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U. y G. son dos cartoneros, hijos de vareadores, que tiraban de un caballo y que –con protección policial y de otras personas investigadas por la justicia- cometían delitos menores. Según los registros policiales, entre 2009 y 2011, U. y G. entraron más de cincuenta veces a la comisaría por distintos hechos.

Como no tienen familia y viven en la calle, fueron derivados a los Servicios de Protección de Derechos del Área de Minoridad.  En una audiencia de febrero de 2011, los responsables del Servicio Zonal reconocieron “no haber realizado un seguimiento y efectivo abordaje, para llegar a esta situación de vulnerabilidad y evitar la transgresión por parte de los jóvenes”. Al cumplir 16 años, los chicos quedaron encerrados. “La única respuesta estatal hacia la situación, es y ha sido policial-penal”, alega el defensor juvenil Julian Axat, que denunció el abuso policial que los hace entrar y salir del sistema penal una y otra vez.

Escenas como ésa –extendidas en barrios y localidades pobres de la provincia-, no deberían volver a suceder, a partir de un fallo reciente de la Suprema Corte bonaerense. El 23 de abril, rechazó un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el de Desarrollo Social, en el cual pedían dejar sin efecto un amparo del juez Luis Arias que impedía a la policía bonaerense detener menores por contravenciones, averiguación de identidad, o la llamada “entrega de menor”: causas asistenciales donde la policía presionaba a los chicos y, muchas veces, los llevaba a prácticas como el reclutamiento para robar.

La disputa –que tuvo apelaciones, denuncias y contradenuncias en varias instancias de la justicia provincial- se originó en 2008, cuando el defensor penal juvenil Julián Axat presentó un recurso de Habeas Corpus. “Saludo este fallo de la Corte, que se ajusta a derecho y después de cinco años de idas y vueltas me da la razón de lo que argumenté: es ilegal detener a menores en comisarías que no estén cometiendo un delito”,  dijo Julián Axat a Infojus. Desde el gobierno provincial no dieron detalles de los pasos a seguir.

Cuando asumió su cargo como defensor penal juvenil, Axat se dio cuenta que la policía no informaba a la justicia las detenciones discrecionales: en cuatro meses, desde que se había creado el Fuero de Responsabilidad Juvenil. En las 13 seccionales de La Plata, 82 menores habían entrado por averiguación de antecedentes. En algunos casos, entraban por averiguación de antecedentes hasta cinco veces en pocos días: una prueba de que lo que querían no era averiguar quiénes eran. “Esos son los momentos en que la policía aprovecha la vulnerabilidad de los pibes para ofrecerle algunos ‘trabajillos’”, explicaba entonces Axat.

Esa presentación dio lugar a una gran controversia entre algunos miembros del Poder Judicial de la provincia y el gobierno de Daniel Scioli. El entonces ministro de Seguridad Carlos Stornelli, celoso de las atribuciones policiales, apeló la medida y denunció penalmente a Arias por omisión de hacer la denuncia judicial. En junio de 2010, la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata le dio la razón a Arias prohibiendo la detención por Doble A. Casal volvió a apelar, esta vez ante la Suprema Corte de la provincia.

Ahora la Suprema Corte definió la cuestión de fondo: la policía bonaerense  ya no podrá detener menores si no están cometiendo un delito, o no tienen una denuncia judicial.