Infojus Noticias

Hoy empezó en Tucumán el décimo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El debate oral y público juzgará los crímenes que se cometieron en el penal de Villa Urquiza, donde funcionaba un pabellón exclusivo para los denominados presos políticos. La acusación fiscal señala que en el conocido “Pabellón de la muerte” se produjeron delitos que van desde  torturas agravadas, torturas seguidas de muerte, delitos sexuales (incluidos los abusos y las violaciones), desaparición forzada y homicidios triplemente calificado.

La audiencia comenzó a las 9.30. Terminada la audiencia de hoy, se pasará a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo. La tercera audiencia está agendada para el 30 de setiembre. Y luego todos los martes y miércoles hasta fines de noviembre. “Se trata de una megacausa, tanto por la cantidad de imputados, de víctimas, de testigos y por el tiempo que va a durar; pero la característica principal es que la mayoría de las víctimas son víctimas testigos”, indicó a Infojus Noticias Mariano García Zavalía, secretario del Tribunal Oral Federal (TOF). Se prevé que las audiencias se extiendan por tres meses durante los cuales se escucharán alrededor de 130 testimonios.

La megacausa conocida como Villa Urquiza tiene 43 víctimas. Dos habrían sido asesinadas y cinco se encuentran desaparecidas. Hay once imputados. Había uno más, pero quedó afuera del juicio: quedaron tras haberse separado, en el día de ayer a Luciano Benjamín Menéndez a raíz de estar siendo juzgado en la megacausa La Perla.

Roberto Heriberto Albornoz, Jorge Omar Lazarte, Daniel Arturo Álvarez y Héctor Manuel Valenzuela  se encuentran detenidos en el penal de Villa Urquiza cumpliendo  prisión preventiva. Lazarte y Albornoz, además,  fueron condenados en la megacausa Jefatura II Arsenales. El único de ellos que tiene condena firme – por la causa Romero Nikilson- es Roberto Albornoz. Ángel Armando Audes, Augusto Montenegro, Juan Carlos Medrano y Francisco Alfredo Ledesma se encuentran con arresto domiciliario. En tanto Pedro Fidel García, Santos González y José Víctor Geréz esperan el inicio del juicio en libertad.

Según figura en el requerimiento a elevación a juicio tanto durante el desarrollo del ‘Operativo Independencia’ -período previo al golpe de Estado durante el cual la provincia fue sometida a una especie de antesala de lo que fuere el terrorismo de Estado- como durante la vigencia del gobierno de facto se adoptaron medidas que repercutieron directamente en el funcionamiento del Penal de Villa Urquiza. De este modo se habilitó en el penal un lugar de detención destinado a recluir hombres y mujeres a los que se calificaba como ‘presos políticos’ o ‘delincuentes subversivos’. Estos detenidos eran diferenciados de los llamados ‘presos comunes’ y fueron alojados en un sector del penal denominado “Pabellón E” conocido también como “Pabellón de la Muerte”

Según el relato de sobrevivientes el lugar carecía de luz natural o artificial, las ventanas estaban selladas y los que eran recluidos allí eran sometidos a los más extremos tormentos y torturas. De los testimonios se desprende también que en un sector aledaño a lo que fuere la panadería existía un espacio donde eran alojadas las mujeres detenidas en calidad de ‘presas políticas’ y ‘presas subversivas’. Algunas de ellas habían sido secuestradas con sus hijos, otras dieron a luz en el lugar y fueron mantenidas en cautiverio junto a los niños.

Una megacausa con características propias

La megacausa Villa Urquiza tiene algunas particularidades que la diferencia de otras causas juzgadas hasta el momento en Tucumán. “Se trata de personas que fueron secuestradas, trasladadas a diferentes centros clandestinos de detención de la provincia y luego ‘semi legalizadas’ por el ingreso al penal de Villa Urquiza”, explicó a Infojus Noticias el fiscal ad hoc Pablo Camuña. “Ocupaba un lugar en el circuito represivo que era, justamente, la de reaparición de personas que hasta ese momento se mantenían secuestradas en la clandestinidad total”, señaló el abogado.

Es por esta condición de presos ‘legales’ –o semi legalizados, como indicara Camuña– que una de las características principales es que la mayoría de las víctimas son testigos que declararán en futuras audiencias. A ellos se suman otros testimonios de sobrevivientes que estuvieron detenidos en el mismo lugar y en las mismas condiciones aunque sus casos no figuren en el universo de víctimas de esta megacausa. Tal es el caso de Lilián Reynaga, presidente de la Asociación de Ex Presos Políticos Tucumán y miembro de la comisión directiva de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos.

“Es una oportunidad histórica, muy esperada, que se da en el marco de una política  de Estado nacional”, señaló Reynaga en diálogo con Infojus Noticias.  “Para nosotros es una oportunidad muy importante de poder llevar esta experiencia muy dura pero que tiene autores, que tiene nombres. Desgraciadamente algunos se murieron con la impunidad, sin haber sido juzgados, pero a los que están tenemos que juzgarlos con todas las garantías que da la democracia que no supieron respetar”, sostuvo Lilián que además es una sobreviviente que pasó por el penal de Villa Urquiza.

Desaparición, muerte y reparación

“Los casos más particulares y que son paradigmáticos tienen que ver con dos asesinatos que se cometieron ahí (en el penal) que son los de Juan Carlos Suter y José Torrente”, comentó el fiscal Camuña. “Ellos eran detenidos en el penal de Villa Urquiza y fueron asesinados. Son hechos paradigmáticos que revelan la disposición total que tenían estos detenidos y que, para nosotros, seguían siendo ilegales”, agregó.

El Ministerio Público Fiscal y las querellas sostienen que el penal tenía las características de los centros clandestinos de detención. Camuña aseguró que espera, además de la condena a los responsables de los delitos que aquí se juzgarán, “el efecto reparatorio que tienen estas sentencias: el de establecerse una verdad histórica, una verdad material que permite a muchas de las víctimas y a sus familiares por lo menos zanjar una parte del trauma que vienen acarreando desde hace más de 30 años”.

Reynaga manifestó que su testimonio en este juicio “va a ser un intento de sanear nuestra sociedad”. Y luego, emocionada por la esperanza de una justicia largamente esperada, agregó que la lucha, la militancia y la sustanciación del juicio es “por los que no están, por los que mataron, por los que quedaron en el camino, por los que estamos vivos y por las nuevas generaciones”.

El tribunal estará integrado por Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla (presidente) y los vocales Gabriel Eduardo Casas y Juan Carlos Reynaga. Actuará como Juez de Cámara Sustituto Hugo Norberto Cataldi.

El Ministerio Público Fiscal estará a cargo del fiscal federal subrogante Leopoldo Peralta Palma y el fiscal Camuña. En representación de las querellas estarán Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Sebastián Gargiulo (por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán), Inés Lugones, Julia Vitar y Alejandro Salas Oroño

En representación del Ministerio Público de la Defensa estarán Adolfo Bertini, Vanessa Lucero y Manuel Bonnin por la defensa de los imputados Roberto Heriberto Albornoz, Jorge Omar Lazarte, Ángel Armando Audes, José Víctor Gerez y Francisco Alfredo Ledesma. Y como defensores particulares Gloria Hansen por la defensa de Santos González y Juan Carlos Medrano; José Luis Chaván por la defensa de Pedro Fidel García; Javier Jesús Morales Morales por la defensa de Daniel Arturo Álvarez y Héctor Valenzuela; y Luis Osvaldo Monteagudo por la defensa de Augusto Wertel Montenegro.