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Está previsto que el jueves de la semana próxima comiencen las indagatorias a 23 personas sospechadas por haber integrado una “asociación ilícita” que, comandada por Rubén “La Chancha” Alé y su ex esposa María Jesús Rivero, se habría dedicado al menos desde 2002 al “lavado de activos” generados a través de una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Aunque no estuvo entre los imputados que fueron llevados a juicios por la desaparición de María de los Ángeles Verón, Alé ha sido señalado por Susana Trimarco como uno de los responsables por el secuestro de su hija.

El pasado viernes el juez federal Nº 2  de Tucumán Fernando Luis Poviña dispuso que además de “La Chancha” Alé, se apreste a indagatoria su hermano Adolfo el “Mono" Alé, cuya situación patrimonial ha sido calificada por los investigadores como una de las que “mayores particularidades presenta”. Ante la AFIP, Adolfo declaró que se dedica al asesoramiento de empresas y el cultivo de caña de azúcar pero del análisis surge que “las ventas no llegan a cubrir los costos más importantes de la firma” pero las deudas disminuyeron, pese a que el “contribuyente” no justificó el origen del dinero con el que las afrontó.

En el requerimiento presentado al juez Poviña también está involucrado el hijo de Rubén Alé y Rivero, Ángel Adolfo Alé. A nombre del joven figuran doce acoplados, tres semirremolques, un inmueble y automóviles, que también son objeto de la pesquisa judicial.

De cumplirse los plazos previstos, el 7 de noviembre concluiría la primer etapa de las indagatorias requeridas por José Díaz Vélez, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán, y Carlos Gonella, fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Otros 11 acusados serán indagados más adelante, “pero aún no hay fecha prevista”, confirmaron fuentes judiciales.

Gonella informó a Infojus Noticias que además de los pedidos de indagatoria en el expediente se han dispuesto una serie de medidas cautelares que le impiden a los acusados salir del país, se dictaron embargos y se congelaron cuentas bancarias. “Hay más de 150 automóviles, camiones, y  por lo menos 40 inmuebles que están siendo investigados”, precisó el fiscal y detalló durante los allanamientos que se realizaron en marzo de este año se secuestraron por lo menos “200000 euros en efectivo y 60 armas”. “Teniendo en cuenta la voluminosidad de la causa en cuanto a movimiento patrimonial: el monto total involucrado es millonario” dijo Gonella.

Atento a esto, los fiscales entendieron que hay indicios suficientes para indagar a los integrantes de esta compleja red interprovincial que “centraban su intervención en la elección de las mujeres a captar –en su mayoría de muy corta edad y en situación de vulnerabilidad-, instrumentar su privación de libertad por medios engañosos –como ofrecimientos laborales- y violentos; y el traslado a su destino final de explotación, presumiblemente llevado a cabo con los recursos de la empresa de remises “Cinco Estrellas SRL” (propiedad de Rivero y Alé)”.

Todos los sospechosos

En esta nueva causa, las pistas sobre la familia Alé llevan directo al expediente que el 11 de diciembre pasado fue pulverizado por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascan, de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán. El tribunal absolvió a los 13 acusados por privar de la libertad a Marita y obligarla a prostituirse en los locales regenteados por Lidia Irma “Mamá Lily” Medina y sus hijos José “Chenga” y Gonzalo Gómez, en La Rioja.

Los riojanos figuran entre las 23 personas que serán indagadas en esta investigación. Aunque Medina falleció en febrero, los fiscales presentaron el requerimiento para que declare en la causa porque –si bien tomaron conocimiento público de su deceso- el acta de defunción no fue incorporada al expediente.

Además de Rivero (sospechada de haber ordenado el secuestro de Marita) en la investigación por lavado de activos también será indagada Daniela Milhein, señalada como una ex pareja de Rubén Alé y acusada en el debate oral por retener a Marita en su casa de Yerba Buena, en la capital tucumana. Milhein en su declaración en el juicio negó haber sido su pareja y denunció que Alé "la obligó a ejercer la prostitución". El hermano de Rivero, Víctor, también figura entre los citados a indagatoria y compartió estrado con los 13 imputados que consiguieron la absolución.

La red familiar se amplía con la indagación de la esposa de “Chenga” Gómez, Mariana Natalia Bustos; el policía riojano Pascual Andrada, acusado en el juicio de distribuir a las víctimas de trata en diferentes prostíbulos de la provincia; Cinthia Gaitán y su esposo Carlos Luna; María Azucena Márquez y Humberto Derobertis, encargado del prostíbulo El Desafío, donde Marita Verón habría sido obligada a prostituirse.

Salvo los Alé, todos los nombrados figuraban entre los acusados que consiguieron la benevolencia de los jueces tucumanos que —a pesar de no encontrar elementos para condenarlos por la desaparición de la joven— los consideraron parte de una “red de trata internacional” que debía ser investigada. El guante fue recogido y tras una nueva denuncia impulsada por Trimarco la Unidad de Información Financiera (UIF) investigó el llamativo y abultado incremento de bienes del clan Alé, y presentó esta nueva denuncia por lavado de activos.

La trata de personas con fines de explotación sexual habría sido la que dio origen al “capital ilegal inicial, posteriormente diversificado por el grupo al alcanzar visibilidad pública el caso Marita Verón”, argumental los fiscales en su presentación. Para esto se valieron además de la remisería Cinco Estrelals, de las sociedades “Points Limits SRL”, “Transportadora Leonel SRL” y “Gerenciadora Deportiva del NOA”, lo que les permitió contar con una estructura idónea para canalizar en forma eficiente los activos de origen delictivo.