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La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una sentencia que avaló la entrega de tierras a un estanciero en la provincia de Chubut, que pertenecen a una comunidad mapuche en donde hay un cementerio indígena. Los jueces ordenaron se dicte una nueva sentencia teniendo en cuenta el derecho indígena.

A sus 78 años Crecencio vive junto a  Clementina en el paraje Cerro Bayo, en el desierto de Chubut. Ambos son miembros de la comunidad aborigen Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo. Al lado del campo donde viven, unas 2500 hectáreas de la comunidad eran consideradas como tierra fiscal. El Estado provincial, a través del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), cedió en 2007 ese campo a un estanciero de la zona, Adolfo Camilo Rechene.

Crecencio, como integrante de la comunidad, fue a la Justicia porque se debió consultar a la comunidad antes de decidir cualquier medida que pueda afectarla. Algo que está “tutelado en la Constitución Nacional, y en la Ley Suprema provincial así como en el Convenio 169 de la OIT”, dice la demanda que se inició años atrás. Tras un inicio favorable en la justicia, una medida cautelar suspendió la medida un tiempo, vinieron las sentencias del Juzgado de Familia de Puerto Madryn, la Cámara de Apelaciones y hasta el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut que rechazaron el reclamo de la comunidad mapuche.

Durante la causa, el estanciero beneficiado por la decisión del IAC llegó a pedir el desalojo de la comunidad sosteniendo una teoría errónea que señala que los mapuches no son argentinos. "No se trata de pueblos originarios que realizaban una ocupación ancestral en estas tierras”, expuso ante la justicia Rechene. Argumentó que los mapuches “no son un pueblo indígena argentino” y que “el poblamiento lo hicieron con posterioridad a la existencia de la Nación”.

La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia, que el martes pasado declaró procedente el recurso extraordinario presentado por Crecencio y dejó sin efecto la sentencia del STJ provincial ordenando que se dicte una nueva sentencia.

“Es una larga lucha por su tierra”, dijo a Infojus Noticias Eduardo Hualpa, abogado de la comunidad –también representó a familiares de víctimas de la Masacre de Trelew- explicando la importancia del fallo de la Corte. Para Hualpa, con la sentencia, se “está cuestionando la forma en que muchas provincias manejan el tema de las tierras fiscales” porque “la sentencia dice a los jueces que tienen que tener en cuenta los derechos indígenas”.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton, Juan Maqueda y Eugenio Zaffaroni, consideraron que el Superior Tribunal chubutense “omitió absolutamente el tratamiento del planteo restante fundado en la vulneración del derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas, tutelado en el arto 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, así como en el Convenio 169 de la OIT”.

“El respeto a los pueblos está vigente para todos los temas, en este tema es sobre la tierra”, explicó Hualpa. Y dijo que los jueces provinciales “invisibilizan los derechos de los pueblos indígenas por la sentencia”. El fallo de la Corte Suprema ordenó que se dicte una nueva sentencia porque la “omisión” del tribunal provincial es una “obstáculo para que la Corte Suprema ejerza correctamente su competencia”.

En el terreno que la comunidad reclama hay un cementerio indígena. La comunidad actualmente está tramitando el título comunitario y desde 1995 es reconocida por el Estado Nacional. La sentencia “es un acto de justicia en reconocimiento de los derechos de los pobladores originarios. El caso Pilquiman sigue su marcha, como parte de la lucha del pueblo mapuche, y ojalá la justicia de Chubut empiece por fin a reconocer estos derechos”, dijeron desde el Equipo de Pastoral Aborigen.