicas nacionales inclusivas”. Al finalizar su presentación, Bibiloni planteó la necesidad de atender los problemas ambientales “por las futuras generaciones” y, proyectó la imagen de sus tres hijos y de su nieta.
A su turno, tres operadoras judiciales y una representante de la Fiscalía de Estado explicaron un caso práctico de “acción estatal con responsabilidad social”. Explicaron cómo llevaron adelante una causa en la que un grupo de familias corría riesgo de quedar en la calle, al ser desalojadas de un inmueble provincial que usaban como vivienda. “Cuando se inició el expediente allí vivía el demando, su esposa y tres hijos, todos mayores de edad y dicté sentencia de desalojo; pero cuando el oficial de justicia se presentó para cumplirlo allí vivían diez mayores de edad, dos de ellos de edad muy avanzada, y diez niños”, recordó la jueza Giselle Drovandi.
La magistrada contó que entonces suspendió la medida por 48 horas y, en ese tiempo, con la colaboración de la asesora de Menores e Incapaces, Viviana Portillo, y del Estado provincial como demandante –representado por la procuradora de la Fiscalía de Estado, Lorena Capello- llegaron a una solución. “Los chicos corrían riesgo de quedar en situación de calle o de ser institucionalizados y eso se evitó sin necesidad de una media judicial (esto es: sin que se iniciara otra causa)”, dijo Portillo.
“En ningún momento intimé al Estado a que me diera la solución, actué con los tiempos que me indicaban cumplir con la sentencia de desalojo y convoqué a una audiencia”, recordó la jueza. “Ya teníamos una sentencia que reconocía el derecho del Estado sobre el predio y estaba cumplido nuestro deber como parte”, dijo la procuradora, pero aclaró: “faltaba resolver la situación de las familias”, que finalmente fueron reubicadas. “No podemos desconocer la responsabilidad social que tenemos y que humanizan a un caso judicial”, dijo la representante de la fiscalía.
Anunciadas en el ingreso a la ciudad capital con un importante cartel, estas jornadas son organizadas por Fiscalía de Estado provincial y la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (FORS), y cuentan con el auspicio y la participación de la directora nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (Infojus), María Paula Pontoriero, y de Viviana Taboada, presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Formosa, que hoy estuvo entre las últimas expositoras. Entre quienes acompañan la iniciativa están, además, la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA), el Foro Permanente de Fiscales de Estado de la República Argentina y el Consejo Profesional de la Abogacía de la provincia.
Mañana la actividad se retomará a las 9, con la exposición del subsecretario de planificación de la provincia de Formosa, Eber Wilson Solís, sobre políticas “inclusivas” en el área de su competencia. Y, continuará luego con la participación del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay y la secretaria Legal y el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Justo Reyna.