Imputan por estafa a tres funcionarios judiciales en Córdoba
Falsificaron informes de propiedad inmobiliaria para que una jueza dispusiera la subasta. Los verdaderos titulares del campo de 20 mil hectáreas de Catamarca y los pobladores se encontraron con que sus tierras iban a ser vendidas por un juicio particular en Córdoba.
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La Justicia cordobesa imputó por estafa procesal y falsedad ideológica a una funcionaria judicial y dos auxiliares por maniobras fraudulentas cometidas en el marco de un juicio comercial. Se trata de la ex oficial de justicia Noemí del Valle Cortés, el martillero Bruno Juaneda, la síndico Adriana Pérez y las partes implicadas Hugo y Efraín Rodríguez.
En 2010 se ordenó el remate de 20.600 hectáreas de tierra entre las localidades de Casa de Piedra y El Quimilo, del departamento catamarqueño de La Paz. El Quimilo tiene alrededor de 100 habitantes y se encontraba casi completamente comprendido por esa superficie, y podría haber pasado a convertirse en propiedad privada si el fraude resultaba. Además, allí hay una posta y dos escuelas.
El remate se daba en el marco de un concurso preventivo privado, donde se requirieron informes al Catastro Territorial y al Registro de la Propiedad Inmobiliaria, que fueron falsificados. A la vez se debían realizar inspecciones oculares por la zona y publicar edictos para advertir de la realización del proceso judicial. Recién logrado todo eso, podrían rematarse las tierras. Los procedimientos se llevaron a cabo, pero no fueron fidedignos.
La ex oficial de justicia Noemí del Valle Cortés convenció a la jueza del juicio concursal de la veracidad de los documentos presentados y de las condiciones del latifundio. Logró que la magistrada disponga la subasta, y los verdaderos titulares de los inmuebles –los que eran privados- y los pobladores, se encontraron con que sus tierras (en la provincia de Catamarca) iban a ser subastadas por un juicio particular en Córdoba. Noemí Cortés debió labrar actas falsas para concretar la maniobra, y así convenció también a la síndico Adriana Elizabeth Pérez y al martillero, Bruno Juaneda, de que siguieran los mismos pasos que la jueza.
Según lo que pudo determinar el fiscal de instrucción Enrique Gavier, especializado en delitos económicos y causas complejas, las tres actas realizadas en abril de 2010 y en octubre y diciembre de 2009, se incluían declaraciones falsas, algo que facilitaba la acreditación de características y condiciones de las tierras que no eran tales. De esa forma, se lesionaba la fe pública al falsear los documentos, y se generaba la posibilidad de un perjuicio para terceros.
Al detectar la nulidad de los documentos, comenzó una causa penal en la que intervino el ex fiscal de Estado Marcos Denett. Por orden de las autoridades del fuero penal, y a requerimiento del fiscal cordobés Gavier, el juez Fernando Adet Caldelari modificó el curso del procedimiento comercial y se impidió la anotación del remate y el cambio de titularidad del extenso inmueble. A su vez, se dictó una medida cautelar de “no innovar”, que protege las condiciones actuales de las tierras hasta tanto se esclarezca la verdad sobre sus propietarios.
La provincia de Catamarca realizó una campaña de difusión para alertar del caso cuando trascendió que varias poblaciones en los alrededores del Quimilo podían desaparecer. A comienzos del 2012, la fiscalía de Estado de la provincia se constituyó como querellante en la causa para intentar evitar el perjuicio a los pobladores. En esas tierras se ubica la escuela 446, "Remedios Escalada" y la escuela Nº 62, "Puesto de San Lorenzo", y buena parte de las hectáreas en litigio son fiscales.
