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Cuatro intendentes de La Pampa fueron procesados por delitos relacionados con la trata de personas con fines de explotación sexual. Dos de ellos, directamente, están acusados de ser “partícipes necesarios” del delito de trata, mientras que a los otros se los acusa de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por permitir el funcionamiento de prostíbulos sospechados de este tipo de delitos.

Los intendentes más comprometidos son David Bravo, del municipio de 25 de Mayo y Luis Rogers, de Lonquimay. No es la primera vez que Bravo está vinculado a una causa de este tipo: el Superior Tribunal de Justicia tiene en su poder la apelación a una sentencia que condena a Bravo por habilitar un cabaret en el que se registraron casos de trata. La legislación municipal impide la habilitación de este tipo de establecimientos. Bravo no es el único que está involucrado en la nueva causa, fueron llamados a declaración indagatoria otros funcionarios municipales, un juez de Faltas y los encargados del cabaret investigado.

El Caso de Luis Rogers es similar: además de esta nueva causa, está procesado en otra causa por trata aún sin resolución por la apelación planteada por el funcionario. En 2009, Rogers se negó a clausurar un cabaret con el argumento de que se trataba de “un espacio de esparcimiento para los jóvenes y camioneros”. Además de Rogers, está imputado el comisario Carlos Alaniz también como “partícipe necesario” del delito de trata.
Las investigaciones están en manos del fiscal Federal Juan José Baric y de la jueza Federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, la misma que procesó en mayo a Rogers y Alaniz.

Los pesquisas lograron recabar testimonios que involucran directamente a los mandatarios comunales. En el caso de del intendente Bravo una llamada anónima, de diciembre de 2011, aseguró que, en el cabaret Venus, de 25 de Mayo, “cuando iba el jefe de la municipalidad le daban 1000 pesos y él firmaba” y que esto se realizaba con la anuencia de la policía.

Por otro lado, Jorge Cabak, del municipio Macachín y Elena García, de General Acha, son quienes deberán responder por su mal desempeño a cargo del ejecutivo.