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El poder político de Santa Fe sigue con atención una causa por presuntas delitos cometidos por el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe. El principal apuntado es el presidente del Consejo Directivo, Marcelo Vorobiof, quien fue designado para estar al frente de ese organismo por Hermes Binner, en 2010, y por Antonio Bonfatti, en 2011.

Victoria Lascurain, una empleada con cargo gerencial dentro del ente portuario, realizó una denuncia por mensajes de textos intimidatorios y una amenaza de muerte que, según la pesquisa judicial, llegaron desde celulares vinculados a Vorobiof, a quien el juez Ricardo Favaretto le dictó la falta de mérito. Esa denuncia de Lascurain dio pie a una investigación del fiscal Jorge Andrés sobre presuntas irregularidades cometidas en el Puerto de Santa Fe.

En septiembre de 2013 Andrés imputó a Vorobiof y a Sergio Vázquez, Gustavo Banchik, Carlos Demartini, Rodrigo Carelli, Mariela Oroño, Aníbal Carioliche, Gisel Juana Sequeira, Sebastián Alonso y Fernando Molinari por los presuntos delitos de “Peculado y/o negociaciones incompatibles con la función pública y/o abuso de autoridad y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o uso de documento falso y/o defraudación por administración infiel agravada a la administración pública”.

La causa estuvo frenada durante casi 8 meses por una apelación presentada por la defensa de Vorobiof, que argumentaba que el presidente del Ente Portuario técnicamente “no es un funcionario público”, pese a que fue designado dos veces por decretos firmados por Binner y Bonfatti. El planteo fue rechazado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones Penal de Santa Fe, por lo que el juez Jorge Pegassano debe avanzar con la investigación. “No hay razón para que la causa haya estado parada, para que el juez no haya profundizado su trabajo pese a la apelación. Se perdió todo este tiempo”, confió una fuente vinculada a la causa.

El fiscal Andrés le solicitó en estos días una serie de medidas al juez. Entre ellas, allanamientos y declaraciones informativas de algunos directores del puerto sobre los que el fiscal tiene alguna sospecha. Uno de ellos es José María Chemes, Director de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior, que está en el ente como representante de la Municipalidad de Santa Fe. Según confirmó Andrés al portal Infojus, Chemes fue uno de los directores “que prestó acuerdo para una serie de pagos irregulares, pese a estar advertido de que eran irregulares”.

Empresas fantasmas

Algunas de las irregularidades cometidas durante la gestión Vorobiof son muy llamativas, por lo grosero de las maniobras. Una de ellas ocurrió con la empresa Rumbos Portuarios SRL, a la que un día después de su creación se le adjudicó la obra de “Desmalezamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes”. Más tarde también logró quedarse con las obras de “Mantenimiento y Reparación de Vías Férreas” y “Traslado del Apostadero de la Prefectura”, entre otras, por las que cobró casi 2 millones de pesos. Un monto considerable para una empresa creada apenas 24 horas antes, con un capital social declarado de 100 mil pesos.

Pero lo más curioso es su composición societaria: sus titulares iniciales fueron Rodrigo Carelli y María Guadalupe Oroño. Luego se sumó Daniel Carioliche. Sin embargo, ante una inspección del Ministerio de Trabajo, cuando se requirió la presencia de un gerente apareció allí Sergio Vázquez, quien está casado con Cecilia Vorobiof, hija del presidente del Consejo Directivo del Puerto.

Hay otra empresa, Casco Felipa, a la que se le adjudicaron obras por 642.288 pesos. La titular de la firma es Alejandra Casco, quien está casada con Gustavo Banchik. Su hermana es Mónica Banchik, la esposa de Marcelo Vorobiof.

Otra empresa que se vio beneficiada por la administración del Puerto de Santa Fe es Caro Engler UTE, que el 21 de octubre de 2011 firmó un contrato para la “construcción de calles internas dentro del predio del puerto y obras secundarias, por la suma de 10.945.160 pesos”. En su escrito el fiscal destaca que la empresa no poseía “antecedentes en obras similares a la encomendada, por lo que es imposible comparar cánones técnicos, jurídicos, económicos, financieros”.

La firma incumplió los términos del contrato, perjudicando el avance de la obra. Los técnicos del ente portuario verificaron ese incumplimiento. Pese a esto, se les pagó igual: cuando Caro Engler UTE había realizado “entre un 10 y 15 por ciento” de la obra, el EAPSF ya había abonado el 40 por ciento de lo acordado. El 24 de agosto de 2012 ocurrió uno de los hechos que más complica a Vorobiof: se labró un acta entre él y la empresa, en la cual se reconoció el retraso de las obras, se prorrogó el plazo de ejecución y se le abonó 900 mil pesos a la firma como “anticipo”. Este acuerdo se rubricó sólo con la firma de Vorobiof, sin la aprobación del directorio.

En febrero de 2013, cuando la empresa ya había abandonado la obra, se rescindió el contrato. Caro Engler UTE, que incumplió ampliamente el acuerdo, cobró 8.180.319 pesos. Además, se le otorgó un permiso para usar un terreno dentro del puerto por diez años, por el que debe pagar “605 dólares y 484 euros de manera mensual”.

La empresa recibió de parte del EAPSF pagarés en dólares y los endosó a un tercero. Cuando este se presentó a cobrarlos, el ente pretendió pagar en pesos. Ante la negativa del acreedor, el Puerto pidió autorización al Banco Central para comprar 710 mil dólares. Lo curioso es que la deuda era de 110 mil dólares, “desconociéndose el destino que se le imprimirían a los restantes 600 mil dólares solicitados”, precisa el fiscal en su escrito.

Tierras públicas, negocios privados

El puerto depende de la provincia de Santa Fe desde 1993, bajo la primera gestión de Carlos Reutemann como gobernador. Un año después pasó a administrarlo el Ente Administrador Puerto de Santa Fe, integrado por miembros designados por cámaras empresariales y un representante de los trabajadores. El gobierno provincial designa al presidente y la municipalidad de Santa Fe a un representante, que integra el directorio. Un patrimonio público administrado por privados.

En 2005, durante la segunda gestión de Jorge Obeid, se aprobó el Masterplan, que destinó terrenos del puerto al uso comercial a través de contratos con empresas privadas: “Afectaron 50 hectáreas, de las 70 del puerto, a emprendimientos inmobiliarios. Se concesionaron esos terrenos a 10, 15, 20, 30 y 40 años. Se van a construir negocios, pero de reactivación portuaria, nada”, relata Adrián Manfrin, del Sindicato de Marina Mercante de Santa Fe, en el documental “Puerto de Aguas Turbias”, realizado por el Centro de Estudios y Acción Popular.

“Se dijo que el dinero que se iba a recaudar se iba a utilizar para trasladar el puerto a una zona de aguas profundas, pero eso fue desvirtuado después, porque en 2012 se desvinculó al Ente de la inversión del traslado. Esa inversión la realizarán el gobierno provincial y nacional. El ente invierte todo en lo que denominan ciudad puerto. Debería utilizar el 85 por ciento de lo que recauda a mejoras portuarias, pero no lo hace”, afirmó Hugo Kofman, integrante del CEAP.

Según Kofman, la empresa Coto “no pagaría más de 19.250 pesos mensuales” por el terreno que utiliza en el puerto, mientras que “una concesionaria que ocupa un amplio espacio pagó en marzo de 2014 un canon de 8000 pesos”.

Marcelo Vorobiof forma parte del establishment político y económico de Santa Fe: además de estar a cargo del Puerto, es parte de Pilay, empresa que maneja el corazón inmobiliario de la capital provincial. Fue titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Santa Fe (DAIA) y actualmente integra el Consejo Social de la Universidad Nacional del Litoral, según figura en la web oficial de la casa de altos estudios.

Precisamente con la UNL, de la que depende Radio Universidad AM 1020, Vorobiof firmó un acuerdo de padrinazgo como representante de la empresa Las Brisas, que llevan adelante su mujer, Mónica Banchik, su hija, Cecilia Vorobiof, y su yerno, Sergio Vázquez, mencionados párrafos más arriba entre la empresas a las que el puerto les adjudicó obras. La empresa Las Brisas comercializa jugos orgánicos que, casualmente, uno puede encontrar en el frigobar de las habitaciones del Hotel Los Silos, emplazado en los terrenos del puerto santafesino.

En 2007 Nahuel Caputto, integrante del directorio del diario El Litoral y titular de la productora Arcadia, compró tierras en el lugar elegido para la ubicación del  nuevo puerto. Néstor Víttori, gerente del vespertino, integra hoy el Consejo Directivo del Puerto como representante de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe.

El caso de diario Uno es incluso más evidente: el fiscal Andrés elevó las imputaciones contra Vorobiof y compañía a fines de septiembre de 2013. Semanas después, cuando la información comenzó a filtrarse, el grupo UNO cerró un acuerdo con el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, calificado por el matutino como “un paso estratégico de Diario UNO en una zona clave de la ciudad”. En su edición del 18 de diciembre de 2013 sostiene que “la empresa editora del matutino santafesino obtuvo de parte del Ente Administrador del Puerto la firma de un acuerdo de reserva de un terreno, donde en el futuro estará la sede de este medio”. Luego precisa que se trata de 2785 metros cuadrados “en el sector CP1 de la zona portuaria de la capital provincial”.

Rebote político

El escándalo en torno al puerto derivó en la creación de una Comisión Investigadora del Puerto de Santa Fe que fue aprobada por la Cámara de Diputados. En realidad, la votación contó con el respaldo del PJ, mientras que los representantes del Frente Progresista Cívico y Social se opusieron. Algunos legisladores del PJ le solicitaron al gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, que separe de su cargo a Vorobiof mientras se lleva adelante la investigación judicial. Sin embargo Bonfatti, que cuando fue legislador realizó un pedido de informes por el traslado del puerto, hasta el momento no se expresó sobre el tema.